La tirantez entre el Gobierno de Néstor Kirchner y los productores agropecuarios se acentúa cada vez más después de la decisión del Ministerio de Economía de incrementar en un 4% el impuesto a las exportaciones de soja. Esta ha sido la causa por la que la Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) han programado para principios de febrero un paro agrario que durará 15 días. “No se comercializará la producción y va a ser más drástico que el del pasado diciembre”, según han manifestado fuentes de la FAA a Americaeconomica.com.

Sin embargo, el sector agrario ha quedado divido. La medida impositiva no ha sido recibida del mismo modo por los productores de las distintas entidades agropecuarias. Así, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Coninagro, que agrupan a los grandes y medianos productores, no han participado de las movilizaciones de estos últimos días en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, como tampoco participarán en el paro previsto para el mes que viene.

El Ejecutivo ha explicado que la nueva retención es una medida para controlar la inflación y evitar así que un alza en el precio de la soja perjudique al consumidor. Entre tanto, los productores agrarios protestan por lo que consideran una “provocación al sector primario”, en opinión de la FAA, y aseguran que el Estado destinará la recaudación impositiva a saldar la deuda externa de Argentina.

Por su parte, la SRA y Coninagro han optado por abrir el diálogo con el Gobierno para negociar un Plan Nacional Agropecuario. Del mismo modo, han aplaudido la decisión del Ministerio de Economía por la que los fondos que se obtengan de la retención adicional del 4%, alrededor de 400 millones de dólares (308 millones de euros), se destinen a abaratar los alimentos que consume la población.

Cuando había unidad. El paro agropecuario que se avecina es muy distinto del que protagonizaron todas las entidades del campo el pasado diciembre, cuando se unieron para protestar por la retención del 30% a la exportación de carne, disposición impuesta por la ministra de Economía, Felisa Miceli. Juntos reclamaron al Gobierno una rebaja impositiva a las exportaciones de carne y la elaboración de un plan ganadero que diera estabilidad al sector para no depender de los vaivenes de la oferta y la demanda del mercado interno.

Ahora, las argumentaciones que da el Ejecutivo ante la subida de impuestos a la soja han sido acogidas con credibilidad por parte del sector agrario. En este primer paso para acercar posiciones también se encuentran las cámaras frigoríficas, que han contribuido a aminorar la preocupación permanente del Ministerio de Economía por controlar la inflación. Así, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), la Cámara de la Industria y el Comercio de la Carne (Cicra) y la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif) han puesto a disposición del mercado interno para su comercialización un total de 1.600 toneladas de carne con una rebaja en el precio de entre el 15 y el 20%.