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La frase “está en negociaciones” es la que más se repite en la oficina de comunicación de la Presidencia de Panamá cada vez que se pregunta acerca de las exigencias de la Cámara Nacional del Transporte sobre la subida de las tarifas del transporte público urbano. El Gobierno y la patronal llevan ya varios días negociando las condiciones sin hacer público ningún resultado.
La Cámara Nacional de Transporte de Panamá (Canatra) ha presentado dos propuestas al Gobierno de Martín Torrijos. La primera, una subida de 40 centavos de dólar sobre el precio del billete del transporte público, lo que representaría un aumento del 60%. La segunda exigencia de la patronal es que se congelen los precios de los combustibles.
El argumento para demandar este aumento es la subida de los precios de los combustibles. Los dirigentes de Canatra han formalizado la solicitud mediante una carta que ha sido entregada al presidente de Panamá, Martín Torrijos. Canatra ha descartado la posibilidad del paro de actividades porque teme perder el apoyo de los usuarios que no ven con buenos ojos esta demanda.
Por su parte, el Gobierno panameño ha encargado al director del Consejo Nacional de Seguridad, Leonel Solís, para que se encargue de las negociaciones con los transportistas. Dionel Broce, transportista de la ruta de Pedregal, ha declarado que es necesario llegar a un consenso entre ambas partes, porque “en Panamá todo está subiendo y los precios del pasaje continúan siendo los mismos”.
El líder de la oposición panameña también ha intervenido en el debate sobre la subida de las tarifas del transporte y ha expresado su opinión. Alberto Vallarino, secretario general del Partido Panameñista, ha manifestado que el aumento de tarifas solicitado por Canatra es injustificado ya que los transportistas han sido beneficiados por subsidios y, según él, sus altos dirigentes obtienen beneficios económicos, por lo que es difícil creer que ellos se estén quedando sin dinero para brindarle un buen servicio a los usuarios del transporte público urbano.
También han entrado en la disputa los propietarios de los llamados "diablos rojos", viejos vehículos escolares de procedencia norteamericana, adquiridos de segunda mano y adaptados para transporte urbano, que alegan que sus costes aumentaron hasta tres veces en los dos últimos años. El representante de los conductores de autobuses de la ciudad atlántica de Colón, Gustavo Becquer, ha exigido al presidente Torrijos que se congele el precio del combustible, pero que no se incremente el precio de los pasajes. La razón que da es que la población panameña en estos momentos está afectada por la subida del índice de precios de consumo. Este gremio de transportistas solicita la aplicación de otras opciones, como el subsidio gubernamental para la compra de autobuses que son importados desde EEUU.
En la actualidad, entre 1.700 y 1.800 autobuses, distribuidos en 52 rutas de transporte urbano, ofrecen su servicio a la población de la capital, estimada en 1,2 millones de personas. |
