El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y sus partidarios tienen teóricamente mayoría parlamentaria suficiente para aprobar su Plan de Crecimiento Económico (PAC). Aunque, a lo largo de la historia de Brasil las mayorías en el Congreso han resultado bastante frágiles, ya que las cúpulas de los partidos no poseen un control sobre sus diputados y las tendencias regionales de cada zona entran en juego según los intereses de las provincias.
La disputa por la Presidencia del Congreso brasileño resultó un punto positivo para el Gobierno, puesto que dos grupos de partidos adoptaron la misma postura y con esto, por ahora, Lula conseguirá la aprobación de sus proyectos en la Cámara.
De momento, por un lado, el "megabloque" formado por ocho partidos, entre ellos el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido de los Trabajadores (PT), reunieron a 273 diputados. Con este número, el Gobierno teóricamente no tendría problemas para aprobar proyectos de ley, casaciones de mandato o requerimientos de urgencia.
Y sumando el otro bloque aliado, llamado el “bloquinho”, grupo integrado por Partido Comunista de Brasil (PCB), Partido Socialista de Brasil (PSB), Partido Democrático de Trabajadores (PDT), Programa de Acción Nacional (PAN) y Partido de la Movilización Nacional (PMN), el número de diputados favorables a los planes de Lula ascendería a 341 y para aprobar modificaciones constitucionales son necesarios 308 votos.
Esta situación conforma un punto a favor de Lula, ya que el plan de inversiones del presidente contempla fuertes inversiones en infraestructura y algunas de sus medidas, como el uso de fondos con aportaciones laborales para financiar proyectos, concesión de créditos públicos para saneamiento y vivienda, y nuevos incentivos a industrias de equipos para televisión digital, entre otros, dependen de la aprobación del Congreso.
Además, otro punto positivo que le puede mantener esa mayoría es que la presidencia de ambas cámaras recayó en los aliados a Lula. Por un lado, Renan Calheiros, del PMDB, el más grande del país, fue relegido para ocupar la presidencia del Senado. Mientras que en la cámara de los Diputados resultó elegido para el cargo principal Arlindo Chinaglia, del PT, a pesar de que hace tan sólo unas semanas el presidente de Brasil no conseguía alcanzar un acuerdo con sus aliados para designar la candidatura del presidente de la Cámara de Diputados, ya que el anterior presidente y diputado del Partido Comunista de Brasil (PCB), Aldo Rebelo, quería volver a presentar su candidatura mientras que el oficialista PT que dirige Lula tenía ya a su propio candidato, el diputado Arnildo Chinaglia.
Sin embargo, un problema al que se tendrá que enfrentar Lula el próximo 6 de marzo serán las peticiones de los gobernadores a cambio de la aprobación del PAC. Los mandatarios regionales de Brasil poseen mucha influencia sobre los diputados del Congreso, y en cualquier momento podrían variar la mayoría que Lula posee actualmente. Los gobernadores reivindican una mayor participación de las provincias en la renta del Gobierno federal, la prórroga de las deudas provinciales y el acceso a una parte de los tributos a las transacciones bancarias, impuesto denominado Contribución Provisoria sobre Movimientos Financieros (CPMF). Ante esta situación, los gobernadores pedirán al presidente 15.500 millones de reales (5.614 millones de euros) al año.
Mientras tanto, en medio de todo este tumulto político, la economía brasileña evoluciona de manera favorable. Según informó el Banco Central de Brasil a los medios locales, las reducciones de los tipos de interés de referencia (actualmente en el 13%) y la influencia de la política fiscal del Gobierno fomentarán una aceleración de la demanda durante el próximo año. |