La iniciativa del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, de convocar un referéndum para que la población decida si quiere la instauración de una Asamblea Constituyente que sustituya al actual Congreso, propuesta que apoya la mayoría del pueblo pero no así las instituciones ecuatorianas, ha llevado a una discrepancia de opiniones entre estos dos sectores que está tomando camino de convertirse en una revuelta popular en toda regla.

La tensión entre el Gobierno y el Congreso de Ecuador aumentó tras los violentos incidentes vividos esta semana en la sede del Parlamento. Allí, los diputados fueron desalojados ante el acoso de manifestantes que exigían a los legisladores que allanen el camino a una consulta popular donde los ecuatorianos puedan decidir si rechazan, o no, la instalación de una Asamblea Constituyente de plenos poderes para reformar la Constitución.

Por su parte, el Ejecutivo de Rafael Correa afirmaba que "la responsabilidad última de esta situación (las protestas de los ciudadanos ante la Cámara) corresponde a los vocales del Tribunal Supremo y a los diputados del Congreso, por su actuación en contra de la voluntad manifiesta de los ciudadanos de Ecuador, expresada mayoritariamente en las urnas, el pasado 26 de noviembre".

De este modo el Ejecutivo criticaba al órgano de control electoral por haber remitido al Parlamento la documentación sobre la consulta, que el presidente Correa había "ordenado" organizar al Supremo sin que entrase a considerar su pertinencia ni consultarlo al Legislativo.

Sin embargo, el presidente del Congreso, Jorge Cevallos, perteneciente al Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), contrario al Gobierno, aseguraba que la violenta protesta contra el Parlamento es un "atentado" contra la seguridad del Estado. Cevallos amenazó con adoptar medidas contra aquellas personas que atenten contra la seguridad del Estado, incluidos cargos del Gobierno.

Además, en su pugna con Colombia por la legitimidad o no de las fumigaciones aéreas que esta última realiza con glifosato en territorios cercanos a la frontera que ambos comparten (ahora temporalmente suspendidas), la ministra de Exteriores ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, ha declarado que la lucha contra el narcotráfico que realizan Colombia y Ecuador en la frontera no está equilibrada, ya que, mientras que Ecuador posee 13 puestos de vigilancia y unos 8.000 soldados en la zona, Colombia sólo destina unos 30 soldados en tres puestos itinerantes.

A lo largo de un coloquio en la Casa de América de Madrid, Espinosa destacó que su país, pese a que recibe menos ayuda económica del exterior, sobre todo de EEUU, que otros países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), es la nación más eficiente en cuanto a incautación de alijos y lucha contra el narcotráfico. La funcionaria recordó que, de la partida de fondos asignada por Washington a la CAN dentro del acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas y de Lucha contra las Drogas (ATPDA), Ecuador recibe tan sólo el 3%, mientras que a Colombia se destina el 65%.

Sin embargo, la ecuatoriana se mostró conciliadora en cuanto a las tensiones diplomáticas surgidas entre ambos países después de que Colombia reanudara las fumigaciones aéreas con glifosato en territorios cercanos a la frontera entre ambos países, y ha considerado que ha habido "mucha distorsión por parte de la prensa" en lo que se refiere a este asunto. Actualmente, Colombia ha suspendido temporalmente las fumigaciones, y se encuentra a la espera de la resolución de la Comisión Científica Binacional conformada por consenso entre las responsables de Exteriores de los dos países.

Lo que no ha causado ningún tipo de enfrentamiento ha sido el anuncio de Correa de incrementar un 7% los presupuestos dedicados al sector social en 2007, lo que sitúa la partida destinada a actividades sociales en un 29% de los presupuestos generales del Estado.