La primera Conferencia Internacional de Gobierno Corporativo que se ha celebrado en España los días 8 y 9 de febrero reunió en Madrid a representantes de los grandes supervisores bursátiles. La preocupación por los derechos de los accionistas centró los primeros debates.

Europa y EEUU parecen mantener posiciones contrapuestas en este punto. Mientras en EEUU apuesta por la delegación de voto a través de intermediarios como la mejor manera de garantizar que la opinión de los accionistas tenga peso en las juntas de las cotizadas, los europeos parecen inclinarse por usar las nuevas tecnologías para conseguir que se oiga la voz de los minoritarios. Roel C. Campos, comisionado de la SEC, defendió la posición estadounidense, y afirmó que la protección de los pequeños accionistas es la primera obligación de los supervisores. Para algunos asistentes, el problema fundamental que retrasa, por ahora, el uso de plataformas de Internet en las votaciones societarias es la dificultad de identificar a los accionistas y de asegurar la fiabilidad de los votos.

La Comisión Europea considera que las diferencias que existen en la legislación relativa a la tenencia de acciones entre los distintos países de la UE convierten en imposible el intento de impulsar un c ódigo de buen gobierno Común para el territorio europeo. El representante de la Comisión Europea, Pierre Delsaux, afirmó que Bruselas no va a impulsar un código de gobierno común para todo el territorio de la UE porque la estructura legal de la tenencia de acciones es diferente en cada Estado miembro, lo que complicaría la búsqueda de homogeneidad. Según Delsaux, la coordinación entre supervisores es el mejor seguro para los accionistas.

El ministro de Economía español, Pedro Solbes, inauguró la conferencia con un breve discurso en el que hizo referencia a la necesidad de una convergencia en las prácticas de gobierno corporativo que se aplican en el mundo. Sobre todo, según el vicepresidente español, porque la globalización ha cambiado las características de los mercados financieros.

Santiago Fernández Valbuena habló sobre la experiencia de Telefónica. Presentó la compañía como una empresa que ha dejado de ser española, porque dos terceras partes de la titularidad están en manos extranjeras. Hizo referencia a lo difícil que es cumplir con los distintos reguladores, que no mantienen una posición unificada.

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Manuel Conthe, cerró la tarde de ayer con un sumario de conclusiones, en las que ha hecho especial hincapié en la figura de los consejeros independientes. Cree que la clave es saber qué significa realmente ser independiente. También ha nombrado a Reino Unido como un modelo de separación entre los ejecutivos y consejo de administración, aunque en España no hay ninguna recomendación al respecto. Cuando le han preguntado sobre la conducta de las empresas del Ibex en relación con el código unificado, ha contestado que no sabe si lo cumplen, pero que en cualquier caso es un código voluntario.

En declaraciones a EL BOLETIN Philippe Richard, secretario general de IOSCO, aseguró que el Código de Buen Gobierno español es bueno, porque sigue las líneas definidas por su organización en la que se agrupan todos los supervisores internacionales. Richard matizó que IOSCO no había colaborado con la CNMV en la elaboración del c ódigo, pero sí quiso destacar que mantiene una relación muy fluida con el supervisor español.

En su esperada intervención de hoy el consejero del BBVA, Richard Breeden quiso asegurarse primero de que su público tuviera claro que hablaba a título personal y no en representación del banco. El ex responsable de la SEC abogó por códigos flexibles, simples y fáciles de cumplir. Como accionista, Breeden se siente nervioso con las exigencias de buen gobierno que plantean instituciones como la OCDE y el IOSCO y pidió que no le protegieran tanto. Aun así, alabó el “código Conthe” porque se hizo en un proceso abierto y consultivo y, aunque hubo fallos, la intención le parecía valiosa. En su opinión, el Código de Buen Gobierno Español será muy positivo para las pequeñas empresas, no sometidas a supervisión internacional, porque si lo cumplen tendrán más posibilidades de atraer a su capital a los inversores internacionales.