El pasado 7 de febrero, la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin) y el Gobierno de Bolivia llegaron a un acuerdo, con relación al incremento impositivo, que consiguió sofocar las protestas de los cooperativistas. Sin embargo este convenio, lejos de sembrar la calma en el sector, ha hecho que se abra un nuevo frente contra Evo Morales. Ahora, los trabajadores sindicalizados y la pequeña y mediana minería reclaman también “los favores del Gobierno”.

En Bolivia, el sector de la minería está muy agitado. Unos pelean con otros y todos pelean con Morales. Los cooperativistas quieren seguir manteniendo los beneficios de la minería privada, los asalariados promueven la nacionalización del sector y los pequeños y medianos explotadores exigen un trato igualitario.

Por ahora, los cooperativistas están satisfechos con los resultados de la negociación. Después de dos días de protestas, una marcha por La Paz con detonaciones de dinamita incluidas y más de seis horas de conversación con Evo Morales, lograron que el presidente diera un paso atrás y congelara su idea de subir el Impuesto Complementario a la Minera (ICM).

Esta era su principal demanda, pero Fencomin logró aún más: asistencia financiera del Estado con la concesión de créditos por más de 10 millones de dólares (unos 7,5 millones de euros), dos puestos en el directorio de la empresa pública de minería (Comibol) y la promesa del Ejecutivo de respetar los contratos de arrendamiento en curso y de agilizar los trámites referentes a la ampliación de áreas de trabajo. A cambio, los cooperativistas se comprometieron a la búsqueda de mecanismos para "democratizar el sistema impositivo" bajo el principio de que "el que más gana, más paga".

Las protestas callejeras y las movilizaciones violentas son técnicas que ofrecen muy buen resultado a los cooperativistas. Su poder e influencia siempre logran poner en jaque a los diferentes gobiernos y obtener de esta manera respuesta a sus demandas. Así por ejemplo, obtuvieron de Gonzalo Sánchez Lozada la propiedad de activos mineros de Comibol, equipos de trabajo de los gobiernos de Hugo Banzer y Jorge Quiroga y hasta una cuota política en la Prefectura de Oruro durante la administración de Carlos Mesa.

El acuerdo levanta las críticas. Lo que para unos supuso un triunfo para otros es una injusticia. Así lo expresó a Americaeconomica.com Miguel Zubieta, dirigente de la Central Obrera Departamental de Oruro. “Este es un Convenio anti-nacional que va contra los intereses del país, el Impuesto Complementario a la Minería era algo que todo el pueblo estaba pidiendo para el sector”, denuncia Zubieta.

Las críticas del dirigente sindical hacia los cooperativistas fueron claras y están basadas en la pelea interna antes señalada. “El sector cooperativo no quiere este aumento tributario porque son socios de las empresas trasnacionales y no son cooperativistas, sino microempresarios que se aprovechan de las ventajas que pueden obtener del Gobierno, importan insumos, tecnología y equipos a precios muy rebajados y sin pagar aranceles, y toda la gente que les sigue no son sino sus peones”. Zubieta apunta especialmente a la influencia de la multinacional suiza Glencore International que tiene una importante presencia en el sector minero boliviano.

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros (Fstmb) ya ha pedido que se investiguen las fortunas de los dirigentes cooperativistas y que éstas se hagan públicas.

Los cooperativistas y los mineros asalariados son viejos conocidos y no precisamente amigos. En octubre de 2006, el cerro de Posokini fue el escenario de un violento conflicto en el que ambos grupos luchaban por el control del yacimiento de Huanuni, la principal fuente de estaño del país. La contienda se saldó con 16 muertos y decenas de heridos. Morales dio solución al conflicto permitiendo que cooperativistas y asalariados trabajaran conjuntamente el yacimiento hasta encontrar una solución definitiva.

La explotación de Huanuni es el problema más fuerte al que se enfrenta la minería boliviana. El Gobierno pretende que este yacimiento sirva para el relanzamiento de la “nacionalización” de la minería y que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) tome a su cargo exclusivo los trabajos de explotación.

Sin embargo, los cooperativistas mineros de Huanuni no quieren perder ni un trozo del pastel. De hecho, han sido los únicos que no han retornado a sus localidades tras la firma del acuerdo y permanecen apostados en las instalaciones de una iglesia hasta que se puedan reunir con el mandatario boliviano para clarificar su situación. Se prevé que la reunión se celebre este misma noche.

Más peticiones al Gobierno. El sector minero trae sin duda más de un dolor de cabeza al presidente Morales. Por una parte debe tratar con cuidado a la minería privada, con la que firmó una alianza política preelectoral, y por otro no puede dejar que los otros grupos del sector le acusen de “trato preferencial”. Una vez realizadas ciertas concesiones a unos ahora debe hacer frente a las peticiones de los demás.

La pequeña minería tampoco quiere pagar ahora el ICM y la Fstmb ha anunciado que este fin de semana prevé reunirse con el jefe de Estado para analizar su situación y ha afirmado que pedirá dejar de pagar el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA). Miguel Zubieta confirmó a este medio que los mineros sindicalizados planean salir también a las calles si el Ejecutivo no acepta sus peticiones, entre otras, que les paguen los más de nueve millones de dólares (casi siete millones de euros) que Morales les prometió.

Son tiempos difíciles para el presidente Evo Morales.