Esta semana, Evo Morales ha conseguido poner fin a la tensión que acompañaba las relaciones entre Bolivia y Brasil debido a la demanda boliviana de incrementar el precio del gas que exporta a su vecino. Después de días de incertidumbre y posiciones encontradas, el presidente de Bolivia ha logrado llegar a un acuerdo con su homólogo brasileño, Inazio Lula Da Silva, por el que Brasil acepta finalmente pagar más por el combustible que compra al país andino.

Ambos Gobiernos acordaron que, sin elevar el monto nominal del combustible, Brasil pagará una cantidad adicional a precio de mercado por los componentes que superen el poder calorífico de 8.000 kilocalorías. El ministro boliviano de Hidrocarburos, Carlos Villegas, ha explicado que la fórmula acordada representará un ingreso adicional de unos 100 millones de dólares (más de 76 millones de euros) anuales para su país.

Los ingresos que Bolivia obtendrá por el gas natural que exporta a Brasil se han incrementado también en el contrato que tiene con la central termoelétrica de Cuiaba (Brasil) ya que este convenio le reportará 48 millones de dólares (casi 37 millones de euros) al año.

Evo Morales mostró una gran satisfacción por el convenio firmado con su vecino. “Me voy muy contento, muy feliz, que haya un precio justo para el gas es importantísimo para nuestros países. Nosotros cumpliremos con todos nuestros contratos y con Petrobras y nunca faltará gas para Brasil”, afirmó el mandatario boliviano después de la firma, según declaraciones recogidas por la agencia EFE.

El convenio alcanzado reviste especial importancia ya que en los últimos meses las relaciones entre ambos países habían sido algo tensas. Hasta última hora del martes 13 de febrero, Evo Morales no confirmó su visita oficial a Brasil (que estaba programada para el día siguiente y así se realizó finalmente) debido a que su vecino se negaba a dar respuesta a la petición boliviana de pagar más por el gas boliviano que importa. Esta situación causó bastante malestar entre las autoridades brasileñas aunque parece que, al final, las relaciones entre ambos países han llegado a buen puerto. "Con paciencia y diálogo dimos un paso importante”, señaló Lula da Silva.

Glencore contra Bolivia. Pero no todo le ha ido bien a Morales estos días. El Gobierno de Bolivia ha comenzado una disputa con la trasnacional Glencore International por la nacionalización de la planta minera Vinto que promete ser dura. La compañía suiza ha pedido una indemnización al Ejecutivo de Morales y éste no sólo se ha negado, sino que ha reclamado una compensación al país por lo que considera una compra irregular del yacimiento. Glencore ya amenaza con llevar a Bolivia ante los tribunales internacionales.

La planta Vinto ha pasado de mano en mano y parece ser que, en el camino, se pagó por ella una cantidad irrisoria que supuso grandes pérdidas para el Estado boliviano. Con esta idea se justifica Morales para negar cualquier clase de indemnización a la trasnacional suiza aunque no fuera realmente ella la beneficiaria de esta compra irregular.

La clave de la cuestión hay que buscarla hace unos años cuando la planta Vinto fue vendida en 1999 a la indo-británica Allied Deals, que seguidamente la vendió a la minera Comsur, propiedad del ex presidente boliviano Sánchez de Lozada, y que a su vez la vendió a Glencore en 2004. El Gobierno dice que la transferencia de Vinto a Allied Deals, por 14,7 millones de dólares (unos 11 millones de euros) es ilegal porque la planta valía en realidad 140 millones de dólares (más de 107 millones de euros).

Esta venta ha afectado a Glencore a pesar de que, según diversos periódicos suizos, la compañía pagó en 2004 a Comsur cerca de 90 millones de dólares (69 millones de euros) por la compra, y otros 200 millones más (153 millones de euros) por yacimientos mineros.

Por su parte, Glencore apunta a la vigencia del convenio sobre la promoción y protección de inversiones que Suiza y Bolivia firmaron el 1999. El acuerdo prohíbe la expropiación de inversiones hechas por corporaciones suizas en el país andino salvo que fuera motivada por el interés público y bajo pago de una compensación adecuada.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ha desestimado la existencia de un tratado bilateral indicando que eso “no significa que aquí reine la impunidad sobre actos administrativos o transferencias ilegales”.