Finalmente, tras protestas, disturbios y declaraciones de políticos afines y contrarios al presidente, el Congreso ecuatoriano ha aprobado esta semana la convocatoria de un referéndum para decidir la instauración de una Asamblea Constituyente, que podrá reformar la Constitución vigente, pero no modificar la instituciones. No ha sido fácil, ya que, a principios de la semana, la organización civil afín al Gobierno Veeduría de la Democracia anunciaba una campaña de recogida de firmas para invalidar a los congresistas opositores e instaurar una Asamblea Constituyente, para lo que incluso solicitaron los impresos de recogida de firmas al Tribunal Electoral.

Según afirmó el portavoz de la organización no gubernamental, Fernando Balda, "vamos a recoger a la vista de todo el mundo las firmas necesarias para mandar a casa a todos los diputados". La actual Constitución establece que debían recoger al menos un 30% del padrón, es decir, 2,8 millones de firmas, para que la petición fuese legítima.

Según Balda, "una vez que entreguemos las firmas al Tribunal Electoral, los magistrados tendrán 10 días para calificarlas. Luego contarán con un mes para convocar una consulta sobre la Asamblea, en la que el pueblo ratificará lo que ya ha firmado".

Ese mismo día se reanudaban las manifestaciones por parte de organizaciones civiles y del movimiento indígena frente al Congreso, con el objeto de ejercer presión y conseguir la aprobación de la consulta popular, que, previamente, había sido convocada por el presidente Correa para el próximo 18 de marzo.

Y las protestas tuvieron su efecto. El jueves el Congreso ecuatoriano aprobaba la consulta popular para decidir la instauración de una Asamblea Constituyente, que, aunque tendrá plenos poderes para redactar una nueva Constitución, no podrá disolver las instituciones, ya que congresistas de derechas y de izquierdas han defendido el respeto a los resultados de las elecciones del 15 de octubre, cuando se eligió a los 100 representantes en el Congreso.

Con los votos a favor de Izquierda Democrática, Movimiento Popular Democrático, Red Ética y Democrática, Pachakutik y Partido Roldosista Ecuatoriano, sumados a los de Sociedad Patriótica, el Congreso aprobó la convocatoria de referéndum, que ya ha sido remitida al Tribunal Electoral para que organice y convoque el plebiscito.

Las formaciones de derechas, el partido Renovador Institucional, el Partido Social Cristiano (PSC) y la Unión Demócrata Cristiana abandonaron la sesión como muestra de rechazo a la iniciativa, y sólo el representante de Pichincha, Federico Pérez, permaneció en la sala, emitiendo el único voto en contra.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Luis Macas, había declarado que "la Constituyente será realidad y va porque va, así se oponga el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros vamos a ir hacia la transformación del país, porque eso es lo que el pueblo quiere".

Por su parte, el diputado de Izquierda Democrática Jonh Argudo aseguró que la Asamblea respetará a los cargos elegidos el pasado 15 de octubre, pese a lo que advirtió que "una vez instalada la Asamblea, ésta puede declarar sus plenos poderes absolutos y enviar al Congreso Nacional o al presidente de la República a sus casas".

Sin embargo, no todo ha sido tan favorable esta semana, ya que aún quedan en el aire cuestiones como el descontento popular por la decisión de los vocales del Tribunal Electoral, que se han duplicado el sueldo, o las tensiones diplomáticas con Colombia, por las fumigaciones aéreas con glifosato, asunto que será elevado al Tribunal Internacional de La Haya, según ha anunciado el presidente Correa.