La polémica está servida en Ecuador. Tras ser aceptada por parte del Congreso (que en un principio la consideró ilegal), la convocatoria a referéndum para decidir si se establece en Ecuador una Asamblea Constituyente con poderes para redactar una nueva Constitución, el Gobierno acusa a la oposición de planear una campaña en su contra, el presidente pone su cargo a disposición de la decisión de la Asamblea (que aún no ha sido votada por el pueblo) y, paralelamente, el ministro de Economía da la campanada anunciando el pago de parte de la deuda externa del país, después de reiterar que no se haría efectiva por su ilegitimidad.

La portavoz del Gobierno de Ecuador, Mónica Chuji, declaraba el jueves, para "alertar a la cuidadanía", que los grupos de extrema derecha de la nación han iniciado "una campaña maliciosa" para desestimar la propuesta del presidente, Rafael Correa, de instaurar una Asamblea Constituyente.

La funcionaria afirmaba que "esto es una campaña que los mismos de siempre, agrupados en la extrema derecha, han iniciado en contra de la voluntad soberana del pueblo, esto es una campaña en contra de la Constituyente... queriendo imponer el miedo".

Las autoridades políticas y casi todos los sectores sociales dan por hecho que el resultado del referéndum convocado para el 15 de abril será el beneplácito de la población a la instauración de una Asamblea Constituyente con poderes para reformar y redactar de nuevo la Constitución.

Sin embargo, la oposición continúa destacando que dicho organismo sería inconstitucional, y llevaría a Ecuador a convertirse en un Estado totalitario como Venezuela, en referencia a la relación entre el presidente ecuatoriano, Rafael Correa y Hugo Chávez.

Días antes de esta acusación, Correa ya había afirmado que "si esa Asamblea (la Asamblea Constituyente, que se votará próximamente) la gana la oposición, significa que yo me voy a la casa y tenemos de presidente a Álvaro Noboa o Lucio Gutiérrez". Sin embargo, "si esa Asamblea la gana la cuidadanía significa que me ratificarán en el cargo y podemos continuar con este proceso histórico".

En lo que constituye el primer gran triunfo de Correa en su mandato, el Congreso aprobó hace dos semanas la consulta popular para establecer una Asamblea Constituyente, que si bien no gozará de poderes ilimitados, como había pronosticado el mandatario, podrá reformar la Constitución, y tendrá amplio alcance, según ha asegurado Correa, quien ha afirmado que "el poder constituyente es superior a esos poderes constituidos (el Congreso, la Presidencia del Estado y la Corte Suprema de Justicia), los puede limitar, reformar, disolver... Puede mandar a la casa al presidente, al Congreso nacional y a la Corte Suprema", algo que se contradice con la decisión de los diputados, que han aceptado que el organismo modifique la Constitución, pero le han denegado poder para disolver las instituciones surgidas de las últimas elecciones generales.

No ha sido el único asunto de la política ecuatoriana que ha causado controversia estos días. El lunes, en medio de la sorpresa general, el ministro de Economía, Ricardo Patiño, aseguraba que, pese a que se había anunciado lo contrario, el Gobierno ya ha cancelado el pago de los intereses de los bonos global 2030, que asciende a 135 millones de dólares (102,7 millones de euros). La semana anterior se había anunciado que la nación se acogería al periodo de gracia, ya que en las arcas del Estado no había suficiente dinero para hacer frente al pago de la deuda. Sin embargo, unos días después, de forma imprevista, el Ejecutivo ecuatoriano anunciaba que un ingreso por recaudaciones tributarias permitiría la cancelación.

Patiño aseguraba que el Gobierno de la nación "no juega" con los acreedores externos, si no que son éstos los que han jugado reiteradamente con la nación. Además, el funcionario insistía en la opinión de que ciertos tramos de la deuda son ilegítimos, por lo que su pago dependerá de una auditoría que el Gobierno de Correa ya ha anunciado. Así mismo, Patiño afirmaba que ya había dialogado con al menos 30 acreedores, a los que se ha advertido de la situación.

El Ejecutivo de Rafael Correa ha reiterado en varias ocasiones que su prioridad serán los compromisos internos de la nación, como el pago de salarios, el bono de la pobreza o las asignaciones para los municipios.

Los bonos global 2030, cuyos intereses ha pagado Ecuador, representan un total de 2.700 millones de dólares (2.055 millones de euros), y está previsto un segundo pago de intereses para el 15 de agosto de este año. La deuda total de Ecuador asciende a 16.400 millones de dólares (12.487 millones de euros).

Además, el Ejecutivo de Correa, que no ha descansado desde su toma de poder en enero pasado, ha anuciado a lo largo de los últimos días que demandará a la UE por los aranceles que impone a las importaciones de banano procedentes de la nación (esta fruta es el segundo producto más vendido por Ecuador después del petróleo), ha exigido un "convenio vinculante" a Colombia, que asegure que no retomará en un futuro las fumigaciones aéreas en los territorios fronterizos y ha mostrado en repetidas ocasiones su apoyo al Banco del Sur, un proyecto auspiciado por el presidente venezolano Hugo Chávez, en una coincidencia de opiniones por la que muchos sectores le critican.