Las compañías de telecomunicaciones que operan en Ecuador preparan una larga negociación con el Gobierno de Rafael Correa para fijar el precio final de la renovación de las licencias de telefonía.

El país suramericano anunció esta semana que las filiales de telefonía móvil de Telefónica (Movistar) y de la mexicana América Móvil (Porta), que controla Carlos Slim, deberán pagar en conjunto 700 millones de dólares (unos 480 millones de euros) para obtener una concesión de 15 años si quieren seguir operando en el país.

Sin embargo, fuentes financieras aseguran que este precio no será la ‘foto finish’ y que la solución que alcancen ambas partes será razonable porque al Gobierno de Correa también le interesa que estas compañías contribuyan al desarrollo de las redes del país por medio de inversiones, si bien Ecuador tiene muy claro que azuzar a las multinacionales e imponerles condiciones más duras es una medida popular. Correa ha insistido en que, si no aceptan las condiciones que pide, pueden abandonar el país andino.

Compromiso inversor. La compañía española ha reiterado que desde que comenzó a operar en Ecuador ha invertido 1.000 millones de euros y prevé invertir otros 55 de euros en 2008, un 10% por encima de su promedio anual de 50 millones.

Telefónica asegura estar mejorando el servicio y los precios que cobra y se autodefine en mejor situación que otros competidores. “Consideramos que estamos mejor que nuestra competidora (en Ecuador) América Móvil”, añade el portavoz de la operadora española, quien además reconoce que la negociación será difícil y no sabe cuándo concluirá.

Petroleras. Esta no es la primera vez que el Gobierno de Rafael Correa pide a las empresas extranjeras dinero para quedarse en el país, puesto que en octubre de 2007, la empresa estatal ecuatoriana Petroecuador exigió que las petroleras extranjeras presentes en el país, entre ellas la española Repsol, se pusieran al día con sus obligaciones económicas con el Estado, una cantidad que superaba los 300 millones de dólares (unos 208 millones de euros).

Esta exigencia se amparaba en la ley que promulgó el Ejecutivo de Ecuador de reparto de los excedentes petroleros a las petroleras privadas que operan bajo participación, y que se aplica desde el pasado 25 de abril de 2006.