El Tribunal Constitucional ha anulado la condena de tres años y cuatro meses de prisión que el Tribunal Supremo impuso a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer por estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de la sociedad Urbanor.

El Supremo consideró el 14 de marzo de 2003 que ‘los Albertos' engañaron a sus socios al negociar la venta del conjunto de Urbanor, propietaria de los terrenos donde se construyeron las Torres KIO, en Madrid. En concreto, se hizo llegar a los socios minoritarios de Urbanor una suscripción preferente sobre los solares de las torres KIO a un precio de 150.000 pesetas por metro cuadrado cuando en realidad ‘los Albertos' habían pactado con los vendedores un precio de 231.000 pesetas por metro cuadrado.

El Tribunal Constitucional falla ahora que el Tribunal Supremo hizo entonces una interpretación “lesiva” del derecho fundamental de ambos empresarios a la tutela judicial efectiva, por ser insuficientemente respetuosa del derecho a la libertad personal.

Pumpido contra el Constitucional. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha salido en defensa del Tribunal Supremo y se ha expresado muy duramente contra la sentencia del Constitucional porque permite que ‘los Albertos' se queden con el dinero de la estafa del ‘caso urbanor'.

En su opinión, la sentencia del Alto Tribunal “no es la más adecuada para defender a las víctimas” e “incurre en un exceso de jurisdicción que resulta muy preocupante” al considerar que los hechos han prescrito, en contra del criterio del Supremo. Durante una rueda de prensa conjunta con el fiscal jefe de la Fiscalía de la Corona de Inglaterra y Gales, Ken MacDonald, Pumpido se mostró “completamente convencido de que existe un delito de estafa y falsedad mercantil” y por tanto se ha vulnerado “el derecho de los perjudicados a cobrar la indemnización pertinente”.

Un tono más moderado ha empleado la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, quien ha reconocido que entiende la inquietud que ha provocado la sentencia pero instó a respetar las decisiones judiciales.

Tres años y cuatro meses. El Supremo condenó a ‘los Albertos' a tres años y cuatro meses de prisión porque en 1988 informaron a los socios minoritarios de Urbanor de un precio por debajo del que realmente habían pactado por la venta de los terrenos de las Torres KIO. La operación les reportó más de 25 millones de euros.