Los trabajadores de la construcción han organizado manifestaciones en demanda de una mayor seguridad en sus puestos de trabajo. El Gobierno panameño, lejos de escuchar las peticiones de los trabajadores, ha acusado a los líderes sindicales de perturbar el orden público. Estos incidentes se producen en un momento en el que el país vive el mayor auge del sector inmobiliario y de la construcción de su historia.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción de Panamá (Suntracs) ha organizado esta semana varias protestas en el estado de Colón en demanda de mayores medidas de seguridad. Algunas terminaron violentamente con los enfrentamientos entre los trabajadores y la policía antidisturbios.

Un dirigente sindical, Airomi Smith, murió en un altercado al ser disparado por un policía que utilizó su arma reglamentaria. La policía alega que el agente utilizó el arma para defenderse. Pero el sindicato de trabajadores sostiene que el trabajador, quien también era un estudiante universitario, fue impactado por la espalda.

El Gobierno panameño no ha tardado en responder ante tales incidentes y ha criticado la actitud de los dirigentes del sindicato afirmando que no tienen motivos para manifestarse. En un encuentro con corresponsales extranjeros acreditados en el país, el vicepresidente Lewis Navarro y el ministro de Gobierno y Justicia, Delgado Diamante, han declarado que los hechos violentos protagonizados por Suntracs no son resultado de la falta de negociación en el tema de la seguridad y la salud laboral en la industria de la construcción.

Los funcionarios han afirmado que ese tema ha sido objeto de negociaciones durante varias semanas y el acuerdo está en la etapa final. Según el ministro panameño ha sido una acción violenta y articulada por Suntracs para crear el caos, subvertir el orden público y alterar la paz social.

Estas manifestaciones de los trabajadores de la construcción en demanda de mejores condiciones laborales contrastan con los datos de éxito que se están registrando en Panamá. El proyecto de expansión del Canal de Panamá y los complejos inmobiliarios han hecho que el sector de la construcción creciera un 25% en el último año, según cifras de la Cámara Panameña de la Construcción.

La ampliación del Canal de Panamá está siendo una pieza clase en el desarrollo del país centroamericano. Los aportes de la vía interoceánica a la economía panameña durante 2007 sumaron 833 millones de dólares (566 millones de euros), lo que representa más del 11% del Producto Interno Bruto (PIB).

Los planes de expansión proyectados hasta el 2014, estiman que en este proceso de ampliación del Canal los costos podrían superar los 5.250 millones de dólares (3.571 euros), y se crearían más de 35.000 puestos de trabajo.

Esta semana, las licitaciones de la parte más importante del proyecto de ampliación han entrado en la recta final. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se ha reunido con los representantes de los cuatro consorcios precalificados que licitan para conseguir el contrato del diseño y construcción del nuevo juego de esclusas de la vía interoceánica.

Se trata del proyecto principal de las obras de ampliación y representa el 55% del coste total de las obras de ampliación del Canal. Los consorcios tienen hasta agosto de 2008 para presentar sus propuestas técnicas y de precios. En diciembre de 2008, la ACP comunicará el nombre de la elegida. Para llevar a cabo la elección, la ACP tendrá en cuenta tanto el precio como los aspectos técnicos de la propuesta.

Intereses españoles en juego. Entre los días 8 y 15 de febrero, los dirigentes de la ACP se han reunido por separado con los representantes de los consorcios, dos de ellos, encabezados por empresas españolas. El consorcio “Canal”, está formado por las españolas ACS, Acciona y FCC, junto con la alemana Hochtief, y la mexicana Constructoras ICA.

Otro de los consorcios precalificados es “Grupo Unidos por el Canal”, liderado por la española Sacyr Vallehermoso. En ella también participan la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana SA.

Los otros dos consorcios son Atlántico Pacífico de Panamá, y Bechtel, Taisei Mitisubishi Corporation, encabezados por la francesa Boygues Travaux Publics y la estadounidense Bechtel Internacional, respectivamente.