El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha derrotado de nuevo a la oposición boliviana al conseguir que el Congreso de la nación apruebe en un tiempo récord, y con la presión de sus partidarios en la calle, el referéndum aprobatorio de la Nueva Constitución que el oficialismo aprobó el pasado mes de diciembre. Pero es que además, el Legislativo ha ilegalizado las consultas populares de las autonomías que habían preparado las regiones opositoras de Beni y Santa Cruz.

Tras la sanción de las tres leyes por el Congreso, que tardó menos de una hora en hacerlo, sólo falta que el presidente, Evo Morales, las promulgue para que se conviertan en ley.

Esas tres leyes modifican las normas de convocatoria y ampliación de la Asamblea Constituyente, a la vez que convocan para el próximo 4 de mayo al referéndum de la nueva Carta Magna, además de otorgar al poder legislativo la exclusividad de convocar a consultas regionales.

Este acontecimiento se produce un día después de que los sectores afines al Gobierno y los mismos que rodeaban el Congreso, habían dado a ese organismo un plazo de 24 horas para que hiciera, justamente, lo que ha hecho la Cámara: convocar el referéndum que aprobará la nueva Carta Magna impulsada por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS). De no haber sido así, el titular de la Confederación de Campesinos de Bolivia, Isaac Ávalos, había advertido que esos sectores sociales tomarían otro tipo de medidas.

En esa misma línea, el presidente del Comité Cívico Popular de Bolivia, Santiago Sausiri, anunció ante múltiples medios de comunicación que la organización que él dirige se sumaría al cerco social, hasta lograr la aprobación del referéndum.

Y es que, desde el pasado lunes 25 de febrero, los votantes de Evo, incluidos los cocaleros, decidieron iniciar una movilización nacional y cercar el Congreso hasta que éste aprobara la consulta popular para hacer ley la Constitución de Morales, antes del próximo 4 de mayo, día en que estaba previsto el referéndum de Santa Cruz.

Dos días después de que comenzaran las movilizaciones, el Gobierno del país, a través de su vicepresidente, Alvaro García Linera, pidió una tregua tanto a sus partidarios como a los autonomistas opositores. A los primeros, para que abandonaran la presión social que mantenían en el Congreso para que fijara la fecha de la consulta popular a la nueva Carta Magna, y a los segundos, sobre todo a la región de Santa Cruz, para que aplazara dos meses el referéndum autonomista.

Según García Linera, con esa tregua el Ejecutivo pretendía sentarse a dialogar para llegar a un acuerdo entre ambas partes, para conseguir hacer posible y compatible la nueva Constitución que promueve el oficialismo, con los estatutos autonomistas de cuatro de las regiones opositoras más ricas del país.

Pero tanto opositores como sectores sociales afines al mandato de Evo Morales, denegaron la petición del vicepresidente, y salieron a las calles a reivindicar su postura.

Así que, con la puesta en marcha de estas leyes, el Ejecutivo ha roto la última oportunidad visible que había de mantener conversaciones fructíferas con la oposición, que ya ha mostrado su descontento.