EEUU ha retrasado el plazo límite que tiene Costa Rica para aprobar las 12 leyes de implementación necesarias para la firma del Tratado de Libre Comercio (Cafta) entre ambos países de las que, hasta el momento, sólo han sido ratificadas cuatro. La solicitud de una prórroga del presidente Óscar Arias a EEUU ha surtido efecto y el Gobierno tendrá siete meses más.

Hoy 29 de febrero era la fecha en que se cumplía el plazo. El presidente del Congreso de Costa Rica, Francisco Antonio Pacheco, coincidió con Óscar Arias al expresar que evidentemente en el poco tiempo que tenían, no era posible aprobar todo el paquete de leyes requeridas para poner en funcionamiento el acuerdo comercial.

Algunos de los proyectos que han provocado más polémica y que han causado el incumplimiento del plazo son los que buscan la apertura de los dos mayores monopolios estatales, el de telecomunicaciones en manos del Instituto de Electricidad y el de seguros que controla el Instituto Nacional de Seguros.

Tras el aplazamiento, Costa Rica tendría hasta el 1 de octubre de este año para aprobar las ocho leyes restantes del Cafta-RD, siglas del tratado, que fue ratificado por el Congreso de Washington en el 2004. El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y República Dominicana, resto de países firmantes, lo implementaron progresivamente.

Costa Rica, uno de los pioneros en la negociación, se quedó, sin embargo, al margen del proceso ante la resistencia de su legislatura a abrir algunos sectores económicos a la inversión extranjera. El acuerdo fue finalmente aprobado en un referéndum en octubre del 2007 y Costa Rica recibió un plazo inicial hasta el 29 de febrero para hacer los ajustes que le adecuen a su nueva realidad comercial, pero ello fue insuficiente.

El problema para tramitar las leyes en el Congreso costarricense es político, debido por un lado a la falta de quórum, por la ausencia de algunos diputados en las sesiones, así como por la obstaculización de la discusión de las iniciativas por parte de los 19 diputados del partido opositor Acción Ciudadana, que siempre se opuso al Cafta.

En San José, el presidente Oscar Arias expresó su esperanza de que pueda concretar el proceso en los siguientes tres meses y no siete, y pidió concentrar voluntades de todas las partes en el Congreso.

A principios de febrero, cuando ya se podía prever que no se llegaría a tiempo, los empresarios de la industria textil y del sector alimenticio del atún de Costa Rica pidieron al Gobierno que apurara el trámite de aprobación de las leyes. La razón es que los empresarios costarricenses se benefician de un sistema de preferencias arancelarias que vence en septiembre de este año y necesitan el Cafta para seguir comercializando sus productos en EEUU sin pagar aranceles.

El atraso ha afectado a los contratos con los clientes estadounidenses. Un tercio de los trabajadores de la empresa textil Bor Kar han sido despedidos porque varios clientes estadounidenses han cancelado sus contratos por valor de 1,2 millones de dólares (0,8 millones de euros).

Citigroup se fija en Costa Rica. La mayor empresa de servicios financieros del mundo ha anunciado que abrirá un centro de servicios en Costa Rica. La iniciativa requerirá de una inversión inicial de medio millón de dólares y con ella se dará soporte a unidades financieras de todo el mundo.

A finales de abril de este año, la compañía estadounidense inaugurará el “City Business Services Costa Rica” por el que se crearán 200 puestos de trabajo nuevos. La directora de la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo (Cinde), Gabriela Llobet, ha afirmado que el proyecto demuestra que el país centroamericano está centrado en la atracción de inversiones en actividades más sofisticadas.

Tras la publicación de algunos informes en los que se informaba de la carencia en Costa Rica de personal con formación financiera y bancaria, Llobet ha anunciado que el Gobierno está preparando iniciativas como un plan nacional de inglés para los centros educativos públicos que iniciará en 2009.