Los esfuerzos realizados por Panamá para que países como España dejen de considerarle paraíso fiscal podrían quedar en la nada, después de que el país haya aparecido como refugio de los implicados en la 'trama de corrupción' del Partido Popular. Ahora que el blanqueo de capitales "está de moda", las transacciones con Panamá van a estar más vigiladas que nunca, algo que, sin duda, podría perjudicar a las firmas españolas interesadas en las licitaciones por la ampliación del Canal.

De hecho, la estrecha vigilancia ya se está empezando a notar en sectores como el turismo. Desde hace varias semanas, las autoridades migratorias de Panamá han empezado a imponer multas a los extranjeros que no lleven consigo un documento de identificación, como el pasaporte.

Las patronales de turismo ya se han quejado de la medida. En declaraciones a Americaeconomica.com, fuentes del sector aseguran que se trata más bien de controlar a la inmigración. Sin embargo, reconocen que también se ha puesto en marcha este procedimiento para "vigilar" a los inversores extranjeros que llegan al país.

Lo cierto es que el problema al que se enfrentan no es menor. El hecho de que se haya descubierto que los implicados viajaban habitualmente a Panamá, y las sospechas sobre negocios fraudelentos, podrían entorpecer los esfuerzos por eliminar la palabra "paraíso fiscal" del diccionario español, algo que, sin duda, no beneficiaría a las empresas con intereses en la región latinoamericana.

Antecedentes. Las constructoras españolas que licitan por las obras de ampliación del Canal de Panamá han exigido en repetidas ocasiones a ambos gobiernos que lleguen a un acuerdo para que el país centroamericano sea tachado de la 'lista negra' del Ministerio de Economía y Hacienda de España.

El pasado mes de diciembre, las empresas españolas ACS, Acciona y FCC, junto a la alemana Hochtief y la mexicana ICA, se precalificaron para pujar por un contrato que asciende a 3.200 millones de dólares (2.206 millones de euros). De igual modo lo hizo la también española Sacyr Vallehermoso, al frente del consorcio con la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa.

Pero los intereses de las empresas españolas se ven perjudicados por los problemas tributarios entre Panamá y España. Ambos gobiernos persiguen llegar a un escenario en el que compartan información en materia fiscal o un convenio para evitar la doble imposición y que incluya una cláusula de intercambio de datos, pero aún no se ha producido.

Este problema no existe para el resto de competidoras en el Canal. La francesa Bouygues encabeza un consorcio en el que también figuran Vinci y Alstom. Su país dio por zanjadas sus diferencias con Panamá en 2007, al extraerla del listado de paraísos fiscales.

El cuarto grupo que licita en el Canal está liderado por la estadounidense Bechtel. EEUU no sólo considera a Panamá un socio transparente, sino que las propias autoridades no han escatimado nunca en halagos hacia la integridad de la Autoridad del Canal de Panamá, gestora de la infraestructura.

Hace exactamente un año, el embajador de Panamá en España, José Manuel López Marrón, ya advirtió a las compañías de nuestro país que participan en la ampliación del Canal que es necesario que dejen de considerar Panamá como un paraíso fiscal.

En caso de que este reconocimiento no llegue a producirse, podría comenzar a aplicarse la denominada Ley de Retorsión, que prohíbe la participación en proyectos públicos panameños a aquellas empresas que consideran al país paraíso fiscal, indicó el embajador.

Dicha ley está en vigor pero nunca se ha aplicado, aunque “en cualquier momento puede desarrollarse un reglamento para hacerlo”, ha afirmado López Marrón en un encuentro con empresarios españoles.

El auto de Garzón. El juez Baltasar Garzón hacía público ayer el auto en el que dicta prisión contra los tres principales imputados en la trama de corrupción que investiga dentro del llamado ‘caso Gürtel’, en el que aparecen personas y empresas vinculadas al Partido Popular español. El texto ha destapado las irregularidades que habían cometido para nutrirse de fondos de entidades públicas, a través de, entre otros, transferencias de dinero en Miami para remitir fondos desde sus posiciones bancarias a Colombia o bien desde Suiza a Brasil.

En el texto, de 13 páginas, el magistrado explica detalladamente las actividades ilícitas de Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, sobre los que ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Los tres constituyeron un conglomerado de empresas “para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas, para obtener un beneficio propio utilizando para ello, como norma común y frecuente, las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas, cuya identidad y cargos se está investigando”, señala el auto. Y añade que estas ‘dádivas’ también se dirigían a obtener “contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas”.

Miami. El auto también señala que Correa daba instrucciones a los integrantes de la organización para que lleven a cabo actividades tales como transferencias de dinero en Miami para remitir fondos desde sus posiciones bancarias a Colombia o bien desde Suiza a Senegal.

En el país estadounidense, además de invertir en las construcción de edificios, Correa, al parecer, tuvo una cuenta abierta en la oficina que Bancaja posee allí. Hoy, el presidente de la entidad, José Luis Olivas, quiso adelantarse a cualquier posible información errónea que señalara a su caja como ‘baúl’ donde Francisco Correa guardaba sus presuntas ganancias ilegales y ha confirmado que el presunto cabecilla de la trama de corrupción tenía una cuenta que canceló “hace seis o siete meses”.

Pero añadió que la Reserva Federal de EEUU no advirtió a Bancaja de ninguna irregularidad al respecto. “Cuando abres una oficina en Estados Unidos, la Reserva Federal te somete a unos controles exhaustivos, y más si eres una entidad extranjera” por lo que no hay ninguna noticia de problemas con la cuenta de Correa. Si lo hubiera, y según las palabras del presidente de la entidad financiera, sería responsable la Fed.

Fuentes de la Fed de Miami consultadas por Americaeconomica.com, aseguran, de momento, desconocer si existen irregularidades en las cuentas de los sospechosos. Olivas, por otro lado, ha querido reiterar su confianza en el director de la oficina en Miami, Guillermo Martínez Lluch, después de conocerse que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón le ha imputado en la trama.

Francisco Correa. Según el escrito del juez, Francisco Correa es el líder del grupo y utiliza a los otros dos imputados para desvincularse de las sociedades del conglomerado y proteger así su patrimonio personal.

El entramado se basaba en una estructura nacional, basada en sociedades de inversión especulativa que buscaba rentabilidad “en operaciones inmobiliarias, sociedades patrimoniales que gestionan el patrimonio personal de Francisco Correa y empresas de gestión que prestan apoyo al resto de carácter administrativo o de organización de viajes”.

Sobre la estructura nacional se superpone una “internacional integrada por sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda. Éstas últimas, a su vez, están participadas por entidades creadas en paraísos fiscales o territorios no cooperantes”.

El ‘número dos’. Correa coloca a Pablo Crespo al frente de sus empresas en España y le dará instrucciones para “realizar dádivas a funcionarios públicos” no sólo para obtener provecho económico sino también para paralizar procedimientos sancionadores sobre su patrimonio. Crespo, quien fue secretario del PP de Galicia a finales de los 90, se encargaba, según el auto, de “negociar de forma directa un proyecto de negocio y de supervisar su ejecución en países tales como China, Azerbayán y Miami; en ésta última capital ha invertido en la construcción de tres edificios por valor de unos 4 millones de euros”.

Asímismo, adquirió “cuatro apartamentos en un edificio colonial en el casco histórico de Cartagena de Indias (Colombia) y ha negociado la posibilidad de entrar en explotaciones petroleras” como en Panamá.

Crespo también se encargaba de desvincular a Correa de las actuaciones de las sociedades utilizando “como canal de blanqueo el envío de transferencias a través de los fondos de los que disponen en Suiza desvinculándolos de su origen” y “remite fondos a Brasil a través de la cuenta que tienen en Suiza”, entre otras transferencias.

Además, Crespo posee una sociedad patrimonial personal denominada Cresva S.L., titular de diferentes bienes inmobiliarios en Sotogrande y de una embarcación deportiva”.

El primo. El auto explica que Antoine Sánchez, primo de Correa, es la “pieza clave en la estrategia de desvinculación de Correa de la sociedades gestionadas desde el despacho de uno de los imputados”. Así, además de ser miembro de los órganos de administración de algunas de las sociedades, es titular de las acciones al portador de las sociedades ubicadas en paraísos fiscales. Así, Garzón constata que Sánchez “se convierte en un elemento decisivo dentro de la estrategia de ocultación de la estructura creada por Francisco Correa”.

El juez de la Audiencia Nacional también cuenta los motivos de la intervención policial. Así, explica que la policía judicial “informó de que la organización estaba en proceso de desaparecer y ocultar información sensible” e incluso de que “Pablo Crespo comentó con otro de los imputados que Francisco Correa” tenía pensado “marcharse en unos días” e instaba al juez a intervenir “a la mayor brevedad posible”.