El presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, ha iniciado hoy su campaña electoral para su reelección como jefe de Estado organizando una cena destinada a recoger fondos, y en la que se condenó públicamente el crimen organizado de la ciudad de Sao Paulo.

La cena, que contaba con cerca de 3.000 invitados, sirvió para condenar el crimen organizado así como para desmentir las acusaciones de la oposición, que llevaba varios días insinuando una posible relación entre las mafias de la ciudad y el gobernante Partido de los Trabajadores (PT). También el presidente defendió fervientemente las conquistas económicas de su Gobierno, además de pedir a sus compañeros de partido “no caer en un debate de baja calidad, pues no es hora de ser mezquinos y de estar queriendo acusar a otros”.

Estas acusaciones, que efectuó un senador de la oposición, han sido tildadas por Lula como “insanas”. Los opositores, sin embargo, afirman que los actos violentos llevados a cabo durante la campaña son una “extraña coincidencia” ya que el principal rival de Lula en los comicios, que tendrán lugar el 1 de octubre, el socialdemócrata Geraldo Alckmin, gobernó Sao Paulo durante cinco años hasta el pasado mes de mayo.

Además, estas afirmaciones se suman a las ya hechas por el líder de la oposición, que acusó de corrupción a Lula. Aun así, la ventaja de Lula tan sólo se ha reducido ligeramente, según reflejan las encuestas.

Según el sondeo del Instituto Sensus, encargado por la Confederación Nacional del Transporte (CNT), Lula obtendría ahora mismo el 44,1% de los votos en la primera vuelta, contra 27,2% del ex gobernador del estado de Sao Paulo. En mayo, una encuesta similar de Sensus daba un 42,7% a Lula y un 20,3% a Alckmin.

Los expertos parecen estar de acuerdo en que Alckmin está basando su estrategia electoral en denunciar la "desconfianza que genera un presidente envuelto en continuos escándalos de corrupción". Más de dos docenas de miembros del Ejecutivo han abandonado el Gobierno desde que se produjeron las acusaciones de sobornos a legisladores para ganar apoyos en el Congreso, aunque Lula siempre ha negado estas denuncias.

Además de las acusaciones, Lula también ha tomado alguna decisión polémica que podría afectar a su imagen. La última fue vetar esta semana el incremento de casi el 17% para los pensionistas y jubilados del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) que ganan más que el salario mínimo. La medida fue aprobada por el Congreso de Brasil la semana pasada. El presidente ha rechazado esa propuesta de incremento salarial después de cuantificar los gastos que conllevaría la medida.

El Gobierno de Lula ya aprobó, apoyado por los sindicatos, el aumento del 5% en las jubilaciones y pensiones que exceden el salario mínimo. Este reciente veto de Lula limita el aumento de los beneficios para los pensionistas que reciben el salario mínimo de 350 reales (161 dólares) o menos, según el Diario Oficial de la Unión.

De hecho, una investigación del instituto Datafolha, realizada por encargo del diario Folha de San Paulo, ha revelado que unos seis millones de brasileños de las clases D y E (dos de los estratos económicos más bajos) subieron de categoría y se ubicaron en la clase C a partir de la elección de Lula en 2002.

Es en esas clases es donde se concentra el mayor número de personas que dicen estar dispuestas a votar por el actual mandatario brasileño y reelegirlo para un nuevo mandato en los comicios de octubre.