En lugar de reducir la tensión generada durante la campaña, la resaca electoral y las consecuencias del polémico y ajustado recuento están acentuando aún más la profunda división de la sociedad mexicana. Después de una semana plagada de cruces de declaraciones y acusaciones mutuas, que culminará con el desembarco masivo, en el zócalo de la capital, de la marcha masiva de protesta convocada por Andrés Manuel López Obrador, dos actores (empresarios y sindicatos) acaban de unirse a la batalla de trincheras en que se ha convertido el proceso de elección del nuevo presidente.

El dibujo que ofrece la situación se completa ahora con un norte rico y conservador apoyado por los empresarios frente al sur pobre, partidario del candidato de izquierdas y ahora también claramente respaldado por los sindicatos.

Por un lado Agustín Rodríguez, presidente Colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) ha manifestado su apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Por otro, el Consejo Mexicano de la Industria de Consumo (CONMEXICO), organismo que agrupa a 41 de las empresas más importantes del país, rechaza las acusaciones realizadas por el candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), López Obrador, en el sentido de que Sabritas y Jumex, dos de sus miembros, lanzaron spots vinculados subliminalmente a favor de su adversario, el panista Felipe Calderón. Además, Enrique de la Madrid, presidente ejecutivo de la organización patronal, añade: "Lo más preocupante, señaló, es que el candidato del PRD ya esté dando nombres de empresas y personas, sin tener pruebas, poniéndolas en peligro, sólo para intimidar. Es condenable, sobre todo porque se trata de un candidato presidencial".

Incluso las instituciones se ven cuestionadas y se las acusa de haber tomado partido en el curso de la elección. Los funcionarios de los 300 distritos electorales del país mexicano, supuestos garantes de la imparcialidad, se han visto atacados durante la semana por Obrador y han iniciado este jueves la entrega de la paquetería de la elección presidencial en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) entre acusaciones de haber precipitado la apertura de parte de las sacas con el objetivo de invalidarlas. Obrador, ha llegado a utilizar el término "delincuentes" para referirse a los funcionarios y ha informdo además de que su equipo de abogados analizará la posibilidad de actuar legalmente en contra del presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde.

Ni siquiera gobiernos extranjeros u organismos internacionales se libran y se ven obligados a dar explicaciones por sus precipitadas felicitaciones a un Presidente electo que aún no es tal. Observadores internacionales son acusados también y Gerardo Fernández Noroña, portavoz del PRD declara a Americaeconomica que a Salafranca, al mando de la delegación, "se ha dejado ganar claramente por su posición de derechas". Incluso los ciudadanos son exhortados por unos (PRD) a salir a la calle y acusados por otros (Partido de Acción Nacional -PAN-) de amenazar el orden público. Para los primeros es una cuestión de libertad de expresión, para otros una campaña financiada de manera fraudulenta.

Tal vez sólo los obispos lo vean completamente claro. Para ellos la cuestión es más simple: Obrador no respeta que Calderón, por quien habían pedido el voto, ha ganado las elecciones. En realidad, Calderón también lo debe de tener bastante claro y ha presentado su gobierno de transición, enviado teletipos en los que se declara como ganador y concedido entrevistas a medios internacionales en los que asume esa condición. No obstante, es consciente de la necesidad de aunar consensos y de contar con apoyos legislativos. No quiere que le pase, de ser investido finalmente presidente, como al que fue su antecesor, Vicente Fox, y que vea bloqueados sus proyectos en la Cámara de representantes.

Tras el reparto definitivo de los escaños, el Partido de Acción Nacional (PAN) se ha confirmado como el partido mayoritario en ambas Cámaras mexicanas, pero no es suficiente. Según datos facilitados por el Instituto Federal Electoral (IFE), los 500 asientos de la Cámara Baja, se repartirán conforme a los siguientes porcentajes: 33,39% para el PAN; 28,99%, Partido de la Revolución Democrática (PRD); 28,21%, Partido Revolucionario Institucional (PRI). El Senado seguirá la misma jerarquía, con los siguientes porcentajes: PAN, 33,54%; PRD, 29,69%; PRI, 28,07%. Es decir, cualquier combinación es posible, hasta la del PAN con todos los partidos minoritarios.

Calderón incluso ofrece un puesto en el gobierno a Obrador, pero para el candidato de izquierdas esa posibilidad ni siquiera es concebible. Sólo hay un puesto que cree que le corresponda: la Presidencia. Sus medidas a seguir: 1) marcha nacional desde todos los distritos electorales del país hacia la Ciudad de México, "sin afectar derechos de terceros"; 2) nuevas "asambleas informativas" a congregarse en el Zócalo en este mes; 3) formar comités de difusión; 4) portar, un moño tricolor, como distintivo de su exigencia.

El objetivo: el recuento voto a voto. La duda: ¿Respetará Obrador el resultado del Tribunal Electoral Federal si no le es favorable? Su portavoz, Gerardo Fernández, nos ha asegurado que ese resultado es inapelable. La respuesta: A partir del 31 de Agosto el Tribunal tendrá que deliberar. Probablemente el 6 de septiembre llegue su respuesta.