El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), ubicado en La Haya, acaba de rechazar la petición de Argentina de paralizar la construcción de dos papeleras en Uruguay. Este fallo hará que continúen las obras de las fábricas, situadas en la frontera fluvial del río Uruguay, que separa ambos países. Estas industrias destinadas a generar celulosa para la exportación uruguaya y que comenzarán a funcionar en 2007 y 2008, han provocado un continuo roce entre los dos países, pues en Argentina consideran que las papeleras generarán un gran impacto ambiental en la zona y hará disminuir la calidad de vida de los ciudadanos que viven en las orillas del río. Aunque, según Montevideo, ambas fábricas cumplen estrictas medidas de seguridad.

Tras un mes de reflexión, la presidenta del TIJ, Rosalyn Higgins, ha leído el fallo sobre las medidas interpuestas por el Gobierno argentino. "Argentina no ha logrado convencer a este Tribunal del peligro inminente de contaminación presentado por las papeleras. Su construcción tampoco produce de momento un daño irreparable al entorno", afirmó.

Los sectores ecologistas argentinos ya consideraban que el rechazo a la medida cautelar era un resultado previsible, puesto que diversos analistas jurídicos habían señalado que resultaba prácticamente imposible que el Tribunal diera lugar a una medida cautelar favorable a Argentina. En palabras del presidente político de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, "la decisión argentina de recurrir a La Haya ha sido un grave error porque ha debilitado los canales de diálogo y ha generado expectativas equivocadas que se han prolongado durante meses que hubieran sido clave para el inicio de un diálogo bilateral".

Mientras tanto, el Ejecutivo argentino no considera esta sentencia como una derrota y ha calificado el fallo de "equilibrado" puesto que "no prejuzga el fondo de la cuestión". Postura que contrasta con la vivida en su país vecino. Los representantes uruguayos mostraron su satisfacción ante la decisión judicial y subrayaron que ésta ha sido tomada por 14 votos a favor y uno en contra. Para el embajador de Uruguay en La Haya, Carlos Mora, el hecho de que sea además vinculante y sin posibilidad de apelación, supone una doble alegría.

La relación entre Argentina y Uruguay se ha deteriorado bastante por este asunto, por el cual Uruguay amenazó incluso con salirse del Mercosur. Por su parte, el presidente argentino, Néstor Kirchner, convirtió la batalla en un tema de interés nacional, logrando incluso el respaldo de la oposición. Al final llevó el asunto hasta el Tribunal Internacional de La Haya, siendo éste el que no le ha dado la razón.

Las papeleras suponen una gran inversión con la que Uruguay se juega mucho, pues le costarán 1.800 millones de dólares (1.413 millones de euros), el 2,5% de su Producto Interior Bruto (PIB). La que está siendo levantada por la española Empresa Nacional de Celulosa S. A. (Ence) producirá 500.000 toneladas anuales de pasta de papel. De la otra se ocupa la finlandesa Botnia, que fabricará un millón de toneladas anuales.

Los ciudadanos argentinos de Gualeguaychú, que viven a seis kilómetros de Fray Bentos (la localidad uruguaya donde se están construyendo las plantas), comenzaron a organizarse hace varios años y crearon la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú para coordinar su oposición a los proyectos de Uruguay. En octubre de 2003, unas 4.000 personas se movilizaron. Dos años y medio más tarde, el número creció de forma significativa: entre 2005 y 2006 los manifestantes cortaron el paso fronterizo durante 80 días, 26 de ellos consecutivos, y el 30 de abril de 2006 más de 100.000 argentinos marcharon hasta el comienzo del puente San Martín, lo que dio lugar a la manifestación ambientalista más importante en la historia de Argentina. Según el Gobierno de Tabaré Vázquez, los cortes al paso fronterizo han generado pérdidas de 400 millones de dólares (315 millones de euros) a Uruguay.

Los que menos han perdido han sido los propietarios de Ence, la papelera española. Según las estimaciones de algunos analistas, el proyecto de Uruguay representa aproximadamente seis euros por acción en su valoración de la compañía, lo que supone unos 203 millones de euros para una empresa con una capitalización bursátil de 1.016 millones de euros.

El fallo del Tribunal de La Haya no ha causado sorpresa entre los analistas, ni en la cotización de Ence. El presidente de la compañía, Juan Luis Arregui, ha elevado sucesivamente su participación hasta el 12,69%.

De todas formas, aún hay consuelo para los habitantes de las orillas del río Uruguay: el Tribunal de La Haya ha dictaminado que se reserva el derecho de cerrar las dos papeleras de celulosa en caso de que contaminen.