La Casa Blanca ha presentado en estos días el segundo informe de la Comisión para una Cuba Libre, justo cuando faltan cuatro meses para que se celebren unas durísmas elecciones legislativas en EEUU (se renueva el Congreso y un tercio del Senado) y locales en las que el Partido Republicano lo tiene difícil y podría perder su actual mayoría parlamentaria y el puesto de gobernador del estado de Florida.

El primer informe de este grupo de expertos que dirige siempre el secretario de Estado de turno (entonces fue Colin Powell, ahora es Condoleezza Rice) se hizó público en mayo de 2004, cuando faltaban seis meses para las últimas elecciones presidenciales en las que Bush barrió a Kerry, pero el resultado final de los comicios aparecía incierto antes del verano y el actual inquilino de la Casa Blanca no podía olvidar que un puñado de votos de Florida le condujeron a la Presidencia en 2000 en un ajustadísimo, y discutible, triunfo sobre Al Gore.

En 2004, como ahora, la parte fundamental de estos documentos de recomendaciones para apoyar la llegada de la democracia a Cuba, no es otra que el presupuesto que la Presidencia va a conceder a las distintas organizaciones que luchan para cambiar el sistema de Gobierno en la isla.
El precio ha ido aumentado. Antes de 2000, bastaban siete millones de dólares, en 2004 fueron 20 y ahora el compromiso es más profundo, serán 80 millones en los próximos dos años, pero la factura se mantendrá luego invariada en 20 millones por ejercicio. Una buena oferta.

Por otro lado, un nuevo aumento presupuestario para la cadena Radio Televisión Martí ayudará a su vez a la oposición interna cubana.

La mayor parte del presupuesto irá a parar a esta oposición interna, una cantidad que se calcula es de 31 millones de dólares. Aunque el documento no explica cómo se lo harán llegar y algunas fuentes consultadas por Cuba Económica destacan que la mayor parte de esta dotación quedará, como de costumbre, atrapada en la red que actúa como intermediaria.

Otra buena tajada, en este caso sin cuantificar, irá a parar a la cadena Radio Televisión Martí para reforzar la potencia de sus emisiones de modo que lleguen efectivamente a la isla. Algo que no ha sucedido todavía durante los años en los que funciona, lo que no le ha impedido mantenerse viva, incluso rodeada de varios duros escándalos de corrupción.

Algunos analistas creen que RTV Martí conseguirá, al menos, dos tercios de los 24 millones de dólares presupuestados para romper el “bloqueo” informativo al que el régimen de Fidel, tendría sometidos a sus ciudadanos. El resto será para iniciativas en Internet. Las fundaciones internacionales que promueven la democracia en Cuba, a su vez obtendrán 15 millones de dólares. Un dinero que, en este caso, se repartirá sobre todo entre fundaciones amigas de los exiliados. A las españolas, también les tocará algo.

Además, las ONG de los líderes del ultracristianismo estadounidense, otro apoyo fundamental para Bush en 2004, también consiguen su parte. Participarán de un presupuesto de 10 millones de dólares destinados a programas de educación para ciudadanos cubanoamericanos.

El nuevo informe sobre la “liberación” de Cuba pone nombre a la oposición. El informe elaborado este año en Washington sobre las formas de impulsar la democratización de Cuba tiene sólo 93 páginas. Es lógico, el primero (2004) con 450, aportaba ya las líneas maestras del plan.

Pero hay algunas novedades curiosas. Por ejemplo, en este caso, se indentifica con nombres y apellidos a los componentes de la oposición interna que cuentan con el beneplácito de Washington y, por lo tanto son presuntos destinatarios del dinero de EEUU. Son Martha Beatriz Roque, Oscar Elías Bicet, Oswaldo Payá, Guillermo Fariñas y el grupo de las Damas de Blanco.

A todos ellos se les identifica como símbolos visibles de la lucha por la libertad. Algo que a la mayoría de los agraciados le ha gustado poco. Consideran que el informe aporta nuevos argumentos para que el Gobierno cubano pueda calificarles como “mercenarios al servicio del imperio”.
Otra recomendación flamante consiste en pedir al inquilino de la Casa Blanca que deje entrar en vigor el Título III de la Helms Burton. Se trata de la disposición que permitiría enjuiciar en EEUU a las empresas o a los ejecutivos que comercien ilegalmente con Cuba. Hasta ahora, tanto Clinton como Bush han aplazado cada seis meses su aplicación. Así se deja claro que en lo referente a las expropiaciones, las empresas son el objetivo.

Los ciudadanos cubanos podrán mantener sus actuales viviendas. Las expropiaciones son un tema delicado y poco popular para los ciudadanos cubanos que tienen sus títulos de propiedad sobre los lugares en los que habitan ahora. Por eso, sobre el particular, las autoridades se limitan a lanzar un mensaje de tranquilidad: “No habrá expropiaciones individualizadas y será el nuevo Estado quien se encarge de solucionar el agravio histórico”.

Un Estado que dispondrá de las posibilidades crediticias que le concedería su incorporación a los circuitos de crédito internacionales y su elegilibilidad para acceder a las ayudas del Banco Mundial, el FMI, y el resto de los prestamistas supranacionales. Además, Washington firmaría un Tratado de Libre Comercio con Cuba, en condiciones muy ventajosas para los nuevos responsables del país.

Las reacciones siguen el guión previsto. Tanto las autoridades cubanas como el lobby antiembargo de EEUU han criticado con dureza este nuevo informe. En Cuba, el encargado de líderar la contestación ha sido Ricardo Alarcón, actual presidente de la Asamblea del Poder Popular, que inició su campaña con la aparición en una mesa redonda en la que estuvo acompañado por varios periodistas de prestigio en el país caribeño.

Alarcón ha aprovechado la ola para publicar un duro artículo en Granma en el que vuelve a señalar la pasividad de la Unión Europea como prueba de la sumisión de su política exterior a los designios de EEUU. Y en los sectores moderados de Miami, sólo preocupa realmente que la recomendación de que no se puedan utilizar las tarjetas de crédito para pagar los, ya de por si restringidos, viajes directos a Cuba entre en vigor. El resto sería “más de lo mismo”.