El futuro en las relaciones entre Bruselas y el Gobierno español se presenta muy nublado. En sólo una semana, España ha recibido una sanción de la Comisión Europea (CE), una denuncia y una advertencia.

La batalla judicial, iniciada a raiz de la posición adoptada por Bruselas en torno a la OPA de Endesa, se agrava y ahora se suma al enfrentamiento la sanción impuesta a Telefónica. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo hoy que van a estudiar con detenimiento la multa de la UE a Telefónica, sobre todo "para considerar si pudo haber trato discriminatorio con respecto a los casos de otros países y actuar en consecuencia". El Ejecutivo comunitario multó a la operadora española con 151,87 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado mayorista de ADSL. Una sanción que supera con creces la de 12,6 millones de euros impuesta a Deustche Telekom o la de 10 millones a France Telecom.

Bruselas ya ha admitido que su disputa con la compañía presidida por César Alierta acabará en el Tribunal de Luxemburgo. Telefónica ha anunciado que recurrirá la decisión, la rechaza por "injustificada y desproporcionada" y en su defensa asegura que ha cumplido escrupulosamente con la normativa vigente impuesta por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). De hecho, el presidente del organismo regulador, Reinaldo Rodríguez, ha afirmado que no comparte la multa ni en los criterios ni en la metodología empleada y afirma que hubiese preferido que Bruselas sancionara a la CMT en lugar de a la operadora. "En este supuesto, el regulador habría tenido la oportunidad de participar en el proceso", añadió. Por ello, la multa de la CE podría crear una gran inseguridad jurídica que podría alterar los futuros planes de otras compañías.

Materia energética. El Ejecutivo comunitario prosigue con su 'persecución' a España en materia energética. A las denuncias contra las autoridades españolas por su actuación en el proceso de las OPA sobre Endesa, ahora se suma otra advertencia. Una portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario ha manifestado a americaeconomica.com que Bruselas "examinará exhaustivamente" las doce condiciones que ha impuesto la Comisión Nacional de Energía (CNE) a Enel y Acciona en la oferta por la eléctrica presidida por Manuel Pizarro.

La CE pretende verificar si las restricciones impuestas vulneran el artículo 21 del reglamento de fusiones, que da a Bruselas la competencia exclusiva de controlar las concentraciones de dimensión europea. Bruselas denunció a principios de año ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo el decreto de febrero de 2006 que amplió las competencias del organismo regulador y, además, declaró ilegales las condiciones que el regulador español impuso a la fallida OPA de E.ON sobre Endesa y las introducidas posteriormente por el Ministerio de Industria, también ante el Tribunal, aunque el gigante alemán ha desistido de la operación.

Trámites. Al margen de este enfrentamiento, la oferta de Enel y Acciona sigue su curso y va superando los trámites regulatorios. Si el miércoles fue la CNE quien aprobó la oferta con 12 condiciones, el jueves la CE dio el visto bueno. En este caso, Bruselas no ha impuesto ninguna condición porque considera que la oferta no obstaculizará de manera significativa la competencia en el mercado europeo. El Ejecutivo comunitario justifica su decisión explicando que los únicos mercados afectados por la fusión serían los de generación y suministro mayorista y minorista de electricidad en España.

Por si todo esto fuera poco, Bruselas ha dado hoy otro paso contra la fiscalidad española. En esta ocasión, la Comisión Europea ha decidido demandar a España por dos casos: el primero, por la exención en el pago del IVA a los premios de las loterías de la ONCE y de la Cruz Roja. El segundo, por el pago que reciben los registradores de la propiedad de las comunidades autónomas por el cálculo y la recaudación de los impuestos sobre sucesiones y transmisiones patrimoniales, que también está exento del IVA.

Condena. El Tribunal de Luxemburgo ha condenado a España por no adoptar en el plazo previsto la normativa europea que regula el derecho de los trabajadores a participar de la información y consulta en las empresas que trabajen. La batalla judicial no sólo está presente el sector energético y el de las 'telecos'.