Desde que el jueves de la semana pasada se produjera la primera explosión en la central que la compañía petrolera mexicana Pemex tiene en el estado central de Guanajuato, seguidas por otras en instalaciones estratégicas que la empresa posee en otros estados del país, la Procuraduría General de Justicia de la nación no ha dejado de investigar las causas de las mismas, aún cuando el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se atribuyese la autoría de los actos vandálicos en un comunicado.

Tras el sabotaje en la planta de Guanajuato, otras detonaciones han afectado a diversos puntos del gasoducto México-Guadalajara, que cruza el país de este a oeste, entre los estados de Tabasco y Guadalajara, con una longitud de 1.232 kilómetros de largo.

En declaraciones a Americaeconomica.com, la funcionaria de Pemex Marta Avelar ha confirmado que probablemente el suministro quedaría normalizado a partir de la tarde del viernes, tras concluir las reparaciones de la refinería de la compañía en la cuidad de Salamanca, cuyos daños provocaron la paralización de un 65% de sus trabajos, mientras que el suministro en la zona de Crétaro discurría con normalidad desde la madrugada del viernes.

Además, la funcionaria, que confirmó que las explosiones se había producido en las casetas de mantenimiento de la compañía (donde se encuentran las llaves de las instalaciones), ha explicado a este diario que Pemex ha puesto en marcha un sistema alterno de distribución de gasolina por tierra desde otras terminales, con el objeto de minimizar los daños.

Sin embargo, Avelar eludió comentar la supuesta autoría de los hechos, así como el estado actual de las investigaciones, que llevan las fuerzas de seguridad de la República.

El mismo día que la Procuraduría adelantaba a la opinión pública que las investigaciones preliminares concluían que las explosiones habían sido provocadas, ya que éstas "se registraron fuera de los ductos (tuberías), simultáneamente y bajo un mismo patrón técnico", el pasado martes, el EPR, grupo armado guerrillero originario de los estados sureños de Oaxaca y Guerrero, se inculpaba de las mismas, en un comunicado en el que afirmaba que estos actos forman parte de "una campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía y de este Gobierno ilegítimo".

El Ejército Popular Revolucionario permanecía aparentemente inactivo desde su nacimiento en la pasada década, cuando perpetró algunos de sus actos más violentos. En su comunicado, el grupo explicó que las explosiones fueron programadas por tres pelotones formados por unidades urbanas y rurales, apoyadas por milicias populares, con el objetivo de llamar la atención del presidente de la nación, Felipe Calderón, así como el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.

En respuesta, el Gobierno central, presidido por el conservador Felipe Calderón, repudió los hechos, "que sólo destruyen y a nadie benefician" y anunció un incremento de las medidas de seguridad en las instalaciones estratégicas de la compañía, mediante una operación que movilizó a un grupo de élite del Ejército, en una operación comparable a las adoptadas en casos de crisis internacionales.

El pasado jueves, Pemex aseguraba que, gracias a los trabajos de rehabilitación, en la madrugada del viernes quedaría completamente restablecido el suministro, que ha afectado a centenares de industrias, obligadas a suspender su actividad, sobre todo las situadas en el estado occidental de Jalisco.

Además, responsables de la empresa han asegurado que Pemex cuenta con un seguro por valor de 300 millones de dólares (218,17 millones de euros) para cubrir los daños ocurridos en sus instalaciones, así como otro de 100 millones (72,72 millones de euros) para enfrentar las responsabilidades a terceros.