El último mes ha estado plagado de manifestaciones en Perú. Sus sindicatos se movilizan y las protestas se suceden entre destrozos, violencia, arrestos, heridos y represión policial. Médicos, agricultores y educadores y otros sectores sociales muestran su rechazo a la politica del Gobierno peruano.

Luis Isarra Delgado, secretario regional de Defensa de la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP), ha informado a Americaeconomica.com que convocará una huelga general si el Gobierno peruano elimina los decretos "represivos" que presentó para reducir las protestas en el país. El sindicato se une al descontento de médicos, mineros, agricultores y educadores que han producido en el país desde hace varias semanas.

Isarra declaró a este diario que el sindicato reclama un mejor reparto de la riqueza, la reducción de los precios de artículos de consumo, un aumento general de salarios y la revisión inmediata de los contratos que el Gobierno negocia con el sector privado. El sindicato, afirmó Izarra, ha decidido otorgarle "una tregua para que reflexione" pero emplazó al presidente a que anuncie la derogación de los decretos y un cambio en su política en el discurso que debe dar el 28 de julio, día en el que se celebra la Fiesta Nacional de Perú.

El Gobierno peruano pretende eliminar las protestas utilizando a la justicia y a las fuerzas del orden público. Sus últimas medidas otorgan inimputabilidad a la Policía y Fuerzas Armadas cuando intervengan en las manifestaciones, mientras que, como declaró Isarra, "pretende criminalizar" a dirigentes y manifestantes para "acallar las voces de protesta que se alzan el país".

La decisión del presidente de Perú, Alan García, de impulsar una serie de decretos que penarán a los funcionarios que participen en cualquier protesta en contra del Gobierno mantienen al país en alerta. García afirmó que "no se pueden enfrentar al Estado del que ellos forman parte como funcionarios públicos" con lo que parece identificar gobierno con estado. Isarra declaró que esta medida "ha causado gran indignación en el país y ha hecho que nos unamos todavía más".

Isarra calificó la situación de "demasiado grave" y demandó "el cese de la persecución de los protestantes". Afirmó aemás que "varios analistas han manifestado que estas medidas son inconstitucionales" y que "el ejecutivo se está excediendo sus funciones". Según su opinión, si el Gobierno no rectifica "esto va a explotar".

Las protestas de la CGTP se unen a las protagonizadas por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), que engloba a los trabajadores de la educación pública del país. La orgnización critica la ley de la carrera pública ministerial, que plantea el despido de los maestros que no aprueben unas evaluaciones periódicas en tres ocasiones consecutivas.

Además, la Federación Médica Peruana se manifestó para que el Gobierno del país andino realice un incremento sustancial del presupuesto del sector Salud e implemente el Sistema Único basado en la seguridad social universal. Otra organización, la Confederación Nacional Agraria, que ya ha anunciado que continuará con su protesta contra el Tratado de Libre Comercio con EEUU.

Consecuencias en el turismo. Perú perdía 15.000 visitantes extranjeros por las huelgas convocadas en la nación andina durante las últimas semanas. La ministra de Transportes y Comunicaciones de Perú, Verónica Zavala, afirmó que para paliar estas cancelaciones el Gobierno impulsaría las conexiones aéreas con Asia y Australia para incrementar el número de turistas un 20%. Sin embargo, la amenaza de paro general hace suponer que esta medida no será efectiva.

La sociedad peruana no acepta que la economía de este país mejore cada día y que vea aumentar sus ingresos y su producto interior bruto (PIB) sin que los trabajadores vean que sus demandas salariales son escuchadas y que su poder adquisitivo mejore.

Un ejemplo de las oportunidades económicas en Perú es la apuesta que por el país ha hecho la compañía brasileña, Vale de Rio Doce (CVRD), la mayor fabricante mundial de mineral de hierro y la segunda en níquel y manganeso, que invertirá 479 millones de dólares (346 millones de euros) en un proyecto para la construcción de una planta de procesamiento de fosfatos y la construcción de un puerto que permitirá la exportación de ese producto en el norte de Perú, según ha anunciado el presidente peruano.

La compañía ganó en 2005 la concesión del yacimiento de fosfatos de Bayóvar, en la región de Piura, el noveno mayor depósito de fosfatos del mundo y cuenta con reservas de al menos unos 800 millones de toneladas, según cifras del Gobierno peruano. García afirmó que la planta procesadora de fosfatos de CVRD que se construirá en Piura podría comenzar a producir y a exportar el recurso a partir del año 2010. CVRD planea producir en su planta de Perú unas 3,3 millones de toneladas anuales de fosfatos, utilizados en fertilizantes, para exportarlo principalmente al mercado de Asia.

Seguramente la CGTP estará vigilante ante este nuevo contrato ya que, como denunció Izarra a este medio, "existe una total de transparencia" en las licitaciones que concede el Gobierno peruano y denuncio "la situación de privilegio que gozan las empresas mineras en el país, ya que están exentas de pagar impuestos", declaraba García.