Tras acusar a Petrobras de “sabotaje” por la escasez de gasóleo que ha padecido Bolivia durante los últimos días, el Gobierno boliviano ha exigido a la compañía estatal brasileña cumplir con el abastecimiento de gasóleo a los consumidores locales. Jorge Alvarado, presidente de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), adelantó que este hecho se debió a que Petrobras aún no había recibido las notas de crédito fiscal por parte de Bolivia, una subvención a este combustible que importa YPFB la compañía y que, según admitió Alvarado, el Gobierno incumplió.

El Ejecutivo de Bolivia ha tardado un mes en pagar la deuda que tenía con la operadora brasileña, un dato que obstaculizó el suministro de gasóleo por parte de Petrobras. El presidente de YPFB asegura que, en otras ocasiones, Petrobras esperaba hasta cuatro meses las notas de crédito fiscales y que ahora tan sólo ha tardado un mes para cortar la exportación por la falta de pago.

Petrobras, que en Bolivia tiene una filial dedicada a la distribución de combustibles, desestimó las acusaciones de “sabotaje” alegando que la escasez se había originado por las dificultades del transporte en Brasil y Argentina, países desde los cuales se abastece al país andino.

El viceministro de Industrialización y Comercialización del Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia, William Donaire, informó sobre la petición cursada a Petrobras como respuesta a las quejas suscitadas entre los sectores necesitados de gasóleo y las regiones por la falta del carburante.

Donaire indicó que los bolivianos se sentían desabastecidos por parte de Petrobras, porque desde el 24 de mayo, cuando las partes firmaron un convenio para la reanudación del suministro, debería haber comenzado a exportar la cantidad suficiente de diesel para surtir al mercado local. El viceministro añadió que, tras el pago, la firma de Brasil había reanudado las adquisiciones de diesel y que a finales de semana se restablecería la entrega de los volúmenes requeridos por el mercado boliviano.

Pero desde otras divisiones empresariales del sector petrolero en Bolivia han achacado la escasez de diesel al cambio que se ha producido en la forma de trabajar en el país, como ha asegurado Luis Mustafá, secretario general de la Asociación de Surtidores de Bolivia (Asosur). Mustafá indica que las compañías mayoristas tienen que hacer el pago de las compras totales al contado, y esto ahora es muy poco posible porque no disponen de la liquidez suficiente.

El Gobierno boliviano ratificó que el aprovisionamiento de diesel correrá a cargo de YPFB a partir del próximo mes de julio, según ordena el decreto que dispuso la nacionalización de los hidrocarburos el pasado 1 de mayo. Además, Bolivia comenzará a recibir 200.000 barriles diarios de combustible diesel desde Venezuela a cambio de soja, en cumplimiento de un convenio suscrito este año por los presidentes Evo Morales y Hugo Chávez.

Vuelve la calma. Los 3.000 militares que vigilaban 56 campos petrolíferos de Bolivia van a retirarse de este cometido tras la última orden del presidente boliviano, Evo Morales. Los agentes ocupaban la zona desde el pasado 1 de mayo, cuando se decretó la nacionalización de los hidrocarburos. Morales les ha felicitado por participar en el Plan Estratégico Operativo “Héroes del Chaco”, destinado a garantizar la seguridad de los yacimientos tras la entrada en vigor de la polémica ley.

Morales asegura que ya ha pasado el tiempo suficiente para que se restablezca la calma en los pozos petroleros y por ello ya no es necesaria la presencia militar. El presidente indicó la buena disposición de las Fuerzas Armadas para participar en el desarrollo productivo y económico del país.

El Gobierno boliviano estableció un ranking para indicar las zonas que necesitaban más o menos protección. Así, la "zona roja" estaba conformada por los pozos con mayor concentración de hidrocarburos, correspondientes a Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca; la "zona amarilla" para los que contenían una concentración secundaria de este recurso (Cochabamba y La Paz) y la "zona verde", sin concentración de hidrocarburos (integrada por Potosí, Oruro, Beni, Pando).

Pdvsa operará donde nadie quiere. El Gobierno boliviano ha afirmado que la compañía Petróleos de Venezuela (Pdvsa) actuará en los campos de gas de Bolivia operados por la brasileña Petrobras y de los que es socia la empresa hispano-argentina Repsol YPF. Jorge Alvarado calificó de "malintencionados" los rumores sobre la supuesta entrada de la petrolera venezolana en los yacimientos San Alberto y Sábalo.

Alvarado aseguró que la inversión de Pdvsa en Bolivia, de aproximadamente 2.000 millones de dólares (1.555 millones de euros) en diferentes áreas, se realizará en aquellos lugares donde las empresas trasnacionales no hayan querido entrar por existir mayores riesgos. La petrolera venezolana tendrá una participación del 49% en esos negocios y la boliviana el 51% ciento.

El ejecutivo añadió que las exploraciones de la empresa de hidrocarburos venezolana llegarán hasta las zonas vírgenes de Bolivia en 20 ó 30 años. Asimismo, el presidente de YPFB rechazó las versiones sobre una posible salida de Petrobras de Bolivia, después de la nacionalización de las refinerías de esa petrolera en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba.

Los dos campos producen el 70% del gas exportado a Brasil y con la nacionalización de los hidrocarburos, las empresas que operan en ellos deben pagar el 82% de impuestos.

Por la seguridad jurídica de los inversores. Los gobiernos de Bolivia y España van a establecer las bases para la firma de un Convenio Bilateral de Asistencia Jurídica, Civil y Mercantil, cuyo objetivo será el establecimiento de seguridad jurídica para las inversiones. El ministro de Justicia español, Juan Fernando López Aguilar, junto con su homóloga boliviana, Casimira Rodríguez, mantuvieron un encuentro bilateral esta semana en Santa Cruz de Bolivia donde hablaron de la actualización del marco jurídico bilateral, que hoy en día es inexistente en el ámbito civil y mercantil de Bolivia.

El titular español de Justicia alegó que gracias a este diálogo se va a salvaguardar la seguridad jurídica de las empresas españolas que invierten en el país andino. López Aguilar aclaró además que actualmente España se rige por el derecho internacional a la hora de velar por la jurisdicción de las empresas que operan en otros países. El ministro añade que este es un marco que puede perfeccionarse con un convenio que regule la relación jurídica bilateral específica en materia civil y mercantil, y por ello ha propuesto a Bolivia el comienzo del diálogo.

Aguilar asegura que un convenio bilateral en esta materia va a ser bueno porque proporcionará una seguridad jurídica a las transacciones económicas y comerciales y, por tanto, no dañará la confianza de los inversores españoles.

El convenio va a negociarse de forma inmediata aunque la relación que concierne a las empresas que mueven el principal volumen de inversiones en Bolivia está en estos momentos encuadrada por el decreto de nacionalizaciones, que ha establecido una pauta temporal de 180 días para la renegociación de los intereses españoles. Por ello, no será posible que este convenio esté firmado antes de esos seis meses.

Adiós a la Cámara de Hidrocarburos. El presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, Enrique Menacho Roca, presentó el pasado 31 de mayo al Directorio su renuncia irrevocable. El ya ex mandatario de cartera presidencial de esta entidad estatal ha alegado razones empresariales específicas que le impedían dedicar toda su productividad a la dirección de la Cámara.

José Magela Bernardes, el que hasta ahora era el vicepresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, será el sustituto de Menacho Roca, de acuerdo con los estatutos vigentes de la entidad y la procedencia establecida en los mismos.