Los terratenientes de la región oriental de Bolivia han establecido un plan local de dotación de tierras como desafío a la revolución agraria fomentada por Evo Morales. Según indicaron fuentes institucionales del país a este diario, la pugna verbal entre el poder de esta zona y el central ha abierto varios frentes contendientes, que buscan solventar el debate abierto sobre los latifundios del lugar.

La mismas fuentes aseguran que es poco probable que se suscite la lucha armada entre los grandes latifundistas y el Estado boliviano, porque no creen que se apruebe el punto más conflictivo de los que promueve Morales para su "reforma" agraria: revertir las tierras improductivas de la zona oriental, donde no llegó la reforma agraria que se produjo hace ya 53 años. Esta reforma se dio de forma más directa en el occidente andino y llegó muy superficialmente a las tierras bajas y amazónicas de Santa Cruz, Beni (noreste) y Pando (norte), donde Morales focaliza ahora su acción política.

Tras el anuncio del presidente boliviano de formular determinados decretos que ayuden a efectuar la reforma de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria, con los que pretende sanear las tierras del país andino y aligerar los trámites de la implantación de la reforma, el gobernador del distrito de Santa Cruz (situado en la región oriental boliviana), Rubén Costas, ha hecho público su Plan Operativo de Acceso y Uso Sostenible de los Recursos Naturales Renovables.

Costas ha constituido tres comisiones de alcance estrictamente regional y ha pedido al Gobierno una política regional de tierras para la zona, con el fin de evitar la expropiación. El plan apunta al reparto de tierras en el territorio jurisdiccional de Santa Cruz, sólo a indios y campesinos oriundos. Pero el Gobierno ha indicado que el único que puede tomar decisiones en materia de distribución de tierras es el Ejecutivo.

Como respuesta al pronunciamiento de la prefectura de Santa Cruz, el Gobierno anunció el pasado lunes la entrega de 2,5 millones de hectáreas de tierras fiscales del Estado que se titularían rápidamente, para el próximo mes de agosto, a la comunidad india y campesinos bolivianos pobres.

Morales se ha propuesto distribuir a lo largo de su mandato, según fuentes institucionales, al menos 14 millones de hectáreas de tierras fiscales saneadas y revertidas al Estado entre los que menos tierra tienen. Estas tierras se supone serán confiscadas a especuladores y latifundistas que se beneficiaron en su día de la corrupción dominante en el país para suscribir títulos ilegales de apropiación de los latifundios, si logran aprobarse los decretos promulgados por Morales.

El presidente de Bolivia pretende eliminar el bajo impuesto de las tierras para que los propietarios latifundistas tengan que justificar el uso de las mismas, y cumplir así literalmente con el texto de la Ley Agraria. Pero lo que debe evitar es que la zona oriental caiga en el minifundismo, un problema que afecta a la zona andina desde la anterior reforma agraria.

Otro problema que ha surgido respecto a las tierras es el de la frontera con Brasil. La ley boliviana prohíbe el cultivo en un radio de 50 kilómetros desde la frontera para salvaguardar la soberanía del país. Por ello, el Gobierno de Bolivia culpa a los propietarios brasileños de haber cogido esas tierras ilegalmente, lo que podría provocar un conflicto entre los dos países.

El inviable Gran Gasoducto. Los ministros de Energía de Bolivia, Brasil, Argentina y Venezuela, promotores del Gran Gasoducto del Sur, pospusieron la reunión que iban a mantener esta semana para finales de mes, con el fin de discutir los detalles de la construcción de este ambicioso proyecto. El motivo de la postergación del encuentro, según han asegurado portavoces de los gobiernos, se ha debido a los problemas de agenda de la mayoría de ministros. La fecha de la reunión está aún por fijarse.

El encuentro de los representantes de estos países, inicialmente prevista para este miércoles en Caracas, estará precedido por la reunión de los siete equipos técnicos encargados del estudio de los problemas ambientales, la ingeniería, la ruta y otros detalles vinculados al gasoducto. El proyecto de construcción se calcula que finalice hacia el año 2017, y supondrá un coste de 20.000 millones de dólares (15.453 millones de euros).

El gasoducto recorrerá cerca de 8.000 kilómetros desde Venezuela hasta Argentina, a través de Brasil, e incorporará el gas natural producido por Bolivia. Además permitirá la conexión con ramales procedentes de otros países latinoamericanos.

Hugo Chávez, presidente de Venezuela, ha asegurado que el gasoducto suministrará energía durante al menos 150 años a los países de la región. Además, añade, este proyecto va a suponer un salto cuantitativo para el desarrollo de cada uno de los países a los que abastezca. En el proyecto intervendrán compañías petroleras estatales, tales como Enarsa, de Argentina, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), así como la brasileña Petrobras (cuya inclusión está supeditada a que Venezuela confirme y certifique sus reservas de gas natural).

Pero fuentes institucionales han asegurado a Americaeconomica.com que este proyecto realmente no interesa a Bolivia por su escaso sentido económico, por la gran inversión que se necesita para su puesta en marcha y por el impacto medioambiental que suscitaría, según han establecido algunos expertos del país andino. Lo que realmente interesa a Bolivia, añaden, es que sea su gas el que suministre a las regiones por las que pase el gasoducto, en caso de construirse. Además, estas fuentes aseguran que el proyecto realmente es una estrategia del Gobierno de Venezuela de cara a los demás países latinoamericanos, para potenciar su hegemonía en la zona y a escala internacional.