El Congreso de EEUU ha modificado la ley que hasta ahora estaba vigente en EEUU sobre la venta de alimentos a Cuba, que obligaba a la Isla a abonar las cargas antes de que salieran del puerto. Un anacronismo, porque las normas internacionales dictan que la mercancía sea pagada cuando llega a su destino.

Al parecer, esta decisión sólo afectaba a los granjeros, pues desde que se impuso esa nueva ley, la venta de maíz a Cuba descendió un 21%, las ventas de carne a la isla descendieron un 26% y el trigo también cayó un 17%. Éstas no han sido las únicas propuestas que el Congreso ha estudiado, además de la modificación de la venta de alimentos a Cuba, otras dos propuestas fueron estudiadas - aunque denegadas ambas - por los congresistas.

Una pedía el cese de la política de embargo sobre la isla, mientras que la otra pedía que se volviesen a autorizar los viajes de estudiantes - que tiene como objetivo estudiar la cultura de Cuba - a la isla. La primera propuesta fue rechazada por 245 votos en contra y 181 votos a favor, mientras que la segunda tampoco fue reñida, y los 236 votos en contra se impusieron a los 187 a favor.

Sin embargo, otra noticia positiva para Cuba ha sido la oposición de La Cámara de Representantes a una nueva ley que quería llevar a cabo el congresista republicano del estado de Florida, Lincoln Díaz-Balart, de origen cubano. Esta ley pretendía exigir a los diplomáticos y a los grupos de presión cubanos - y de todos los países considerados “estados terroristas” por EEUU, entre los que se encuentran Irán, Siria, Sudán y Corea del Norte entre otros - que hiciesen públicos ante el fiscal general sus contactos legislativos.

La ley fue denegada con 263 votos a favor y 159 en contra, pues se requieren al menos dos tercios de la Cámara (es decir, 286 votos) para poder suspender las reglas vigentes y aprobar nuevas leyes. A pesar de no haber sido aprobado el proyecto de ley, la oficina de Díaz-Balart guarda las esperanzas en que en un futuro no muy lejano entre en vigor esta iniciativa, para así mantener informada a la población de “cuándo un régimen está pagando por representación aquí en Washington, y qué contactos están siendo hechos...para intentar influir en los funcionarios”, afirmó el político. Sin embargo, varios representantes - en su mayoría demócratas - han afirmado que esta ley, en caso de aprobarse supondría “dar un paso atrás en las relaciones diplomáticas entre EEUU y Cuba”.

Además, las penalizaciones que fijaba el proyecto del representante de Florida, en caso de que no se cumpliese el mismo, van desde multas superiores a los 10.000 dólares hasta penas de cinco años de cárcel. Esta ley, en caso de que finalmente se apruebe en un futuro, afectaría sobre todo a Cuba, Siria y Sudán, que son los países que mantienen sedes diplomáticas o intereses económicos en EEUU, mientras que ni Corea del Norte ni Irán se verían afectados por ésta.