Casi dos meses después de lo previsto, el pasado domingo llegó al puerto de Kingston (Jamaica) un cargamento de 8.000 toneladas de cemento, procedente de Cuba. Según manifestó Colin Campbell, ministro de Información jamaicano, el envío es la primera entrega de las 72.000 toneladas de cemento que llegarán en los próximos tres meses desde La Habana. Este acuerdo, finalmente cristalizado, supone el último esfuerzo del Gobierno de Jamaica por poner fin a una crisis de suministro de cemento que amenazó la estabilidad de la isla.

De hecho, esta situación incluso ha puesto en peligro la cabeza del ministro de Industria, Tecnología y Comercio, Phillip Paulwell, a quien muchos acusan de no haber tomado las medidas que hubieran impedido la crisis. En un hecho insólito en la política jamaicana, la oposición se plantea una especie de moción de censura contra el Ministro, uno de los más estrechos aliados de la primera ministra del país, Portia Simpson Miller.

La crisis alcanzó su cénit en marzo. Después de que, por orden del Gobierno, la local Caribbean Cement Company Limited (CCCL), de capital de Trinidad y Tobago con participación minoritaria de Cemex México, se viese obligada a suspender su producción. La situación de monopolio de la que, de hecho, gozaba esta compañía provocó una parálisis también total en el suministro, con lo que llegó a existir una falta total de cemento. Consecuencias: retraso de las obras y un incipiente mercado negro. La construcción de carreteras y autopistas se vió suspendida o atrasada, así como las de nuevos aeropuertos, la ampliación del puerto y también el proyecto estrella para el Mundial de cricket de 2007: la remodelación del estadio Parke Sabina. Además, las obras de construcción de hoteles se detuvieron durante varias semanas y, en particular, las de dos grupos españoles: Piñero e Iberostar.

Para completar el panorama, según el Instituto de Planificación de Jamaica, más de 100.000 personas que trabajaban, directa o indirectamente, en el sector de la construcción se vieron afectados y, en muchos casos, perdieron su trabajo. En términos globales, la crisis supusó diariamante para el país una pérdida de 100 millones de dólares, según afirma el anterior presidente de la Asociación de Construcción de Jamaica, Don Mullings. Cifra que se ha traducido en una reducción de la tasa de crecimiento económico nacional del 3%, estimado para la primera parte del año, a un 1,4%.

Pero la crisis venía de lejos. En 2005, la propietaria de CCCL, el Grupo Trinidad Cement Limited (TCL), se comprometía a invertir 113 millones de dólares en la fábrica de Jamaica, con el objetivo de doblar su producción (que pasaría a ser de dos millones de toneladas al año). A cambio, obtuvo grandes ventajas y medidas proteccionistas del Gobierno que, al subir la tasa arancelaria de importación de cemento en torno al 40%, hacía inviable la importación. Los problemas empezaron ya a mediados de 2005, tan sólo unos meses después de que se hubiesen iniciado los preparativos para las obras, la llegada de un huracán forzó la producción durante días y el material acumulado se vio afectado.

Como resultado, al cabo de menos de dos años las promesas de inversión no se habían concretado y el resultado era el de un monopolio de facto que no había sido capaz de responder al incremento de demanda de cemento nacional. En efecto, en mayo, con posterioridad al estallido de la crisis, la propia relaciones públicas de CCCL, Lystra Sharp, se veía obligada a reconocer que la compañía no era capaz de cubrir más que el 75% de la demanda. Además, la compañía tampoco había sido capaz de corregir la tendencia a la baja en la calidad de producción que los parámetros mostraban. Una tendencia que, según un informe que Paulwell presentaría posteriormente en el Parlamento, ya era evidente en junio de 2005.

A comienzos deste año llegaron las primeras quejas, pero fue en marzo cuando se manifestaron de manera unánime. La calidad de la mezcla de cemento y los problemas derivados al manipularlo hicieron coincidir a los constructores en una protesta que obligó al Gobierno a intervenir parando la producción y a la CCCL a tomar medidas. El 5 de marzo, la compañía reconocía haber distribuido cemento defectuoso e hizo pública su intención de reponerlo, al tiempo que se iniciaron investigaciones internas. El 6 de junio, una auditoría interna atribuía la responsabilidad del fallo a los sistemas de calidad de la planta de Rockfort y el director general, Anthony Haynes, cifraba en 550 toneladas la cantidad de cemento defectuoso que se había distribuido desde noviembre. Unos 160 millones de dólares se destinaron al objetivo de reparar daños, pero las quejas se mantenían: esta cifra servía para reponer el material defectuoso, pero no para compensar las péridas derivadas de la parálisis de la construcción.

En paralelo a la crisis, el Gobierno se veía obligado a dar marcha atrás en la subida a las tasas arancelarias que, en cierta medida, explica el origen de esta crisis. En un primer momento, se rebajó al 15% el arancel (común para todas las importaciones de fuera de Caricom) para las importaciones de cemento para, con posterioridad, eliminarlo totalmente. Una medida que, ya a finales de 2003, la Asociación de Construcción de Jamaica y el portavoz de la oposición en materia de Finanzas, Audley Shaw, habían considerado necesaria, al cuestionar la capacidad de la CCCL de cubrir la demanda estimada de la industria para 2005.

Las dificultades en el transporte de este material, junto con el déficit de producción existente en la región debido a la gran demanda existente en EEUU para la reconstrucción tras los daños ocasionados por el huracán Katrina, hicieron rectificar al Gobierno en su propósito inicial de limitar esta rebaja a tan sólo tres meses. La primera ministra, Simpson Miller, se vio obligada a intervenir directamente alargándola al menos durante un año y moviendo al Gobierno a buscar desesperadamente contratos de suministro en diversos países. Así, tras un acuerdo inicial con la división de Cemex en Venezuela, ha llegado el reciente acuerdo con Cuba y, en vista de que la crisis de suministro derivada del Katrina, está previsto que se prolongue durante los próximos años, se buscan acuerdos también con Colombia, Trinidad, México e incluso Ucrania.

Aunque parece haberse recobrado la tranquilidad en el sector y la oferta se ha estabilizado gracias a estas importaciones y a la vuelta a la producción de la planta de Carib Cement, el malestar general sobre cómo se ha gestionado la crisis podría resultar crítico para la popularidad, aún alta, de Simpson Miller, que anuncia ahora un programa de trabajo para desempleados jóvenes, poco cualificados (los más afectados por esta crisis y, precisamente, importante sustento electoral de la primera ministra).

La llegada de este cargamento supone así un alivio inmediato para el ministro de Comercio, Industria, Teconología y Energía; apoyado de nuevo por Simpson Miller, ante la renovada intensidad de las críticas de la oposición. Aunque la llegada del primer barco estaba prevista en abril, Paulwell explicó que el retraso se había debido a problemas derivados de lo complicado del transporte de este material. Explicó también que tan pronto como se hubiese completado el proceso de descarga, el barco volvería a Cuba en busca de un segundo cargamento.

Finalmente, Paulwell afirmó: "En una semana o dos, las ventas para este año superarán las del año pasado y la crisis que afrontamos es la de cómo afrontar la demanda adicional. Vamos a asegurar que la crisis del cemento, en términos de suministró, quedará superada", pero "tendremos que continuar importando si el sector privado falla a la hora de asegurar el suministro que necesitamos". Teniendo en cuenta los precedentes, no cabe duda de que de ello dependerá en gran parte el futuro político de Paulwell.