Evo Morales se ha enfrentado al Tribunal Constitucional (TC) después de haber presentado una demanda para que el Parlamento boliviano juzgue a cuatro magistrados por presuntos actos de corrupción. Y el TC ha respondido a la "intromisión" del presidente presentando un recurso de "incompetencia del Congreso" para procesar a sus cuatro miembros.

La presidenta del Constitucional, Elizabeth Iñiguez, dijo a este respecto que “el Legislativo no puede ejercer funciones jurisdiccionales como juez penal”, y entonces no puede juzgar ni aplicar sanciones previstas por el Código Penal, que es atribución exclusiva del Poder Judicial”.

El enfrentamiento se agravó después de que los cuatro magistrados perseguidos por el presidente reiteraron el miércoles, ante el Congreso Nacional, que el Parlamento no tiene la “competencia necesaria” para abrir causa penal contra ellos.

Los cuatro miembros del Constitucional fueron obligados a comparecer ante la Cámara de los Diputados por haberse negado a presentarse anteriormente, después de que el presidente decidiera llevarlos a juicio por presuntos delitos de prevaricación y actos contrarios a la Constitución. En concreto, Evo planteó la acusación como reacción a la decisión del TC de cesar en sus funciones a cuatro magistrados interinos de la Corte Suprema designados por el mandatario.

Poco antes de la comparecencia, la presidenta del Tribunal Constitucional, también rechazó las acusaciones de Evo Morales, afirmando que el organismo ha “obrado con absoluta independencia y sentimiento a la Constitución". Iñiguez insistió en que "el Legislativo solo puede llevar a autoridades estatales a juicio de responsabilidades en el marco de un juicio politico que, de modo general, juzga el desempeño del funcionario y llega al maximo a su destitución o inhabilitación".


Para solucionar la crisis del poder judicial, el Gobierno de Evo Morales y los seis prefectos opositores (gobernadores), de los nueves del país, mantuvieron una reunión el pasado lunes. El encuentro fracasó, según declaraciones de ambas partes a la prensa local.

El Ejecutivo rechazó la propuesta de los prefectos de detener el juicio de responsabilidades contra los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional porqué, a su parecer, los cuatro miembros del TC acusados de prevaricación serían un obstáculo para el diseño del nuevo modelo de Estado, que se prevé fundar con la nueva Constitución que será presentada el próximo 6 de agosto.

De otro lado, los prefectos comentaron a los medios que la confrontación del poder ejecutivo con el poder judicial genera inseguridad jurídica y puede comprometer el destino del propio país, porque pone en riesgo la institucionalidad democrática.

Y, para cubrir las vacantes creadas por el TC en la Corte Suprema, el Parlamento Boliviano se reunió el pasado míercoles. El Congreso trazó una línea común en los criterios de selección y será llamado a pronunciarse nuevamente la próxima semana.

Finalmente se establecieron 10 mecanismos clave, entre los cuales se encuentra la imposibilidad de elegir a aspirantes que defendieron en alguna ocasión a narcotraficantes, o a algún país extranjero, dañando los intereses de Bolivia.

Tampoco se podrá a elegir a quien ha defendido o ha participado en dictaduras y a quien ha violado los derechos humanos; mientras que la propuesta del Movimiento Al Socialismo (MAS) de vetar a quienes hayan apoyado la 'capitalización' produjo un vivo debate.

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