La Comisión Europea (CE) tiene previsto emprender acciones judiciales contra el Gobierno español por las condiciones que impuso a Enel en el proceso de OPA por Endesa. Así lo han asegurado fuentes del Ejecutivo comunitario a El Boletín.

La normativa vigente en la Unión Europea impide a los gobiernos que interfieran en la libertad de movimientos de capitales. Según Bruselas, España lo ha incumplido y, por ello, llevarán a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. El pasado viernes, el comisario de Energía del Ejecutivo comunitario, Andris Piebalgs, dijo que la Comisión estaba estudiando si la obligación que impuso el Gobierno español a la eléctrica italiana, como condición para levantar los límites a los derechos de voto en Endesa, era compatible con las leyes de la Unión Europea. El Gobierno de Zapatero impuso como condición que Enel informara de su estrategia corporativa "en las decisiones que afecten a los intereses esenciales de seguridad pública en España". El Ministerio de Industria ha manifestado a este diario que desconocen este nuevo movimiento. Según un portavoz, Industria tan sólo tiene constancia de las declaraciones que realizó el pasado viernes Piebalgs.

Nuevo frente. Esta denuncia constituiría un nuevo frente abierto contra España en el 'caso Endesa', después del procedimiento existente por las condiciones impuestas a E.ON en la OPA por la eléctrica española. El proceso de OPA por Endesa ha llevado a varios actores del mundo económico a plantearse la independencia real de la CNE. Por ello, la CE tiene previsto proponer un nuevo paquete legislativo después del verano para reforzar la independencia de los reguladores energéticos en

Europa. Según algunos estudios elaborados por Bruselas, estos organismos disponen, en algunos casos, de pocos poderes o poca independencia de los gobiernos y de las empresas privadas.
Nueva normativa. Además de un paquete de medidas para garantizar la independencia y reforzar los poderes de los reguladores, la CE también propondrá una normativa para llevar a cado una separación patrimonial de las redes energéticas, y la creación de un organismo europeo que regule el tráfico de energías entre unos países y otros.