Los ojos de la comunidad internacional están apuntando hacía el presidente venezolano, Hugo Chávez, quien se negó a renovar la licencia de transmisión a Radio Caracas Televisión (RCTV) el pasado 27 de mayo. La medida no sólo plantea la cuestión de la libertad de expresión en el país sudamericano, sino también la posibilidad de que se instale una dictadura, donde cada crítica hacia el poder es silenciada por ser 'en contra del pueblo'.

Entre las imputaciones dirigidas al canal de televisión, tal como fueron publicadas por el Gobierno en el “Libro Blanco sobre RCTV”, destaca la acusación de haber apoyado el intento de golpe de Estado de abril de 2002. Además, se recrimina al medio por “incitar a la rebelión”, mostrar “falta de respeto por las autoridades y las instituciones”, violar las leyes que protegen a los menores, estar involucrado en prácticas monopolísticas y dejar de pagar impuestos.

Así, tras 53 años de actividad, RCTV salió del aire para dejar sus frecuencias a la televisión pública y social TVES. Pero el Estado ha asegurado que no tendrá ningún control editorial sobre la programación del nuevo canal.

Casi una semana después del cierre de la televisión, el ministro del Interior venezolano, Pedro Carreño, tuvo que invitar el país a la calma, ante los numerosos episodios de violencia callejera que se producieron esos días. En las manifestaciones, tanto de los opositores de Chávez como de sus simpatizantes, hasta ahora se han registrado más de 200 detenidos y la muerte de una estudiante.

Reacciones internacionales. La decisión del Gobierno venezolano ha supuesto un duro golpe para la imagen internacional del presidente y ha provocado reacciones de condena de distintas organizaciones locales y extranjeras.

La secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, afrontó el tema del cierre de RCTV en su encuentro de hoy con el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Los dos expresaron su preocupación por el no respeto de las garantías a la libertad de expresión en Venezuela y hicieron un llamamiento al Gobierno de ese país para que reabra las estaciones de radio y televisión independientes y deje de atacar a la prensa libre.

El vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, declaró a EFE que también en su nación hay un medio de comunicación que “distorsiona la realidad”, pero no quiso identificarlo y de todas formas descartó la posibilidad de tomar una resolución como la del presidente venezolano. Al mismo tiempo, el Gobierno ecuatoriano, aliado fiel de Venezuela, no tardó en anunciar que pronto nacerá la primera cadena de televisión estatal del país, que estará controlada por el Ejecutivo, para que se respeten “los principios democráticos”.

Por su parte, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, comentó la noticia del cierre de RCTV con preocupación y aseguró que en su país la libertad de expresión es “regla de oro” . Con eso, la mandataria quiso hacer alusión a la dictadura del general Pinochet, cuando muchos medios de comunicación fueron censurados o cerrados.

En tanto que la Unión Europea (UE) y EEUU manifestaron su preocupación por la resolución de Chávez, diplomáticos venezolanos lamentaron que los medios extranjeros contribuyan a la difusión de una imagen del país sudamericano que no corresponde a la realidad y pidieron objetividad sobre el tema de RCTV.

A todo eso se añade la condena de muchas organizaciones internacionales y ONG que el caso ha desatado. Por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de "antidemocrática" la decisión del presidente venezolano, así como la asociación Reporteros Sin Fronteras (RsF).

Poco tiempo después de que RsF definiera como un “abuso de poder” la medida del cierre, la asociación venezolana Periodistas por la Verdad, afín al Gobierno, denunció que dos presuntos miembros de la ONG, Enzo Pierini y Carlos Folchi, estarían repartiendo panfletos en territorio venezolano que instigan al odio contra el presidente Chávez. El responsable para las Américas de RsF, Benoit Hervieu, declaró a Americaeconomica.com que los nombres de Pierini y Folchi son desconocidos para la ONG, “siempre que existan”, y destacó que el país sudamericano padece una “verdadera degradación de la libertad de prensa”.

Otras amenazas. Cúando aún no se han acabado las protestas por el cierre de RCTV, Chávez ya ha declarado la guerra a otros medios. El mandatario acusó a la cadena privada de televisión Globovisión de incitar implícitamente a la población a matarle. Además, informó de que el Ejecutivo está investigando también a la cadena estadounidense CNN. Globovisión es un canal de televisión privado temático de noticias, de propiedad de Guillermo Zuloagal, empresario que también es accionista de Electricidad de Caracas y de la agencia de publicidad ARS.

Chávez ya había acusado en pasado a otras dos estaciones televisivas, Venevisión y Televen, de apoyar el intento de golpe y las posteriores protestas en contra del Gobierno. Pero desde entonces, ambos medios modificaron su línea editorial.

Libertad de comunicación. Chávez nunca tuvo una buena relación con los medios de comunicación. El cierre de RCTV es sólo un nuevo acontecimiento que se suma a una larga lista de violaciones de la libertad de prensa en Venezuela, como agresiones físicas a periodistas; la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social de los medios, que de hecho obstaculiza la libre comunicación; la reforma del código penal para agravar las sanciones por los delitos de prensa; las amenazas verbales del mandatario a algunos trabajadores del sector, etc.

Según un informe difundido por RsF, desde que empezó su mandato hace ocho años, han surgido 63 diarios “pro Gobierno” y la imagen del presidente se ha transmitido en más de 1.000 horas de programación televisiva.