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Año IX - Madrid, viernes 8 de junio de 2007
 
Reportaje
 

Dos diarios brasileños informan de la supuesta corrupción del hermano de Lula

Lula y su dilema

Eva González

El presidente de Brasil, Lula da Silva, se encuentra dividido entre su familia y su cargo político. La razón es que su hermano mayor, Genival Inácio da Silva, ha sido acusado de tráfico de influencias por la policía federal. Por otro lado, el dirigente aseguró que la policía brasileña estaba haciendo un buen trabajo y que seguiría la investigación hasta el final.

Además, dos de los diarios más importantes del país, O Globo y Folha de Sao Paulo, aseguran que fuentes policiales informaron de que el hermano del presidente pedía sumas importantes de dinero a empresarios relacionados con los juegos de azar a cambio de influir políticamente en acciones criminales.

Durante su último viaje oficial a la India, el presidente de Brasil declaró que no creía que su hermano estuviera implicado en ningún asunto de tráfico de influencias y que estaba seguro de que no tenía ninguna relación con el juego ilegal.

A pesar de esto, el presidente del Gobierno brasileño declaró que la policía federal estaba realizando un excelente trabajo y que, además, cualquier persona puede ser investigada en su país.

La noche anterior a las declaraciones de Lula en la India, las fuerzas de seguridad brasileñas realizaron varios registros en domicilios y almacenes en busca de pruebas. Entre ellos, se encontraba el de la casa del hermano mayor del presidente.

Según el sobrino de Lula, que se encontraba allí en el momento del registro, la policía sólo se llevó dos folios del domicilio familiar.

Durante esa misma noche, la policía detuvo a Morelli Filo, amigo del presidente brasileño. Sobre esta detención, Lula no hizo ningún comentario, pero matizó que la verdad se sabrá cuando terminen las investigaciones.

En medio de todo este revuelo, y cuando parecía que todo estaba solucionado, la justicia ha condenado al ex ministro de Hacienda, Antonio Palocci, por irregularidades en su gestión.

La condena priva a Palocci de sus derechos políticos durante cinco años y le inhabilita de cualquier cargo institucional durante 10.

El Ministerio Público de Sao Paulo denunció al ex ministro en 2006 acusándole de irregularidades en la firma de contratos y del pago a funcionarios del Ayuntamiento del municipio de Riveirao Preto, del que fue alcalde en 2002.
 
 

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