La presidenta chilena, Michelle Bachelet, ha elevado al Congreso de la nación una propuesta de ley para aumentar de forma gradual el máximo que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) pueden invertir en el exterior, algo que ha causado alarma en la Bolsa nacional, donde las AFP son el máximo inversor.

El Banco Central chileno ha asegurado en un comunicado que "los efectos sobre liquidez y precios financieros del incremento propuesto en el límite de inversión en el exterior de los fondos de pensiones serían limitados". El documento agrega que esta circunstancia podría darse "considerando tanto la gradualidad contenida en la iniciativa como las atribuciones del Banco Central para velar porque su aplicación sea congruente con la estabilidad financiera".

De momento, el proyecto de ley establece que se fijaría un máximo de inversión del 35% en los cuatro primeros meses de aplicación de la norma, mientras que entre el cuarto y el octavo el límite crecería hasta el 40%, para, finalmente, situarse en un máximo de 45% a partir del noveno mes.

El 22 de mayo, un día después del anuncio de Bachelet, se produjo una caída de más de un 4% en el indicador referencial IPSA, provocada por los temores de un éxodo masivo de los fondos de pensiones del mercado local, donde son los principales inversores. Sin embargo, los analistas han afirmado que se trata de una sobrerreacción, ya que en los días posteriores los precios se recuperaron.

Sólo tres de las seis AFP chilenas son de capital extranjero, de las cuales dos pertenecen a empresas españolas: Habitat, compartida por BBVA y Bank of New York, y Summa Bansander, del Banco Santander, que junto con Santa María, propiedad del holandés ING, se reparten casi el 50% del mercado.

Ya en 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, el Ejecutivo anunció que planeaba una reforma para posibilitar a los bancos que pudiesen gestionar los planes de pensiones obligatorios de los chilenos, una iniciativa que no cuajó. Actualmente, estas gestiones continúan en manos de empresas privadas.

Sin embargo, en abril de 2006, poco después de la toma de posesión de la presidenta Bachelet, el ministro de Trabajo de la nación, Osvaldo Andrade, declaraba a Americaeconomica.com que el sistema de pensiones chileno tenía grandes problemas de sostenibilidad, y no excluía la posibilidad de introducir en el sistema otras instituciones financieras, además de las citadas AFP. El funcionario también comentaba la falta de cobertura como uno de los principales problemas del sistema.

Aun así, de momento, no ha habido ninguna reforma en este aspecto, por lo que la única novedad la constituye el anuncio de una posible ampliación del máximo de inversión en el extranjero, que en estos momentos se encuentra en el Congreso para que los diputados valoren su viabilidad.