El conflicto entre Evo Morales y el poder judicial podría estar a punto de terminarse. Después de duros cruces de acusaciones y de una huelga de magistrados, inédita en lo que va de siglo, los jueces bolivianos anunciaron que su intención es dialogar con el Gobierno de Evo Morales. Y parece que el Ejecutivo del país andino está dispuesto a estrechar esta mano tendida.

Por ahora, el presidente no ha respondido a esta propuesta. Sí lo ha hecho en su nombre el portavoz del Ejecutivo, Álex Contreras, quien tras criticar el paro del martes, que calificó de político y parcial, dijo que había posibilidades de negociación. Eso sí, no sin advertir de cuales son los limites de este dialogo.

El Parlamento continuará con el juicio contra los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por presuntos delitos de prevaricación y actos contrarios a la Constitución que fue el origen del plante laboral de los magistrados. Además, Contreras insistió en que tiene que realizarse una reestructuración en el Poder Judicial.

Pero esas diferencias de partida no han impedido al Ejecutivo bolivano autorizar al Ministerio de Justicia a tomar contacto con el Poder Judicial para fijar la hora y el día de la reunión que solicitan los magistrados huelgistas. Además, el objetivo de esta reunión, según el portavoz del Ejecutivo, será iniciar un diálogo sin que ninguna de las partes imponga condiciones.

La primera respuesta a estas declaraciones oficiales llegó desde la máxima instancia judicial del país. El presidente de la Corte Suprema, Héctor Sandoval, quien también realizó la huelga, aseguró a los medios locales que los magistrados, al igual que el Gobierno, están dispuestos a iniciar las conversaciones. Lo harán, eso sí, cumpliendo con el mandato fijado en la actual Constitución, que establece que debe existir coordinación entre poderes.

A las palabras de Sandoval se unieron luego los matices del líder de los jueces huelguistas. El presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia, Juan Pereira, afirmó que el próximo paso para solucionar el conflicto debería ser convocar una Cumbre de Poderes. Según Pereira, los actuales representantes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial deben encontrar, a través del diálogo, una solución común a los males del Poder Judicial.

La semana, por lo tanto, acaba con matices esperanzadores, a pesar de que el inicio estuvo marcado por la máxima tensión en el conflicto. El martes, los jueces cumplieron su amenaza y llevaron a cabo
el paro nacional de 24 horas convocado el martes por la Asociación de Magistrados para protestar contra la intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial.

Como suele suceder, las dos partes enfrentadas tenían una versión distinta del impacto real de la movilización. El Gobierno de Bolivia difundió un comunicado en el que aseguraba que se trató de una huelga parcial y obligada, mientras que los magistrados defendían que la movilización fue un verdadero éxito. De hecho, según ellos, todas las altas instancias judiciales del país se vieron afectadas por el paro. Y tambíen el resto de los juzgados.

Evo Morales no tardó en intentar eliminar, al menos en parte, el triunfalismo de los huelguistas. El presidente recordó a los jueces que "día no trabajado es día no pagado". Y quiso matizar también que el Gobierno no ataca al Poder Judicial, sino a algunas personas concretas. A aquellas que han conseguido que cuando la población boliviana habla de los magistrados asegure que en el país no hay un Poder Judicial, sino un "Poder Perjudicial".