Tres asuntos han copado la actualidad de Brasil esta semana: en primer lugar, la fallida transferencia de las refinerías que Petrobras compró a Bolivia y que debían ser devueltas al Gobierno de Evo Morales; en segundo, las acusaciones contra el hermano del mandatario brasileño, Luiz Inácio "Lula" da Silva, y en tercer lugar, las declaraciones del Movimiento de los Sin Tierra.

El pasado lunes, el Gobierno de Bolivia firmaba un contrato con la petrolera estatal brasileña, Petrobras, mediante el cual se hacía efectiva la recompra de dos refinerías que estaban en manos de la firma carioca, por las cuales Bolivia pagó un adelanto de 56 millones de dólares (41,96 millones de euros) como una primera cuota del total, establecido en 112 millones de dólares (83,93 millones de euros).

Fueron el ministro de Hidrocarburos boliviano, Carlos Villegas, y el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB), Guillermo Aruquipa, quienes anunciaron la suscripción de contrato, que debía firmarse en las instalaciones de la refinería Guillermo Elder, una de las dos lantas que Petrobras adquirió al Ejecutivo boliviano en 1999, junto con la de Guillermo Villarroel.

Sin embargo, dos días después, el pasado miércoles, Villegas informaba de que la transferencia de acciones se había suspedido, debido a que la operación dejaba sin efecto el seguro de funcionamiento y operaciones que Petrobras tenía contratado con el grupo suizo Zurich Financial Services, ya que este seugro no se hacía extensivo a los nuevos dueños.

Posteriormente, el ministro de la Presidencia boliviano, José Ramón Quintana, explicó que el proceso de licitación internacional de seguros sufría una ampliación hasta la próxima semana, cuando, previsiblemente, se solucionará el conflicto. Casualmente, este impedimento ha coincidido con un contencioso entre Bolivia y Petrobras a cuenta de unos pagos supuestamente retrasados que la compañía carioca debe a los bolivianos en concepto de tasas de regulación, transporte y comercialización de crudo.

También esta semana, los portavoces del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) han asegurado que la ocupación de las tierras consideradas improductivas no terminará en Brasil hasta que no se lleve a cabo una verdadera reforma agraria. "Para que unas 150.000 familias que están acampadas a orillas de carreteras o a las afueras de fincas puedan conseguir sus propios terrenos, seguiremos ocupando tierras", dijo Marina dos Santos, miembro de la coordinación nacional del MST.

Las estrategias y planes del grupo, fundado en 1984 y que hizo de las invasiones de tierras su principal acción para presionar al Gobierno por la aplicación de la reforma agraria, han sido discutidos desde el pasado lunes hasta el viernes en Brasilia por 18.000 delegados de todo el país en un congreso del MST.

En Brasil, dijo dos Santos, “no tenemos una política de reforma agraria... es una política de asentamientos”. Para el MST, la reforma es más que esa distribución de lotes, es “la búsqueda de justicia social y soberanía popular, dentro de un conjunto de luchas de las clases trabajadoras para alterar las condiciones de trabajo, el modelo económico y agrícola”, indicó el grupo en un comunicado.

Finalmente, y como no podía ser de otro modo, el presidente de la nación ha entrado en el escándalo en el que se ha visto implicado su hermano mayor, Genival Inácio Da Silva, conocido como "Vava", al que se acusa de participar en un delito de corrupción denominado "jaque mate".

Lula ha declarado que "desde luego, puede ser el amor fraternal el que habla (...) pero dudo que él haya cabildeado en el Gobierno", aunque reconoció que su hermano tendrá que enfrentarse a las consecuencias de sus actos como cualquier otra persona si se demuestra su culpabilidad.

Sin embargo, el mandatario cree que el caso se ha sacado de contexto y magnificado, precisamente por ser el acusado hermano de quien es.

Según las primeras investigaciones, Vava podría haber recibido dinero de empresarios del juego implicados e apuestas ilegales a cambio de favores de Gobierno. Anteriormente, el hermano del presidente brasileño había sido acusado de tráfico de influencias, aunque nunca se ha podido demostrar su culpabilidad.