Las fuerzas armadas bolivianas (FFAA) reiteraron esta semana que la unidad nacional es el único camino que hay que seguir para solventar el conflicto entre los autonomistas y el Ejecutivo. El comandante del Ejercito, Wilfredo Vargas, reconoció que el llamado “a tomar las armas”, hecho por la Junta Autonómica, no puede tener seguidores en el Estado boliviano por que estas acciones, que eran comunes en el pasado, tendrían que ser enterradas en este nuevo siglo.

Después de las declaraciones del Ejercito a favor de la paz y de la unidad del Estado Boliviano, el presidente Evo decidió retirar del debate de la Asamblea Constituyente el caliente tema de la creación de 36 nuevas autonomías indígenas. Asimismo fue reiterada la permanencia de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y fue abortada la posibilidad de trasferir la sede del Gobierno a la ciudad del Sucre. Morales reconoció la necesidad de eludir estos asuntos por que pueden provocar enfrentamientos en el pueblo boliviano.

El conflicto político se desató en el país el pasado martes, cuando los departamentos bolivianos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando amenazaron con organizar movilizaciones y dar vida a una verdadera "resistencia civil y democrática", si Morales llevase a cabo su propósito de extender la autonomía a los pueblos indígenas

Mientras las cuatros provincias, que constituyen la llamada Media Luna, son partidarias de conceder la autonomía sólo a los departamentos, el Ejecutivo del presidente plantea extenderla hasta los pueblos indígenas. Los cuatro departamentos "rebeldes" creen que el modelo autonómico propulsado por el oficialismo vaya de alguna manera en detrimento de las autonomías departamentales reclamadas desde el 2004.

Paralelamente a la diatriba por las autonomías, las autoridades de la ciudad de la Paz amenazaron con retirar a sus representes de la Asamblea Constituyente si el departamento de Chuquisaca, con el apoyo de otras regiones, insiste en su propuesta de llevar el Gobierno a la ciudad de Sucre.
Por el contrario las autoridades de Sucre, que ya han conseguido el apoyo de la ‘media luna', se declararon dispuestos a solucionar el desacuerdo mediante referéndum. Actualmente en la ciudad de La Paz funcionan los poderes Legislativos y Ejecutivo, mientras que la sureña ciudad de Sucre fue sede del Gobierno hasta finales del siglo XIX, cuando una guerra civil determinó el traslado de los dos poderes a La Paz.

Contra la Carta Magna diseñada por Morales, los autonomistas realizaron un propio proyecto de Constitución alcanzando un acuerdo de 11 puntos en el curso del primer día de encuentro de la Junta Autonómica Democrática, organismo propuesto para garantizar la aplicación de las autonomías plenas y dedicado a elaborar una propuesta sobre el r égimen autonómico, que se incluirá en el texto de la nueva Constitución, que verá la luz el próximo mes de agosto.

En el 'compromiso de los 11 puntos' se reiteró que Bolivia es una sola nación con sus nueve departamentos y se rechazó la división del país contemplada por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Indiscutible es también el principio de separación e independencia de los tres poderes del Estado. Asimismo se rechazó la imposición del poder social plurinacional y la creación de la justicia plural, mientras que se mantuvo el Tribunal Constitucional, cuya actividad consiste en garantizar el respeto de la Constitución.

Otros puntos inderogables han sido el respeto al mandato del referéndum autonómico y al patrimonio actual de los departamentos y municipios: 'sub regalías' y rentas departamentales.
Se establece además que el Poder Legislativo tiene que ser bicameral y se garantiza el respeto al principio de proporcionalidad en materia electoral. Y por último, se sancionó el principio de alternabilidad de los cargos, lo que excluye la posibilidad de la reelección.

Momentos tensos se vivieron el pasado miércoles, cuando el presidente Evo insinuó que los autonomistas buscaban el “golpe de estado”, lo que habria representado el “peor error del movimiento cívico”. El mandatario lanzó estas acusaciones en declaraciones concedidas a Radio Fides.

Morales respondía así a la propuesta avanzada por el partido opositor Podemos y la Junta Autonómica según la cual las fuerzas armadas deberían pronunciarse sobre el proyecto del Ejecutivo de introducir en la Constitución 36 nuevas autonomías indígenas.

Fuentes de la diplomacia europea residentes en Bolivia sostienen que para el partido de Evo, el Movimiento Al Socialismo (MAS), no será fácil introducir su proyecto autonómico en la futura Constitución. Se trata de un reto arduo por la actual composición de la Constituyente que, aunque resulte compuesta por la mayoría de constituyentes oficialistas, estos últimos no alcanzan un número suficiente para lograr la mayoría calificada de los dos tercios que le permitiría aprobar el proyecto autonómico.

La Asamblea de hecho aprueba el texto de la futura Constitución con los dos tercios de los votos de los miembros presentes, en concordancia con lo establecido por el Titulo II de la parte V de la actual Constitución Política del Estado. Luego, concluida su misión, es el Ejecutivo quien convoca un referéndum mediante el cual el pueblo boliviano refrendará por mayoría absoluta de votos el proyecto de Constitución propuesto por la Asamblea.

Para entender el porque los autonomistas rechazan el modelo propuesto por el Ejecutivo hay que mirar a la actual estructura de Bolivia. En el país hay actualmente nueve departamentos, que a su vez están divididos en provincias y municipios. Los departamentos que han desatado la crisis están gobernados por la oposición y son: Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Dichas provincia, sitas en la parte más oriental del país, constituyen la llamada Media Luna porque con este dibujo bordean Bolivia de norte a sur, acomodandose hacia oriente.

El modelo de autonomías impulsado por Morales propone la creación de regiones que serían entidades intermedias respecto a los departamentos y, algunas de estas regiones, tendrían que responder a la disposición étnica de los grupos indígenas.

Las autoridades de la Media Luna creen que de esta manera se apunta a debilitar los poderes que actualmente tienen los departamentos, aumentando por el contrario aquellos de las nuevas entidades. Dicho de otra manera, acusan al Gobierno que se trata de una maniobra para quitar competencias y autoridad a las provincias.

El Ejecutivo, por su parte, sostiene que se está armando una polémica instrumental en cuanto su principal objetivo es dar dignidad y fuerza a los pueblos indígenas, reconociendo el peso que dichos grupos tienen en el estado boliviano, mediante la creación de nuevas regiones.

Sin embargo Morales desistió de sus propósitos y prefirió aplazar el debate sobre estos temas calientes para después de la conclusión del mandato de la Asamblea. El presidente reconoció que si los constituyentes empezasen a debatir un posible cambio de la actual división política del estado boliviano, que reconoce a 9 departamentos, llegarían demandas de todo el país.

Asimismo advirtió que el traslado de la sede del Gobierno a la ciudad de Sucre no debe ser debatido porqué llevaría a un enfrentamiento de las regiones. A las palabras del mandatario se añadieron las del vicepresidente García Linera, que recordó a los bolivianos como “miles de personas se mataron” cuando se decidió que dos de los Poderes permaneciesen en la ciudad de la Paz. Linera además criticó el comportamiento de ciertos políticos que han ofrecido su apoyo a la capitalidad a cambio reautonomías departamentales y viceversa. A este respeto afirmó que a la prensa local que “negociar capitalía por autonomía es vergonzoso”.