Uno de los problemas tradicionales de Colombia ha sido la existencia de grupos armados paramilitares, que se adjudican, mediante las armas, la capacidad de mejorar el destino del país. Sin embargo, esta semana los paramilitares han inundado la vida política de la nación, debido a las acusaciones que han recibido varios altos cargos gubernamentales (entre los que se encuentra el presidente, Álvaro Uribe) de mantener contactos con estos grupos revolucionarios.

A principios de semana, el embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, negaba las acusaciones de la revista Proceso, sobre las que dijo que eran “infamantes y carentes de verdad”, en las que se le vinculaba con organizaciones paramilitares.

En una carta publicada por esa misma publicación, el diplomático ha rebatido un artículo difundido la semana anterior, en el que le señala como "cómplice" de grupos paramilitares colombianos.

"Jamás tuve o he tenido tratos con organizaciones paramilitares o con alguno de sus miembros, ni con ninguna persona o actividad criminal", aseguró Osorio en su defensa.

Además, el funcionario ha agregado que durante su gestión como fiscal general de Colombia comenzó la desmovilización de los grupos que se encontraran al margen de la ley, y que durante aquella época todos ellos fueron combatidos con gran dureza y decisión.

El artículo de la revista señalaba que diversos políticos cercanos al presidente colombiano, Álvaro Uribe, habían sido cómplices de los grupos paramilitares en relación a delitos de crímenes contra la humanidad, lo que ya ha provocado en diversas ocasiones la caída de varios funcionarios y congresistas.

Días después, el Ejecutivo colombiano negaba haber cobrado dinero de narcotraficantes y paramilitares durante la campaña electoral del actual presidente, Álvaro Uribe, en las elecciones del 2002. De esta manera el Gobierno contrarrestaba las acusaciones lanzadas por el narcotraficante Fabio Ochoa Vasco, uno de los 12 narcotraficantes más buscados de Colombia, por cuya captura el Gobierno de EEUU ofrece una recompensa estimada en casi cuatro millones de euros.

En una entrevista concedida a la revista Semana , Ochoa sostuvo que habría gastado alrededor de 112.000 euros en alquiler de autobuses y comida para llevar a 5.000 personas a votar por el actual presidente colombiano.

En respuesta, a través de un comunicado, la Presidencia colombiana afirmó que se puede demostrar que nunca se recibió dinero proveniente de narcotraficantes y paramilitares, y añadió que toda la relativa documentación ha sido revisada por fiscales externos a la campaña y puede ser consultada por cualquiera.

Las acusaciones no han terminado ahí, ya que a mediados de semana aparecía una cinta grabada en octubre de 2001, en la que se muestra al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, conversando con Fremio Sánchez Carreño, un jefe de las milicias paramilitares que fue detenido, una semana después del encuentro, acusado de múltiples homicidios.

La reunión se realizó, según el vídeo, el 31 octubre del 2001, el mismo mes en que los paramilitares fueron declarados ‘organización terrorista' por el Departamento de Estado. Carreño no habla en el curso de la grabación, pero estrecha enérgicamente la mano al presidente colombiano.

La publicación de la grabación ha supuesto un grave empujón para la imagen del Uribe, que durante sus cinco años de mandato ha intentado esquivar las acusaciones de favorecer a los grupos paramilitares, autores de múltiples masacres y asesinatos indiscriminados.

La oficina del presidente ha defendido al mandatario afirmando que es imposible que Uribe supiera que Carreño era culpable de masacres y homicidios en aquel momento. Además ha reiterado que el presidente no tiene ninguna relación con las actuaciones de personas que aparecen, por una u otra circunstancia, en las miles de fotografías y horas de vídeo que se le han tomado durante los más de 33 años de vida pública.

De confirmarse las relaciones entre el mandatario Uribe y los grupos paramilitares, podría ponerse en peligro la continuidad del Plan Colombia, el programa financiado por EEUU, con cuyo mandatario, George W. Bush, mantiene Uribe unas excelentes relaciones, para luchar contra la violencia y el narcotráfico en Colombia.