La clausura de las jornadas España Solar, celebradas en la Universidad Complutense de Madrid han servido para un encuentro con el Gobierno español, en el que éste ha definido su postura frente a los problemas que se derivan del cambio climático. Precisamente, el Protocolo de Kyoto constituye un intento de disminuir, de manera importante, la presencia de CO 2 en la atmósfera. Toda esta problemática afecta a la gran industria, sea eléctrica, siderúrgica o de otro tipo.

El presidente Zapatero anunció que, en breve, se aprobará la estrategia española de cambio climático y energías renovables. Estará compuesta por 170 medidas concretas, con calendario claro y disposición de recursos, para cumplir con el Protocolo de Kyoto. Estas medidas quedarán, aprobadas en un Consejo de Ministros, monográfico dedicado a estas cuestiones. Se trata de que España se coloque en primer lugar de la lucha contra el calentamiento del planeta. Se busca también que España asuma compromisos adicionales, que vayan más allá de 2012, que es el año fijado para reducir las emisiones, por los países que firmaron el Protocolo de Kyoto. Se establecerá un nuevo plan de ahorro y eficiencia energética, para el período 2008-2012, que sustituirá al vigente actual, aprobado en 2005. Se intenta fomentar la energía eólica marina, como parte esencial de las energías renovables. Se establecerán una seria de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que procedan de los “sectores difusos”, como el transporte y la edificación. Para ello se potenciará el empleo del transporte de mercancías por ferrocarril y se potenciará, también, tanto por el Gobierno como por las empresas, la construcción de edificios sostenibles, entendiendo por tales los que son capaces de autoabastecerse energéticamente. Iberdrola, Telefónica, Endesa y Red Eléctrica Española, entre otras, anunciaron la constitución de una alianza, llamada Forbuilding, dirigida al desarrollo de edificios sostenibles y de hogares digitales.

Por otra parte, una serie de científicos de distintos países reunidos recientemente en Galicia han expresado su preocupación ante el proyecto de una empresa norteamericana de convertir una zona del Pacífico en un sumidero de dióxido de carbono. Tal decisión iría en contra de lo establecido por el Convenio de Londres para la prevención de la contaminación marina y el vertido de desperdicios y otras materias. En este sentido, la organización ecologista Greenpeace ha denunciado el proyecto, que pretende llevar a cabo la firma norteamericana Planktos, que ha hecho pública su intención de fertilizar unos 10.000 kilómetros cuadrados, mediante un método, que consiste en inyectar hierro en las aguas, para favorecer la proliferación de algas susceptibles de captar el dióxido de carbono de la atmósfera. Este proyecto, inicialmente se tenía pensado llevarlo a cabo en una zona próxima a las islas Galápagos. Estos experimentos se oponen al Convenio de Londres, que entró en vigor en 1972.

Toda esta problemática tiene también sus detractores. Y ellos no son personas de escasa importancia. Podríamos citar a un profesor del Massachussets Institute of Technolocy (MIT), Richard Lindzen, y a Vaclav Klaus, presidente de la República Checa. Piensan que carece de sentido hablar del calentamiento del planeta, cuando sabemos que, a lo largo del tiempo, se han producido bruscos cambios del clima. Por ejemplo, las glaciaciones o la elevación de la temperatura en la Edad Media.