El presidente de Ecuador, Rafael Correa, se mostró partidario de que tras la instalación de la nueva Asamblea, que empezará su trabajo este año, se disuelva el actual Parlamento. Sin embargo, su idea no ha tenido demasiado éxito entre los actuales parlamentarios.

El mandatario ecuatoriano hasta ahora había sostenido la necesidad de que el Congreso se mantuviese en vigor y, por lo tanto, de que la Cámara legislativa funcionase en paralelo a la Asamblea Constituyente.

Sin embargo, para Correa el Parlamento actual es ‘una vergüenza para el país' y ‘con esta clase de Congreso no puede seguir funcionando una democracia', según declaró a la prensa local.

El presidente añadió que la “calidad” demostrada por los diputados al discutir las reformas legislativas y sus continuos “cambios de posición”, harían necesaria la disolución del Parlamento.

Correa cuestionaba de esta manera el accionar de los parlamentarios por no aprobar el proyecto de Ley de Soberanía Energética e Hidrocarburífera, que, según el Gobierno, intentaba frenar el contrabando de combustibles.

El Presidente también se molestó con el Congreso por varias reformas que los diputados hicieron al proyecto de Ley de Justicia Financiera, encaminada a eliminar las comisiones bancarias y reducir las tasas de interés.

Tras estas declaraciones, los diputados de Correa resbalaron. El congresista del partido Izquierda Democrática (ID) cercana al Gobierno, Carlos González, demandó esta semana al presidente ante la Fiscalía por injurias y por atentar contra la seguridad del Estado.

El diputado argumentó que pedir la disolución del Parlamento, antes de que se instale la Asamblea, constituye un delito contra la seguridad interna del Estado.
Asimismo demandó a Correa por injurias porque, a su parecer, dañó su reputación al sugerir que los legisladores, sin concretar más, cedieron a la conspiración de petroleras y distribuidoras de gas.

La legislación ecuatoriana dispone entre nueve y 16 años de condena por atentar contra la seguridad del Estado. Pero el enjuiciamiento del presidente, debe contar con la aprobación del Congreso y el apoyo de la Corte Suprema.

Mientras tanto desde el Gobierno, se quitaba fundamento a la demanda. El actual ministro de Gobierno, Gustavo Larrea dijo, según las declaraciones que ha reproducido el portal Ecuadorinmediato , que en caso de producirse el juicio, el Ejecutivo se hará cargo de la defensa del presidente, porque piensan que éste no incurrió en delito alguno .

A González, le hacían eco otros diputados de la aliada mayoría parlamentaria del Presidente. Partidos como los Roldosistas y Pachakutik, que hasta hace poco apoyaron al Gobierno en la cesación del Tribunal Constitucional (TC), la Consulta Popular y la realización de la Asamblea Constituyente, rechazaron las afirmaciones del mandatario.

El diputado del Partido Roldosista, Ecuatoriano Jimmy Jairada, declaró a la prensa local que está preocupado por como el Presidente y los funcionarios de Estado están tratando de minimizar al Congreso "porque se ha iniciado un proceso fiscalizador al régimen".

Ramsés Torres, diputado del movimiento Pachakutik, calificó de imprudentes las declaraciones y destacó que no puede pretender un Congreso o poderes del Estado sumisos.
Mientras Correa abría una dura confrontación con los congresistas, las estadísticas daban el partido del presidente, Alianza País, como mayoritario en la Asamblea que se elegirá el próximo 30 de septiembre, lo que permitiría al mandatario realizar su propuesta.

En este marco, Correa se dirigió al pueblo ecuatoriano y le pidió apoyo para vencer y acceder al control de la Constituyente, durante la inauguración de las obras de la Asamblea en Montecristi, localidad donde se instalarán los constituyentes.
El mandatario ecuatoriano subrayó en esta ocasión que no está dispuesto a que los defensores del libre mercado, o ‘los privatizadores', como los denominó, lleguen al poder de la Asamblea.

Tras estas declaraciones, las relaciones entre Correa y el Parlamento subieron un duro golpe, mientras que se perfila un futuro incierto para los congresistas.