La minera mexicana Grupo México tendrá que luchar con nuevos rivales para recuperar su filial texana Asarco. Se trata del sindicato estadounidense United Steelworkers, que también acusa a la compañía azteca de haber llevado a la quiebra a su filial. Mientras, el Ejecutivo peruano, ha decidido echar una mano a la mexicana e intenta que todas las mineras del país, incluída Southern Cooper Perú, firmen la paz con la población indígena.

United Steelworkers, el mayor sindicato estadounidense del acero, acaba de presentar sendas quejas en contra de Grupo México en esa nación norteamericana, a falta de unos días de que el principal grupo minero mexicano presente una oferta para recuperar Asarco, firma que tiene minas de cobre, fundidora y hasta refinería en Arizona, y en algún tiempo fue propiedad de Germán Larrea.

Alan al rescate. Pero el Ejecutivo que dirige Alan García ha logrado algo impensable hace a penas unos meses. Que las comunidades de pobladores indígenas firmen la paz con las empresas mineras instaladas en sus territorios. Será a través de unas normas de participación de las comunidades indígenas en la decisión de los proyectos mineros.

Con respecto a este proyecto, iniciativa del Ministerio de Energía y Minas peruano, algunas empresas del sector ya se han pronunciado.

Por ejemplo, el gerente de finanzas de la compañía minera peruana Buenaventura, la más importante de Sudamérica en la extracción de metales preciosos, Carlos Gálvez, ha catalogado como favorables estas normas y explicó a BNAmericas que su expectativa es que los cambios aporten reglas más específicas sobre la manera de reunir información censal para que, una vez que se conozca la cantidad real de personas de una comunidad, se puedan realizar encuestas a fin de medir el apoyo o rechazo público.

El ejecutivo, que también integra el directorio de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), fue más allá y agregó que es responsabilidad de las mineras del sector privado ayudar al Estado a proporcionar infraestructura, educación y salud a las comunidades que lo necesitan.

Japoneses por delante. Pero antes de que se firme este convenio, una minera de propiedad nipona se ha adelantado. Se trata de la minera Santa Luisa, propiedad de Mixui Mining, que ha suscrito un convenio de desarrollo y convivencia pacífica con la Comunidad Campesina de Llamac.

Este convenio ha sido suscrito esta semana por el presidente de la Comunidad Campesina de Llamac, Mariano Huaranga, el gerente general de Compañía Minera Santa Luisa, Minoru Machida, el representante de Mitsui Mining & Smelting Co. Seiichiro Yoshimoto y el director y representante de la Gerencia de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, José Luis Carvajal y el Dr. Víctor Acevedo respectivamente, en presencia del ministro de ese sector, Juan Valdivia.

Dicho convenio establece la ejecución de proyectos sociales con recursos financieros propios de la compañía minera a invertirse en cinco años. Por su parte, la Comunidad de Llamac se compromete principalmente a garantizar la operatividad de la compañía minera.

Papel Mojado. Sin embargo, a pesar de la buena intención del Ejecutivo de Alan García para que ambas partes puedan convivir y el beneficio sea para todos, puede que esas rúbricas queden sólo en papel mojado.

Y es que, en el mismo lapso de tiempo en el que se firmará ese convenio de convivencia, otro conflicto con las comunidades de pobladores planea sobre el Congreso nacional, por la distribución del canon de los beneficios de las mineras.

En concreto, la población de Moquegua ha protagonizado un paro total de 48 horas, y amenaza con comenzar el próximo lunes una huelga indefinida si el Ejecutivo no atiende ese mismo día sus demandas. Quieren una nueva redistribución del canon que paga Southern Perú Cooper, que, curiosamente, es la joya de la corona de Grupo México.