El Ministro de Finanzas de Ecuador, Fausto Ortiz, ha logrado ganarse la confianza de los inversores internacionales con sus últimas actuaciones en materia económica. En tan solo una semana, Ortiz ha conseguido devolver la calma al mercado tras las amenazas del presidente, Rafael Correa, de suspender los pagos de la deuda externa, además de dar un positivo giro a las negociaciones con las petroleras extranjeras que operan en el país.

En su visita a Wall Street del pasado lunes, Fausto Ortiz, logró convencer a los inversores de que su Gobierno no 'castigará' a aquellos que posean bonos de deuda del país, en medio de las amenazas de Correa de suspender los pagos de la deuda considerada 'ilegítima'.

Ortiz aseguró que Ecuador cumplirá con el pago de la deuda externa, a pesar de la auditoría que se lleva a cabo para determinar la legitimidad de la misma. El ministro explicó que los resultados de la auditoría se harán públicos en 30 días y, a partir de ahí, "se tomarán las medidas adecuadas".

Históricamente, Ecuador ha sufrido con el tema de la deuda externa, que actualmente se ubica en unos 10.200 millones de dólares (6.632 millones de euros), algo más del 21 % del Producto Interior Bruto (PIB), lo que ha generado una precaria situación económica que se ha traducido en décadas de inestabilidad política.

Fondos petroleros. El titular de la cartera de Finanzas quiso dejar claro que, además de estar interesados en pagar, el país cuenta con un fuerte excedente en los fondos petroleros, por lo que no ha sido necesario tomar nueva deuda para cancelar las amortizaciones, que superaban los 1.000 millones de dólares al inicio de 2008.

Los analistas de la prensa local también coincidieron con el ministro al asegurar que es altamente improbable que el Gobierno, en momentos en los que goza de buena liquidez por los altos precios del crudo, vaya a detener el pago de la deuda este año, debido a que haría peligrar la financiación futura que necesita para sus grandes proyectos sociales y de infraestructura.

Tal vez el hecho de asegurar la resistencia de estos fondos petroleros ha sido el detonante para que Ortiz de un giro a la política de Correa respecto a las negociaciones con las petroleras extranjeras que operan en el país. El ministro ha asegurado que espera firmar nuevos acuerdos temporales estas compañías en el plazo de un mes, con lo que ha consiguido rebajar la tensión que se produjo la pasada semana por los cambios que Ecuador ha introducido en el tratamiento fiscal de las firmas energéticas.

Impuestos al oro negro. La semana pasada, Ecuador ofreció a las petroleras reducir el impuesto a las ganancias extraordinarias del crudo a un 70% desde el 99%, a cambio de que retiren las demandas que presentaron ante tribunales internacionales de arbitraje contra el país.

El Gobierno de Rafael Correa, que busca con estas renegociaciones aumentar la participación estatal en sectores clave de la economía como el energético y el minero, suavizó su posición en las conversaciones con las petroleras privadas buscando reactivar la inversión y mantener los niveles de producción.

Las quejas de estas compañías vienen de largo. Ecuador aprobó en el 2006 una reforma impositiva que otorgaba al Estado al menos un 50% de los ingresos extras del crudo, pero en el 2007 Correa lo aumentó hasta el 99%. La decisión no gustó nada a las compañías del sector, que todavía no han respondido a la nueva propuesta del Ejecutivo.

El giro en la postura de Quito se produce después de que la petrolera hispano argentina Repsol YPF presentase el pasado jueves 12 de junio una demanda contra el Gobierno de Rafael Correa en el Centro Internacional de Resolución de Disputas en Inversiones del Banco Mundial por los impuestos que se incluyen en la legislación ecuatoriana. Otras compañías como City Oriente, Murphy Oil y Burlington también iniciaron procesos legales contra el país.

Otro de los éxitos que en la última semana ha conseguido Fausto Ortiz, ha sido el acercamiento con el Banco Central del país, con el que estudia un conjunto de estrategias que permitan fortalecer el sistema financiero nacional, en un intento por relajar la tensión producida hace dos semanas por las declaraciones del presidente, Rafael Correa, que cuestionaba la credibilidad del organismo monetario.