El presidente de Ecuador, Rafel Correa, ha vuelto a encontrarse esta semana con la necesidad de destituir a un antiguo colaborador nombrado por él mismo tras ganar las elecciones, a quien las sospechas de posibles corrupciones habían cercado. En este caso, ha sido el responsable del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, Héctor Egüez. Hace tan sólo un mes, también cayó el presidente ejecutivo de la estatal Petroecuador, Fernando Zurita.

Correa ya no parece fiarse de los suyos y, a pesar de las críticas que le han llovido desde su filas, el cargo en el Instituto lo ocupará Ramiro González, un destacado político de la oposición ecuatoriana y candidato a la vicepresidencia por la Izquierda Democrática.

Los rumores sobre la existencia de mafias y las acusaciones de malversación de fondos en el organismo han sido los detonantes de la destitución. Además, el consejo directivo del organismo asegura que durante los cinco meses de su gestión, el titular del IESS había contratado a 2.159 nuevas personas. Él negó estas acusaciones, y aseguró que sólo se habían contratado unas 407 personas

Antes de abandonar su cargo, Egüez denunció que en el organismo existen mafias que impiden el buen desarrollo de la institución. Algo parecido opina el nuevo titular del organismo, Ramiro González, que ha asegurado que si no mafias, existen grupos o “reinitos”, a los que ha prometido eliminar.

Además, González asegura que la causa por la que fue destituido su antecesor, la masiva contratación, será revisada y solucionada.

Como se ha asegurado antes, la situación se repite. El pasado mes de mayo, el presidente ejecutivo de la estatal Petroecuador, Fernando Zurita, renunciaba a su cargo por "no cumplir con las expectativas" que Correa esperaba de él.

Estas expectativas, eran, básicamente, aumentar la producción de crudo en la nación. La renuncia llegaba menos de una semana después de que Correa zanjase la polémica con las empresas internacionales que operan en Ecuador, tras rebajarles de un 99% a un 70% el pago de los impuestos por sus ganancias extraordinarias.

Sin embargo, aunque Zurita reconoció el problema, aseguró que no había sido culpa suya, y atribuyó el descenso de la producción a varios factores. El primero a no tener ninguna torre de perforación, ni siquiera las que le prometió Venezuela. La segunda, se debe a una declinación normal de los pozos petroleros, y la tercera a no haber encontrado más pozos.

Así que, después de solucionar el conflicto con las petroleras internacionales, y de que las aguas se hayan calmado con el Ejército nacional después de que el mandatario destituyera a la cúpula de las Fuerzas Armadas, ahora se enfrenta al problema que supone la dimisión del presidente ejecutivo de Petroecuador, a quien puso en el cargo en diciembre del año pasado.

Todos estos problemas se suman a las dificultades que tiene Correa para aprobar la Constituyente, por no hablar de la lucha que mantiene con Colombia. ¿Podrá Correa sacar adelante su reforma? El tiempo lo dirá.

De momento, el economista Alberto Acosta ha renunciado a la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), al haber sido descalificado por el buró político del partido de gobierno Alianza País (AP), que no estuvo de acuerdo con la petición de Acosta de extender los días de sesiones para el debido debate y entrega de los textos constitucionales restantes.

Su dimisión ha constituido un golpe fuerte a la imagen del Gobierno de Correa y a la credibilidad que tiene la redacción de la Carta Magna número 21 que regiría al país. Acosta continuará siendo asambleísta de AP, y Fernando Cordero, ex vicepresidente de la Asamblea, asumirá la presidencia.