Cada vez está más cerca la posibilidad de un acuerdo entre los gobiernos de Argentina y Uruguay, que entraron en conflicto por la construcción de dos fábricas de celulosa en el margen uruguayo del río Uruguay. El desbloqueo ayer jueves del segundo puente, tomado por ambientalistas argentinos hace casi dos meses, ha abierto las puertas del diálogo.

El Gobierno uruguayo autorizó levantar en la ribera del fronterizo río Uruguay dos plantas de fabricación de papel, una propiedad de la empresa española Ence y la otra de la finlandesa Botnia. Esta iniciativa encontró pronto la oposición de los habitantes de la ciudad argentina de Gualeguaychú, al otro lado del río Uruguay y muy próxima a Fray Bentos, y de las autoridades de la provincia de Entre Ríos, en la que se sitúa la ciudad. También el Gobierno argentino rechazó estas construcciones.

Jorge Busti, gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, llegó a asegurar que estaría dispuesto a renunciar a su cargo si aumentaba esta polémica que enfrenta a Argentina con Uruguay, y añadía que no quería pasar a la historia como el gobernador que dejó que contaminaran la región. El mandatario confirmó la gran inversión económica que suponía la construcción de las papeleras en la región uruguaya pero también expuso que la contaminación que generarían tendría un importante impacto en la agricultura y el turismo de Entre Ríos, ocasionando unas pérdidas superiores a los 900 millones de dólares (747 millones de euros).

Los opositores al proyecto alegaron desde un primer momento que las dos plantas suponían un importante impacto medioambiental en la zona y por ello impidieron por más de 45 días el paso de camiones que transportaban materiales a las papeleras, cortando estos dos puentes de acceso a Uruguay desde Argentina. El 70% del comercio entre Argentina y Uruguay pasa por estos dos puentes, especialmente por el primero de ellos. Según datos de la Aduana Argentina, de los 502 millones de dólares (423,5 millones de euros) de intercambio comercial entre Argentina y Uruguay en 2004, el 71,5% (359 millones) pasó en forma de mercancías por los mismos.

Néstor Kirchner, presidente de Argentina, manifestó igualmente su rechazo a las plantas papeleras uruguayas, pero pidió a los habitantes de Entre Ríos y de las localidades argentinas más afectadas que interpretasen el problema como un asunto medioambiental y no como una cuestión de nacionalismo o de soberanía sobre el cauce del río. El Gobierno argentino afirmó que los cortes de las carreteras no eran la respuesta al problema, que debía resolverse en el terreno diplomático. Por ello se buscó desde el principio el diálogo con Tabaré Vázquez, el mandatario uruguayo.

Ambos presidentes anunciaron el pasado 11 de marzo en Santiago de Chile, durante la ceremonia de investidura de Michelle Bachelet, la nueva presidenta de Chile, la decisión de buscar soluciones al conflicto. El levantamiento de los dos puentes tomados pretende que finalmente se efectúe este acercamiento. Desde primera hora de ayer jueves el segundo puente quedó libre para el paso fronterizo de personas y de cientos de vehículos comerciales y privados, salvo para aquellos camiones que transporten materiales de construcción para esas plantas papeleras.

Según declaró a la prensa local el ambientalista Carlos Cerrati, integrante de Asamblea Ambiental, los manifestantes permanecerán en la ruta vigilando el paso hasta que las autoridades uruguayas determinen la paralización de las obras. Pero este condicionamiento podría ser una traba para el diálogo después de que el ministro de Medio Ambiente uruguayo, Mario Arana, advirtiera que el levantamiento del corte debía ser total.

Argentina pretende paralizar la construcción de las papeleras durante 90 días hasta que expertos internacionales del Banco Mundial hagan público un informe medioambiental en el que se analice el impacto ecológico de las dos papeleras y dictaminen si son o no contaminantes.

El conflicto de las papeleras se remonta al año pasado, cuando el Gobierno de Tabaré Vázquez otorgó a las empresas Botnia y Ence las licencias para construir dos plantas de celulosa. Argentina considera que el impacto ambiental de estas obras es muy negativo y ha instado al Ejecutivo uruguayo que revoque esta decisión. Sin embargo, los planteamientos del Gobierno de Tabaré Vázquez no son los mismos. Tabaré defiende la inversión extranjera en estas obras. La firma finlandesa Botnia y la española Ence poseen la licencia del Gobierno uruguayo para establecerse en las plantas, para las que tienen prevista una inversión de 1.800 millones de dólares (1.483 millones de euros) y la creación de cerca de 2.800 puestos de trabajo.