La tormenta continúa después de que el estado argentino revocase el contrato con Aguas Argentinas y anunciara el traspaso sus prestaciones a otra entidad de carácter estatal, Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA). Una polémica que ha coincidido con IV Foro Mundial del Agua y la batalla sobre quién debe explotar el recuso, losempresas privadas o el estado.

En medio de este enfrentamiento, el estado argentino anuncia la rescisión de su contrato con la filial de la francesa Suez y otros socios europeos. Y surge la polémica de las acusaciones a dos bandas.

De hecho, el presidente Kirchner protagonizó ayer la última escaramuza al asegurar que no está dispuesto a poner en juego la salud de sus conciudadanos para que el jefe del estado galo, Jacques Chirac, incluya al país en su gira por la región. Se trata de una respuesta a una publicación que vinculaba los desacuerdos entre el gobierno argentino y los socios franceses de Aguas Argentinas, con la exclusión del país de la gira que hará en Mayo a la región.

Por su parte, Suez ha respirado al conocer que el recuso que prohíbe a sus ejecutivos salir de Argentina no ha prosperado. El juez federal de Lomas Zamora, Jorge Rossi, rechazó la solicitud del fiscal Carlos Daneri contra los ejecutivos acusados de ser responsables del alto nivel de nitratos en el agua que proveía a sus conciudadanos.

Esta semana las imputaciones no han cesado. Según el secretario de Ambiente y Desarrollo, Atilio Savino, la filial local de la francesa Suez, Aguas Argentinas, que provee de agua potable y cloacas a la región de Buenos Aires, no ha cumplido con sus obligaciones.

La medida anunciada en Bueno Aires, no responde a una política del Gobierno en contra la financiación de este servicio con capital privado, sino que apunta al control de los contratos, según Atilio. El secretario explicó, además, que la revocación del acuerdo se debe a las constantes vulneraciones de un servicio del que dependen 14 millones de personas y a las irregularidades de carácter prolongado que afectaron al menos a 300.000 clientes.

Ante esta situación Aguas Argentinas, que empleaba a unos 3.800 trabajadores y distribuía agua potable y alcantarillado a unas 10 millones de personas en Buenos Aires y 17 alcaldías de los alrededores de la ciudad, ha comunicado su rechazo a las acusaciones y los argumentos Estado como causa de rescisión, ya que afirman haber realizado un trabajo ejemplar desde 1993.

Por su parte, los socios de Aguas de Argentina no renuncian a la indemnización de 1.700 millones de dólares (1.406 millones de euros) por pérdidas generadas de su acuerdo con el estado argentino y que está en trámite bajo el arbitrio del tribunal del Banco Mundial desde septiembre del 2005, según declaró a americaeconomica.com el portavoz de Aguas de Barcelona (Agbar).

El portavoz de la compañía barcelonesa habló con este medio y afirma que la resolución "no ha sido ninguna sorpresa y viene a ratificar la intención de marcharnos de Aguas Argentinas".

Asimismo, un comunicado de la filial facilitado por Agbar, afirma que la asamblea de accionistas de Aguas Argentinas "ya había resuelto el pasado 22 de septiembre de 2005 solicitar la terminación del contrato por culpa del Concedente", fecha en la que se llevó a trámite la demanda de indemnización de 1.406 millones contra el estado argentino por pérdidas generadas de su inversión en el proyecto.

Aguas Argentinas no acepta ninguna responsabilidad de las argumentadas por el estado, ya que según el portavoz "han estado siempre al servicio del usuario como empresa seria y hemos abogado por un traspaso responsable a la nueva entidad estatal".

Y a partir de ahora el Estado se hace cargo del servicio de la compañía, abastecimiento de agua potable y cloacas, por medio de Aguas y Saneamientos Argentinos una nueva firma que será creada a través de un decreto presidencial.

Entre todo este revuelo, Los dirigentes argentinos hacían acto de presencia en el IV Foro Mundial del Agua, donde lidiaban dos argumentos diferenciados, si el acceso al agua era o no un derecho humano, una cuestión de sectores públicos o privados.

De este modo, los organismos internacionales acompañaron a los países desarrollados en oponerse a la inclusión de la idea “el derecho humano al agua” en la discurso final, como reclamaron Bolivia y Venezuela. Los países que señalaron, por ejemplo, que la Organización Mundial de Comercio aplica reglas que convierten el agua en una mercancía.

Todo esto el mismo día en que el gobierno argentino anunciaba la estatalización del agua y el representante del país expuso en el foro una posición intermedia. “El Estado debe dar garantías sobre el agua, porque tiene la obligación de garantizar la salud de las personas y preservar la vida”, afirmó Atilio Savino.

Pero se diferenció de la posición de Bolivia y Venezuela cuando declaró que “no es que no lo considere un derecho humano, pero prefiero el concepto de ‘agua como garantía de vida’, que es lo que sostiene el documento de la declaración final”.

Parece que el gobierno argentino no posee una postura clara al respecto, lo que hace presuponer que quizás el traspaso de los cometidos de Aguas Argentinas a AYSA sea más una cuestión temporal y no una apuesta inamovible a la estatalización del servicio.