La Justicia de Brasil ha decidido poner freno a las alianzas partidarias de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del próximo mes de octubre. El Tribunal Supremo del país ha emitido un fallo que obliga a los partidos que quieran formar una coalición para elegir presidente a que se asocien también a escala regional. La medida no ha sentado bien entre los principales líderes políticos que lo consideran un impedimento para escoger libremente a sus aliados.

Principalmente, el fallo podría perjudicar al presidente de Brasil, Lula da Silva, que si bien no ha anunciado aún si buscará la reelección, estaría negociando con el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la mayor fuerza de la oposición, la posibilidad de formar una coalición de carácter nacional con vistas a los comicios de octubre, según destaca la prensa local. Sin embargo, algunas facciones del PMDB desean hacer alianzas regionales con grupos opositores al Gobierno de Lula.

Precisamente, el sistema ratificado por el Supremo de Brasil, denominado "verticalización de alianzas", busca impedir que dos o más partidos políticos puedan ser una coalición en un estado y rivales en otro, teniendo en cuenta que en estos momentos Brasil cuenta con 29 agrupaciones. No obstante, los principales partidos consideran que la medida es un freno a su derecho de escoger libremente a sus socios en las distintas localidades del país.

Los inversores de Wall Street, que siguen con gran interés todos los procesos electorales, ya han emitido su opinión sobre esta medida. En declaraciones a las agencias de información internacionales, aseguran que podría beneficiar a los mercados ya que Lula no tendría muchos rivales en las elecciones y los resultados de la votación en la primera vuelta serían más decisivos.

Ataques. En este ambiente de precampaña electoral, la cúpula del gubernamental Partido de los Trabajadores (PT) considera que las comisiones parlamentarias de investigación (CPI) encargadas de analizar las acusaciones de corrupción por las que atraviesa la agrupación de Lula, buscan dañar la imagen del presidente brasileño tras su recuperación en los sondeos de intención de voto.

Las declaraciones se producen poco después de que una de las CPI, integrada en su mayoría por legisladores de la oposición, pidiese la renuncia del ministro de Hacienda, Antonio Palocci, a quien acusan de obtener financiación de juegos ilegales en la campaña que llevó a Lula al poder en 2002. Aunque hasta el momento, el alto funcionario no ha respondido a las imputaciones, el senador del PMDB Pedro Simón considera que Palocci debe alejarse unos días de su cargo para defenderse.

Por su parte, el diputado del PT Henrique Fontana ha indicado que la oposición está "desesperada" por perjudicar al partido en las próximas elecciones y precisa que si bien las comisiones pueden investigar lo que quieran, no pueden pedir la renuncia de ministros brasileños, una decisión que le corresponde al presidente de Brasil. En este sentido, Lula ha apuntado que el país debe mucho a Palocci por los logros conseguidos en la estabilidad economómica brasileña.

El Directorio Nacional del partido del Gobierno ha aprobado una resolución en la que convoca a sus militantes a reaccionar contra el proceso realizado por las fuerzas de la oposición para dificultar las posibilidades de Lula de conseguir la reelección. El documento fue ratificado por una amplia mayoría.

Por su parte, la oposición se ha lanzado a criticar el proyecto del "Gasoducto Sur", que transportará gas venezolano hasta Brasil y Argentina, del que asegura que carece de coherencia económica, financiera y estratégica. Así lo manifestó el secretario de Energía del Estado de Rio de Janeiro (Brasil), Wagner Vícter (PMDB), quien considera que la obra energética está llena de incertidumbres.

Durante el foro organizado por el centro educativo y empresarial Fundación Getulio, Vícter calificó el proyecto de "locura" al indicar que supondrá graves impactos medioambientales. Además, el alto funcionario advirtió, en declaraciones a las agencias de información internacional, que Argentina, uno de los futuros socios de la infraestructura, tiene una tarifa de gas muy baja que impide el desarrollo de nuevas reservas en el país.

En opinión de Vícter, para que la obra energética sea viable en el mercado suramericano, el gas venezolano tendría que ser subsidiado en su mayor parte por la Administración del país, una opción que podría no ser apoyada por otro gobierno diferente al de Hugo Chavéz, si lo llegase a ver como nocivo para los intereses venezolanos. El experto señaló no obstante que es simpatizante del actual mandatario y no desea su salida del poder.

El economista Sebastio do Rego Barros, miembro del Instituto Brasileño de Economía, subrayó que la obra energética es un proyecto ambicioso. Este analista duda sobre si en el futuro habrá tanta demanda de petróleo como para justificar una inversión tan elevada.

El Gasoducto Sur plantea la construcción de un conducto de unos 8.000 kilómetros de longitud que transportaria 150 millones de métros cúbicos de gas al día, desde Venezuela hasta Argentina y Brasil, atravesando la selva amazónica. Según informes realizados por Petrobras, el proyecto tendría un coste aproximado de 23.000 millones de dólares (19.287 millones de euros).

Más Goldman Sachs en Brasil . Durante esta semana también han sido protagonistas en Brasil operaciones realizadas por grandes entidades privadas. En primer lugar, el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs ha anunciado que evalúa incrementar su presencia en Brasil, un mercado que representa el 50% de las operaciones que tiene la firma en Latinoamérica. Así lo expresó el portavoz de la firma financiera, Peter Rose, quien sin embargo considera prematuro detallar las acciones específicas que emprendará la compañía.

Las intenciones del banco de EEUU se producen después de su fallido intento de asociarse con el banco de inversiones de Rio de Janeiro, Banco Pactual S.A. En los últimos siete meses Goldman perdió también a su representante en Brasil, Ricardo Lacerda, quien se intengró en Citigroup llevando consigo a cinco de los 14 miembros de su equipo. Desde entonces, Corrado Varoli se encarga de controlar las operaciones de esta entidad financiera en Brasil desde Nueva York.

Goldman Sachs desembarcó en Brasil en noviembre de 1995. En los últimos tres años, ha logrado beneficios de 500 millones de dólares (412 millones de euros), en concepto de honorarios por las fusiones en Brasil, según destacan las agencias de información internacional.

Más Bradesco también. En segundo lugar, Bradesco, el banco privado más grande de Brasil, ha anunciado que comprará la filial brasileña de American Express (Amex) por 490 millones de dólares (402 millones de euros), con el objetivo de incrementar sus servicios de préstamos en banca personal, un sector que ha experimentado una fuerte demanda en los últimos años.

Con esta operación, de la que ya existían rumores desde hace varias semanas, según la prensa local, Bradesco aumentará su cuota de tarjetas de crédito de Latinoamérica en un 14%. La transacción incluye la cartera crediticia de Amex, su servicio de seguros, de viajes y de cambios de divisa así como el derecho exclusivo del banco brasileño a emitir tarjetas de crédito con la marca "Centurión" y el logo de American Express durante los próximos diez años.

Según un estudio difundido por la compañía Ibope Inteligencia, el mercado brasileño de tarjetas de crédito, el séptimo del mundo, ha crecido a un ritmo de 25% en los dos últimos años, con una facturación anual de 129.000 millones de reales (49.724 millones de euros) en 2005. El número de transacciones con tarjetas de crédito alcanzó los 1.700 millones el pasado pasado, desde los 200 millones registrados en 1994.

Se espera que la compra, que todavía debe ser aprobada por las autoridades reguladoras brasileñas, se cierre en el primer semestre de 2006, tal como contemplan los diarios del país. Un informe de Bradesco reveló que en 2005 obtuvo la mayor ganancia de su historia: 2.575 millones de dólares (2.172 millones de euros).