La rivalidad entre el Gobierno boliviano y la hispano-argentina Repsol YPF ha vuelto a reavivarse esta semana a pesar del encuentro aparentemente conciliador celebrado por el responsable de la compañía, Antonio Brufau, y Evo Morales a principios de marzo. La detención, y posterior liberación bajo fianza, de los dos máximos responsables de Andina, la filial de la petrolera en Bolivia, ha desatado la ira de Repsol YPF, que amenaza con llevar el conflicto ante los tribunales internacionales.

Ni siquiera las palabras del ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Angel Moratinos, quien asegura que pronto se encontrará una solución pacificadora para ambas partes, han servido para calmar los ánimos de la petrolera hispano-argentina. Respol YPF ha anunciado que acudirá a la justicia internacional para defender la inocencia de todos sus directivos, tras calificar, mediante un comunicado, de irregular e injustificado, la detención de los ejecutivos de Andina, Julio Gavito y Pedro Sánchez el pasado miércoles. La empresa considera además que estuvieron retenidos sin que se les hubiera imputado ningún delito, lo que supone a su juicio, una flagrante violación del debido proceso.

De momento, la compañía de Brufau planteará un recurso para evitar pagar la fianza de 400.000 bolivianos (41.831 euros) que deberán entregar Gavito y Sánchez en un plazo de quince días por recuperar su libertad. El abogado de Repsol YPF, Abel Montaño, alegará que Andina se ha caracterizado por mantener una actitud positiva durante el conflicto y que ha prestado la máxima colaboración así como toda la documentación requerida en el transcurso de las investigaciones.

Por su parte, el fiscal boliviano José Cenenaro, en declaraciones a los periodistas, ha señalado que las actuaciones han estado enmarcadas en el campo legal por lo que ahora las investigaciones continuarán citando a otras personas para aclarar el delito de contrabando imputado a los ejecutivos de Andina. Mientras tanto, los dos máximos directivos de la compañía en Bolivia no podrán salir del país y están obligados a presentarse al menos una vez al mes ante los fiscales del caso.

Salvo Moratinos, nadie se atreve a especular por ahora sobre cuándo podría terminar el conflicto que comenzó el pasado mes de febrero, después de que la Aduana boliviana presentase una demanda contra los responsables de Repsol YPF, acusados de una exportación irregular de 230.400 barriles de crudo por un coste que supera los 9,2 millones de dólares (7,7 millones de euros), presuntamente cometida por Andina entre junio de 2004 y julio de 2005. Sin embargo, el alto funcionario español señaló que por parte de Evo Morales, también existe una clara intención de poner fin a la disputa.

Desde el Ejecutivo de Bolivia se intenta transmitir calma. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ha señalado, en declaraciones a la prensa internacional, que la producción de Andina está garantizada a pesar de los problemas judiciales. El alto funcionario aseguró que la Administración boliviana no teme que se produzcan efectos de contracción de la inversión extranjera a raíz del conflicto ya que en su opinión, el Gobierno de Evo Morales trata de ofrecer las mejores señales y condiciones a los hombres de negocio internacionales para que puedan invertir en el país en aquellos lugares que crean convenientes.

No obstante, las consecuencias de esta disputa han comenzado a hacerse patentes. En primer lugar, se ha vuelto a suspender por segunda vez la reunión entre Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB) y Respol YPF que estaba programa para este miércoles, según indicó a Americaeconomica.com el portavoz de la estatal, Edwin Miranda. En el encuentro ambas partes iban a tratar el proyecto de la hispano-argentina de construir en asociación con YPFB un gasoducto y planta de licuefación de gas natural (GNL) con una inversión aproximada de 150 millones de dólares (124 millones de euros).

En un principio, la entrevista estaba programada para el 8 de marzo pero se canceló debido a que una comisión técnica de Respol YPF debía de trasladarse de Argentina a Bolivia, viaje que no se puedo llevar a cabo a causa de una huelga de las aerolíneas argentinas. Los posibles asistentes descartaron entonces que la anulación guardase relación con la orden de detención que pesaba sobre Gavito.

Pero ahora la situación es diferente. Fuentes cercanas al proceso consultadas por este diario, aseguran que la suspensión del encuentro del pasado miércoles es, sin duda, debido a la detención de los directivos de la petrolera hispano-argentina, que pone de manifiesto las diferencias entre ambas partes. De momento, no se ha establecido ninguna fecha para una nueva reunión.

El país peor valorado. Los empresarios españoles han decidido castigar a Bolivia por el conflicto que sufre Repsol YPF. En una encuesta, realizada por Iberglobal y el Club de Exportadores e Inversores, los hombres de negocio señalan a la República de bolivia como el país que ofrece menos garantía a los empresarios españoles. Venezuela, Argelia, Indonesia y Rusia también aparecen como los países peores valorados. En el lado opuesto, Canadá, EEUU y la Unión Europea.

Estos resultados se hicieron públicos poco después de las declaraciones de Evo Morales en alusión a la disputa con la hispano-argentina. Según la agencia Efe, el presidente de Bolivia subrayó que las empresas tienen la obligación de subordinarse y cumplir con las leyes de Bolivia. Las que respeten al Estado nacional serán bienvenidas, pero las que cometan irregularidades o no paguen los tributos, tienen que ser castigadas.