Los dos principales candidatos a las elecciones presidenciales de Paraguay en 2008, Fernando Lugo y el actual presidente, Nicanor Duarte Frutos, se acusan mutuamente de no poder presentarse a los comicios por sus problemas constitucionales.

El ex obispo Fernando Lugo, líder en las encuestas presidenciales, no puede optar a la Presidencia, ya que la Constitución paraguaya no permite a ningún miembro religioso optar al cargo. El Partido Colorado afirmó a Americaeconomica.com que Lugo “tiene una prohibición en el artículo 235 de la Carta Magna que dice que no puede ser candidato a Presidencia ningún ministro de la Iglesia”.

Aunque esta situación podría cambiar en breve, ya que Lugo ha enviado una carta a la Nunciatura Apostólica dirigida al Papa Benedicto XVI en la que comunica su renuncia al Episcopado por su candidatura.

Así, los problemas constitucionales de Lugo podrán resolverse en pocos días. El Partido de Lugo, el Tekojoja, ha declarado a este diario que en cuanto “se tramite la renuncia, Lugo será un ciudadano civil y funcionará como tal”. Además añadió que el actual mandatario, Nicanor Duarte, tampoco se puede presentar, ya que la Constitución define que los presidentes electos sólo pueden serlo por cinco años.

El partido de Duarte estudia la posibilidad de presentar una propuesta en el Congreso y el Senado para reformar la Constitución y habilitar al actual presidente para ser candidato en las próximas elecciones. Trámite que, según el partido de Lugo Duarte pretende comprar el apoyo de los legisladores para llevar a cabo la reforma constitucional.

En las elecciones presidenciales de 2003, fue elegido Nicanor Duarte Frutos, candidato del Partido Colorado paraguayo. El actual presidente en principio llegó a un acuerdo con los partidos opositores para una renovación de la Corte Suprema de Justicia y la reforma del Estado, pero dicho acuerdo rápidamente fue roto debido a que la estructura del Estado no fue transformada y la corrupción se mantuvo como durante el Gobierno de González Macchi, según algunos observadores internacionales.

A comienzos del año 2006 se produjo una nueva crisis política, debido a una controvertida resolución de la Corte Suprema de Justicia, que habilitaba a Duarte Frutos a ejercer la Presidencia del Partido Colorado, algo expresamente prohibido por el artículo 237 de la Constitución. Posteriormente, Duarte Frutos inició una campaña para modificar la Carta Magna con el fin de lograr la reelección. Una acción calificada por sus opositores como un intento de reinstaurar una dictadura.

El Partido Colorado lo negó a la prensa local. De hecho, afirmó que su objetivo era sanear un Poder Judicial salpicado de denuncias de corrupción.

Ante este hecho, un portavoz del partido de Lugo explicó a esta publicación que “el pueblo paraguayo quiere un presidente con moral, lejos de conductas corruptas y que distribuya equitativamente la riqueza del país”. La respuesta del partido de Nicanor Duarte no se ha hecho esperar y cuando este diario le preguntó por las acusaciones, sus portavoces afirman que “siempre es importante tener pruebas y si las tienen, que presenten una denuncia ante los órganos judiciales”.

El ex obispo parece estar seguro de superar en las urnas al gobernante Partido Colorado, en el poder durante más de 60 años. Lo primero que ha preparado para su inicio electoral es pedir a Brasil la renegociación del Tratado de Itaipú, instrumento legal para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná por los dos países. Además ha declarado a este diario que “Lula no va a desarrollar su país a costa de las regiones más pobres y voy a hablar con Lula (presidente de Brasil) y le voy a recordar sus palabras de las medidas para evitar las asimetrías”.

Además, la Secretaría Ejecutiva Nacional de Paraguay explicó a Americaeconomico.com que el precandidato ha afirmado incluso que si fuese necesario llevará el caso ante la Corte Internacional de La Haya.

Hasta entonces habrá que esperar a las elecciones de 2008, cuando se sabrá si el actual presidente de Paraguay y el preferido en las encuestas resuelven sus problemas constitucionales.