A los problemas que el Ejecutivo de Rafael Correa mantiene con Colombia, primero por el asunto de las fumigaciones aéreas en la frontera (que será llevado ante el Tribunal Iternacional de La Haya) y después por los supuestos intentos de Colombia de invadir territorio ecuatoriano, el Gobierno de Correa ha anunciado esta semana su intención de solicitar un arbitraje internacional que dirima si el arancel que la Unión Europea (UE) aplica a las importaciones de banano procedentes del país latinoamericano es o no excesivo, como demanda Ecuador.

El pasado martes, el Gobierno ecuatoriano presentaba ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) una solicitud de arbitraje contra el arancel con el que la UE grava las exportaciones de banano de los países de América Latina, superior al que pagan las naciones africanas, y que el Gobierno ecuatoriano considera discriminatorio.

En su solicitud, la nación andina ha demandado que el Órgano de Solución de Disputas (OSD) se reúna de forma extraordinaria el próximo 8 de marzo y se cree un grupo de expertos que resuelva el litigio. A su vez, la UE podrá oponerse, caso en el que Ecuador podría presentar una demanda definitiva para la sesión regular que la OSD tiene previsto celebrar el 20 de marzo, en la que el comité quedará establecido de forma automática.

A finales de 2006, el Gobierno ecuatoriano inició consultas con Bruselas en un intento de llegar a un acuerdo amistoso, ya que no sólo Ecuador, sino la mayoría de países de América Latina, considera que el impuesto de 176 euros por cada tonelada de banano que entra en la Unión es muy elevado, lo que reduce su parte de exportaciones a la UE frente a otras regiones.

A principios de 2005, la UE subió el arancel desde los 75 euros en los que estaba establecido hasta 230, aunque tuvo que bajarlo, primero a 187 y luego a los 176 euros actuales después de sendos dictámenes de la OMC a favor de la región latinoamericana.

Sin embargo, no todo son malas relaciones con los países vecinos. A principios de esta semana también se conocía que Venezuela estaría dispuesta a otorgar a Ecuador un préstamo de unos 500 millones de dólares (379,5 millones de euros), según afirmaba el ministro de Finanzas venezolano, Rodrigo Cabezas, que a su vez aseguraba que "aún no se ha concretado nada".

Este proyecto, que podría definirse a lo largo de este año y el siguiente, se enmarcaría en un plan de "cooperación financiera", algo que ha subrayado Cabezas, quien afirmó "no es que vamos a regalar 500 millones de dólares".

La posibilidad surgía en el transcurso de una reunión con el responsable de Economía ecuatoriano, Ricardo Patiño, que ha realizado una visita oficial a Caracas. Sin embargo, el ecuatoriano había afirmado en días pasados que su país no necesitaba ningún tipo de financiación externa, aunque quedó abierta la posibilidad de solicitarla si se hacía necesaria.

Las posibilidades que se contemplan para esta "cooperación financiera" son la emisión por parte de Ecuador de deuda externa, que sería adquirida por Venezuela, o la apertura de una línea de crédito para el país andino.

Una muestra más de la cercanía entre el mandatrio ecuatoriano, Rafael Correa, y el venezolano, Hugo Chávez, debido a la que Correa ha sido criticado por algunos sectores de su país, es la posición ecuatoriana respecto al proyecto de Banco del Sur, al que se ha adherido, aunque aún se está planteando cuál será su aporte a la capitalización de la entidad.

Tras la visita oficial a Venezuela, donde Patiño dialogó sobre el tema con su homólogo en esa nación, Rodrigo Cabezas, el funcionario explicaba que al proyecto, auspiciado por Venezuela y Argentina, se sumará, además de Ecuador, Bolivia. En estos momentos, cada nación trata de definir cuál será su aporte a la capitalización del banco, que en el caso venezolano ha quedado definida en 300 millones de dólares (casi 228 millones de euros). Se calcula que la entidad debería comenzar su andadura con un capital de entre 800 y 1.000 millones de dólares (entre 607 y 759 millones de euros).

El funcionario ecuatoriano explicaba que el Banco del Sur funcionará como un ente de financiación entre las instituciones públicas de los países socios, y funcionará como banca de desarrollo y banca de inversión a la vez, ya que "cobrará intereses y, con las ganancias, se emprenderán proyectos sociales en todos los países miembros".

Otra nación con la que se han mejorado las relaciones diplomáticas es Perú, cuyo presidente, Alan García, ha anunciado que viajará a Ecuador el próximo 29 de marzo para reunirse con su homólogo de aquel país y con la ministra de Relaciones Exteriores, María Consuelo Araújo, dentro del compromiso de ambas naciones de alcanzar la plena ejecución de los acuerdos de paz firmados tras la guerra no declarada de 1995.

El pasado 21 de febrero, la ministra de Exteriores ecuatoriana viajó a Perú para firmar una declaración conjunta entre ambas naciones, por la que se comprometían a intentar llegar a la plena ejecución de los acuerdos de paz, mediante los cuales la comunidad internacional se responsabilizó de entregar 3.000 millones de dólares (2.269 millones de euros) para el desarrollo de las regiones fronterizas entre ambas naciones. Sin embargo, sólo se ha entregado un 15% de dicha cantidad.

Araújo ha reiterado que la comunidad internacional no "cumplió sus compromisos", de modo que ambos países esperan que ahora se realice el desembolso pendiente que permita el desarrollo de la zona. Según el jefe de Prensa del Ministerio de Exteriores, Pablo Salgado, el próximo 23 de marzo tendrá lugar el primer encuentro binacional en la provincia fronteriza de Tumbes (Perú), aunque aún no se han hecho públicos los asuntos que se tratarán.

Finalmente, dentro ya de las fronteras del país, el Congreso de Ecuador aprobaba a mediados de semana el Presupuesto General del Estado para 2007, que ha quedado establecido en 9.767 millones de dólares (7.396 millones de euros).

El Presupuesto, que han aprobado un total de 58 diputados de los 65 que tiene el Parlamento, no puede ser modificado por éstos en cuanto a la cantidad total de recursos, aunque sí pueden reasignar partidas para otros proyectos diferentes de los presentados por el Ejecutivo, y esto es lo que han hecho: destinar hacia otras partidas parte del capital que había sido dispuesto para pagar la deuda externa.

De este modo, los diputados han establecido que se destinen al sector social y a los Gobiernos locales unos 283 millones de dólares (214,3 millones de euros), 123 millones (93,1 millones de euros) procedentes del servicio de la deuda y otros 160 millones (121,1 millones de euros) destinados a las amortizaciones, lo que implica que el Ejecutvo de Rafael Correa dispondrá de 2.455 millones (1.859 millones de euros) en lugar de los 2.738 millones (2.073,4 millones de euros) previstos.

La deuda pública de Ecuador supone 13.500 millones de dólares (unos 10.223 millones de euros), de los que la mayoría, unos 10.500 (7.951 millones de euros), se atribuyen a deuda externa.