A lo largo de los últimos días, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha celebrado distintos encuentros encaminados a reafirmar su lucha contra todas las expresiones de discriminación y violencia en la región. La ronda comenzó con la firma, por parte de los 34 países miembros, de la Declaración de Panamá contra el Terrorismo, continuó con la presentación de un informe sobre el fracaso de la justicia en la defensa de las mujeres víctimas de violencia y ha finalizado con una reunión entre expertos en derechos humanos, celebrada en la sede de la OEA.

En primer lugar, el pasado 2 de marzo, los 34 países miembros adoptaron la Declaración de Panamá sobre la Protección de la Infraestructura Crítica en el Hemisferio Frente al Terrorismo, promovida por el Comité Interamericano contra el Terrorismo (Cicte), en la que se destaca la necesidad de "promover la cooperación internacional, regional y subregional para enfrentar las amenazas terroristas a la infraestructura crítica".

Entre las conclusiones a las que los expertos llegaron en el encuentro, destaca la necesidad de cooperación internacional en cuanto al intercambio de información, prácticas óptimas y metodologías encaminadas a la protección contra el terrorismo.

Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentaba el informe "Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas" en la sede de la OEA, en el que se expresa la alarma del organismo por el patrón de impunidad existente en la mayoría de denuncias por casos de violencia contra mujeres.

En referencia a este estudio, que denuncia la discriminación a la que se ven sometidas las mujeres que acuden a denunciar, discriminación que se agrava en el caso de las indígenas y afrodescendientes, y la necesidad de instancias judiciales especializadas en zonas rurales o marginales, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha declarado que "es necesario que los Estados adopten medidas para redifinir las concepciones tradicionales sobre el rol de la mujer y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios".

En el informe, que incluye un apartado de conclusiones, se propone la adopción de medidas como el diseño de una política estatal integral y coordinada, que cuente con el respaldo de unos recursos públicos suficientes, el fortalecimiento de la capacidad institucional para combatir la impunidad a través de un protocolo de investigación, sanción y reparación, y la adopción de programas públicos para reestructurar los estereotipos sobre el papel de las mujeres en la sociedad.

Finalmente, durante los últimos días de la semana se ha desarrollado el Segundo Encuentro Anual de Derechos Humanos, en el que han participado representantes de la sociedad civil, académicos y expertos de diferentes países de la región con el objetivo de analizar las cuestiones relacionadas con el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos.

En el acto de presentación, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, destacó las conclusiones de informes realizados recientemente, que denuncian las dificultades de acceso a la justicia de los grupos minoritarios, como las mujeres, los indígenas y los afrodescendientes, por lo que expresó su confianza en que el encuentro ayude a "enriquecer el debate para brindar a los Estados miembros recomendaciones en políticas públicas sobre la materia, que ayuden a superar estos obstáculos y de esta manera fortalecer la gobernabilidad democrática" Por su parte, el presidente de la CIDH, Florentín Meléndez, afirmó que el organismo continuará "trabajando para las víctimas que no tienen voz".