La propuesta del mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, de llevar a cabo un referéndum para que el pueblo decida la instauración de una Asamblea Constitucional no termina de solucionarse ni para bien ni para mal. Mientras multitud de sectores sociales aprueban la iniciativa del presidente, la oposición ha decidido no ponérselo tan fácil, por lo que la cuestión se ha convertido en un "tira y afloja" entre partidarios y detractores.

El pasado miércoles, el Congreso de Ecuador, presidido por el opositor Jorge Cevallos, tomaba la decisión de destituir al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, por convocar el referéndum propuesto por el mandatario de la nación.

Acosta fue sustituido por su suplente, Alejandro Cepeda, debido al voto favorable a su cese emitido por 52 de los 73 diputados presentes en la votación. El funcionario había sido elegido gracias a la formación Sociedad Patriótica (el partido del ex mandatario Lucio Gutiérrez), que le retiró su apoyo tras la convocatoria a consulta popular, que Acosta había fijado para el próximo 15 de abril.

En la resolución de cese se especifica que el magistrado ha sido destituido debido a la "pérdida de calidad de representante del vocal de Sociedad Patriótica ante el Tribunal Supremo Electoral por haber incumplido con los mandatos constitucional y político asignados".

En respuesta a esto, el Tribunal Electoral ecuatoriano destituyó y suspendió de sus derechos políticos a los 57 diputados que el pasado martes respaldaron el cese de Acosta, ya que determinó que los 57 diputados han cesado al funcionario, y han tratado de destituir a otros tres vocales, sin un juicio político, sino sólo por su apoyo a la resolución de plebiscito promovida por el mandatario de la nación. La consulta popular se ha convertido en el punto álgido del conflicto que mantienen las mayorías opuestas del Poder Legislativo y de la Corte Electoral.

Según la portavoz del Gobierno, Mónica Chuji, "el Gobierno nacional hará respetar y cumplir la ley y, por lo tanto, la resolución adoptada por el pleno del Tribunal Electoral".

Anteriormente, el presidente del Congreso ecuatoriano, el opositor Jorge Cevallos, había presentado un recurso de inconstitucionalidad al plebiscito propuesto por el presidente de la nación, afirmando que Rafael Correa se ha tomado "funciones legislativas" que no le corresponden al enviar al Tribunal Supremo Electoral un estatuto para que regule el funcionamiento de la Asamblea sin someterlo a la aprobación del Congreso. A pesar de que la demanda puede ser extemporánea, ya que el Tribunal Constitucional la tramitará en un plazo de 45 días, el presidente del Congreso declaraba que confía en la agilidad del organismo.

En el referéndum, que mantiene su fecha fijada en el 15 de abril, además de preguntar a la población si acepta realizar la Asamblea, se adjuntará el estatuto presentado por el Gobierno, en el que se fijarán cuestiones como los límites de edad de los aspirantes. Rafael Correa ya ha anunciado que supedita su cargo al resultado de esta consulta, por lo que dimitirá si no es aprobada por el electorado.

A finales de la semana, se suspendía el Congreso de Ecuador tras la orden del presidente de instalar un cordón policial que impidiese la entrada de los diputados suspendidos, lo que ha llevado a la oposición a acusar a Correa de instalar un "régimen de facto".

Especulación con la deuda. No es el único problema alque se enfrenta el gabinete de Gobierno. A finales de semana, diversos diputados de las formaciones ecuatorianas de oposición Partido Renovador Institucional (Prian) y Partido Social Cristiano demandaban un juicio político contra el ministro de Economía, Ricardo Patiño, al que acusan de generar sustanciales ganancias a dos bancos venezolanos y varios inversores ecuatorianos con la especulación sobre el pago de la deuda externa.

La portavoz del Prian, Gloria Gallardo, declaraba que el ministro "fue el 10 de febrero a Venezuela, antes de anunciar el pago de la deuda externa, luego está comprobado que 48 horas antes del pago, el ministro de Economía del Gobierno venezolano (Rodrigo Cabezas) se reunió con el presidente Rafael Correa y el ministro Patiño". La legisladora ha aducido que el ministro, que tenía información privilegiada, permitió que dos bancos de Venezuela (el Banco Occidental de Descuento y el Fondo Común) se aprovecharan de la ola especulativa que se generó en el mercado debido a los mensajes contradictorios sobre el pago de la deuda.

Además, Gallardo ha acusado al titular de Economía ecuatoriano de mentir a la nación, ya que asegura poseer una serie de documentos del Tesoro Nacional que demuestran que la deuda no se hizo efectiva con fondos internos del país, sino con créditos externos.

A principios de febrero, Ecuador anunció que se acogería al período de gracia, ya que no disponía de fondos para efectuar el pago de la deuda por el vencimiento de los bonos Global 2030, que finalizaba el día 15 de ese mes, lo que desató una ola de especulación que propició la caída de los precios de las obligaciones ecuatorianas y podría haber beneficiado a los bancos venezolanos y las empresas de seguros de deuda. Sin embargo, dos días más tarde, y sólo un día antes del final del plazo, Ecuador pagó la deuda.