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El aumento de los costes financieros
y del volumen medio de la deuda familiar en EEUU empieza a tener
consecuencias que pueden llegar a convertirse en bombas de tiempo
en el sistema. La crisis de las empresas de hipotecas de riesgo
es un síntoma del mal, pero hay algunos sectores del negocio
aún más peligrosos que ése, donde podría
desarrollarse el cáncer de una crisis que, efectivamente,
condujera a la economía estadounidense hacia una recesión.
Y quizá la principal preocupación
de los expertos se concentra en el sector de las tarjetas de crédito,
donde se encuentran dos fuerzas, teóricamente opuestas,
que pueden sumarse para empujar a la economía hacia la
crisis: la voracidad consumidora del ciudadano medio y la falta
de escrúpulos demostrada por las compañías
que explotan el negocio.
Las cifras explican con claridad
la magnitud que podría alcanzar el problema si, como no
sería descartable para los expertos, llegara finalmente
a producirse. Según los datos oficiales de la Reserva Federal
de EEUU (FED), en noviembre de 2006, último periodo completo
computado, la deuda en tarjetas de crédito de los estadounidenses
sumaba 750.000 millones de dólares correspondientes a los
más de 640 millones de tarjetas que circulaban por el país.
La nueva mayoría parlamentaria
demócrata ha optado por preocuparse del segundo aspecto
de la cuestión, supuestamente más fácil de
atacar, aprovechando la verdadera multitud de denuncias de usura
que los ciudadanos dirigen sobre esta industria ahora. Cuando
las refinanciaciones no son tan fáciles y hay que empezar
a pagar lo que se debe. Dos aspectos coyunturales que hacen al
consumidor más consciente de los elevados tipos de interés
que se le aplican.
El Comité Bancario del Senado
ha iniciado una investigación sobre el sector que podría
acabar con sanciones o con una ley mucho más restrictiva
que la actual. Y, ante la presión del nuevo escenario político,
menos favorable a sus intereses los bancos se han comprometido
a colaborar al menos en dos aspectos: reducir las elevadísimas
comisiones por demora y simplificar para hacer más transparente
la letra pequeña de los contratos.
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