Las lentitud burocrática en la aprobación de la ley de nacionalizaciones boliviana y los errores bucráticos que se han encontrado en los contratos que han de firmar las compañías empiezan a desesperar a las empresas que operan en la nación andina, que ya han empezado a dar muestras de impaciencia.

Esta semana, el presidente de la compañía estatal boliviana YPFB, Manuel Morales Olivera, explicaba que "errores menores" existentes en los contratos que las compañías firmaron para llevar a cabo la nacionalización decretada en 2006 por el presidente, Evo Morales, han retrasado el proceso.

Según afirmaba Morales en una rueda de prensa "nos hemos enfrentado en las negociaciones a equipos de las empresas de altísima especialización, nos han acusado de tener un equipo de novatos (...) Efectivamente en una mesa de negociación se sentaban a un lado profesionales con 30 años de experiencia (en el campo energético) y a nuestro lado jóvenes con 30 años de vida".

Reparar los errores y firmar los contratos es un paso clave para atraer las inversiones extranjeras que Bolivia necesita para incrementar la capacidad de producción del país, que cuenta con las segundas reservas de gas natural de Latinoamérica, después de Venezuela. Entre las grandes empresas extranjeras interesadas en invertir en la nación iberoamericana se encuentran la brasileña Petrobras, la francesa Total y la española Repsol YPF.

Al día siguiente, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), que agrupa a todas las compañías petrolíferas que operan en el país, hacía público un comunicado en el que expresaba su petición al Gobierno de que trabaje para que exista la seguridad jurídica y las condiciones "para invertir con una rentabilidad económica razonable". Las compañías mostraban así su preocupación por la incertidumbre que ha causado la tardanza en la ratificación legislativa de los nuevos contratos de nacionalizaciones.

Según la organización "en el sector petrolero existe inestabilidad" debido a que "errores administrativos siguen causando incertidumbre en esta industria". Actualmente, está pendiente de aprobación la ley que ratificará los 44 contratos de nacionalización en el Senado (el Congreso ya la ha aprobado), lo que causa desazón en las compañías, ya que la cámara es controlada por una mayoría opositora, lo que podría dilatar aún más el proceso.

En el caso de que la ley no se apruebe, se paralizarán las inversiones acordadas en el sector, necesarias para garantizar los convenios de exportación de gas natural a Brasil y Argentina.

Sin embargo, a principios de esta semana, las petroleras Petrobras, Repsol YPF y Total habían pagado unos 30 millones de dólares (22,8 millones de euros) a Bolivia por un tributo fijado en el decreto que nacionalizó el sector, aunque lo hicieron "bajo protesta" contra la medida, que consideran "arbitraria".

Petrobras indicó en un comunicado que se hizo el pago correspondiente a noviembre de 2006, el séptimo mes de vigencia de la nacionalización, porque esa empresa es "coherente con su postura de respeto a las leyes de los países donde actúa", pero agregó que está disconforme con la reclamación del pago, según los medios locales.

La petrolera brasileña, que es la operadora de yacimientos situados en la sureña región Tarija, alegó en su protesta que el decreto de la nacionalización firmado por el presidente de Bolivia, Evo Morales, el pasado 1 de mayo, obliga a pagar el tributo adicional en un periodo de transición de seis meses, cumplido en octubre de 2006.

No obstante, el Gobierno decidió prolongar hasta marzo de este año la vigencia del 32%, mientras no entren en vigor los nuevos contratos petroleros, que se encuentran en medio de un conflicto jurídico y legislativo por errores cometidos por YPFB y el Parlamento en la redacción de las leyes respectivas.

Petrobras informó a los medios que usará todas las medidas legales a su alcance para buscar una compensación a ese pago que considera indebido.

Con Venezuela y Argentina. En cuanto a las relaciones externas, el mandatario boliviano, Evo Morlaes, firmaba esta semana un acta de entendimiento con el mandtario venezolano, Hugo Chávez, que implica la adhesión oficial de Bolivia al proyecto de Banco del Sur auspiciado por Venezuela y Argentina. El acto se llevó a cabo en presencia del presidente de la Asamblea Popular de Cuba, Ricardo Alarcón, y de representantes de movimientos populares, indígenas y campesinos bolivianos.

Chávez, acérrimo defensor del banco, declaraba que el capital inicial de la entidad, resultado del aporte de un porcentaje de las reservas internacionales de las naciones integrantes, se utilizará en la financiación de proyectos de crecimiento. Según el mandatario, el Banco del Sur, "un banco con justicia", comenzará su andadura con un capital estimado en "unos 5.000 millones de dólares (3.804 millones de euros), dinero que en poco tiempo se incrementará".

Uno de los primeros beneficios que Bolivia sacará de su adhesión al proyecto, según el mandatario venezolano, será la financiación "si no es todo, por lo menos una parte" de un proyecto de infraestructura para unir por carretera el norte de Bolivia con el Pacífico a través de Perú.

Por otra parte, el embajador de Venezuela en Bolivia, Julio Montes, ha manifestado que la intención de los fundadores es que una buena parte de los países de Sudamérica se integren en el Banco del Sur.